Dos proyectos sometidos a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes proponen asignar al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) la autoridad de auditar el cumplimiento de leyes y programas de salud.
Según se discutió en vista pública, los proyectos de la Cámara 2076 y 2085 amplían las facultades del Colegio para que trabajen en conjunto con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM), adscrita al Departamento de Salud (DS).
Algunos aspectos que velarían incluyen la fiscalización de presupuestos, ejecución de servicios, utilización de recursos, suficiencia de personal y de tratamientos, sistemas de credencialización, procesos de licenciamiento, manejos de querella y procedimientos fiscalizadores.
El presidente del CMCPR, Carlos Díaz Vélez, sostuvo que los esfuerzos de auditoría incluirían asegurar que las leyes establecidas por la Asamblea Legislativa hayan sido ejecutadas y analizar si han alcanzado los logros propuestos.
“No se ha usado el Colegio en su máxima expresión. [El CMCPR] Tiene especialización para que esta ley se lleve a cabo. Abre paso a algo innovador, de participación ciudadana, que es lo que queremos como Gobierno, que se inserten los entes comunitarios, que son los que están cerca al país”, declaró.
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El proyecto 2085 también propone la creación de un fideicomiso dirigido al mejoramiento de la práctica de medicina, que recibiría aproximadamente $1.5 millones, provenientes del presupuesto de Salud. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se opuso a esta asignación y propuso que se usara esta cuantía para fortalecer la JLDM. Sugirió, en cambio, que se nutra de aportaciones privadas o de “grants” federales.
“Desde una perspectiva presupuestaria consideramos que el impacto fiscal sería sustancial y en estos momentos no podemos certificar la disponibilidad de fondos para su implementación”, establece el memorial explicativo de la OGP.
La presidenta de la Comisión de Salud, Sol Higgins Cuadrado, aludió a que los fondos en exceso que recibe la JLDM por pagos a certificaciones y licencias, entre otras disposiciones, — que se depositan en un fondo especial estatal para uso exclusivo de la organización — podrían ser redistribuidos al fideicomiso propuesto para fines de estas medidas.
No obstante, el representante de la OGP, Edgar Martínez, explicó que el uso de los excedentes no está autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a menos que se apruebe tras ser solicitado. “El hecho de que la legislación establezca que todo va a estar destinado a una sola cosa, si no es cónsono en el presupuesto de fondos especiales estatales, no se puede utilizar. Haría falta un planteamiento a la junta o un ejercicio de reprogramación presupuestaria”, añadió.
Higgins Cuadrado también mencionó que otras oposiciones concernientes a la asignación de fondos al CMCPR es porque se reconoce como una entidad privada, lo que Díaz Vélez rechaza por haber sido establecido mediante la Ley 77 de 1994.
Asimismo, la Oficina del Contralor, que sometió un memorial explicativo, criticó que ambas medidas carecen de especificidad en cuanto a las facultades que se asignan al CMCPR y manifestó que no necesariamente cuentan con los conocimientos necesarios para realizar auditorías de cumplimiento.
También sostuvo que, tras la determinación de inconstitucionalidad para la colegiación compulsoria por el Tribunal Supremo, el Colegio no cuenta con jurisdicción sobre profesionales de medicina, lo que puede presentar problema de “índole constitucional”.
La OGP también recomendó que se consulte el presupuesto tanto con el DS como con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) porque debe ser cónsono con el área de salud y el Plan Fiscal, respectivamente.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.