Esa fue la pregunta que en 1989 le hizo un congresista al entonces gobernador Rafael Hernández Colón en medio de unas vistas congresionales sobre el estatus de Puerto Rico. Se trataba del proceso Bennett Johnston, llamado así por el nombre del congresista que impulsó la discusión. En aquel momento era el avance más importante que se había logrado en el tema del estatus de Puerto Rico, ya que el liderato político local se había unido para hacerle un reclamo a la metrópoli. En aquella vista, ante las de los congresistas, a los deponentes no les quedó de otra que reconocer que la soberanía de Puerto Rico se encontraba precisamente allí: en el Congreso de Estados Unidos.
Aquella pregunta, que no era nueva, pero sí marcó un momento importante, sigue teniendo vigencia y es la interrogante que deberá, en el fondo, responder la jueza Laura Taylor Swain cuando atienda la demanda que presentó esta semana la Junta de Control Fiscal en contra del gobernador Ricardo Rosselló. Ya la respuesta la ha gritado Washington a los cuatro vientos, en varias instancias, siendo una de las más recientes el caso Sánchez Valle, por vía del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero parecería que queremos que nos la repitan una y otra vez.
En este caso, la respuesta en esa dirección probablemente vendrá, aunque —en un juego de pie interesante— la administración Rosselló no ha impugnado la supremacía de la Junta y de la Ley PROMESA, sino un aspecto técnico del plan fiscal aprobado en marzo. Aseguran que la reducción de jornada laboral a los empleados públicos se incluyó como una “recomendación” en un anejo del plan fiscal, no en el documento principal aprobado en Nueva York. Sin embargo, en aquel momento, los representantes del Gobierno puertorriqueño reconocían los remedios dramáticos, si no se cumplía con las expectativas delineadas por la Junta.
Esta semana, la administración Rosselló buscó un acuerdo para no tener que llegar al tribunal, por los riesgos que eso representa. Y es que, aunque para el discurso ideológico pro estadidad es conveniente otro “tutazo” a la colonia, no les conviene, en el contexto político-electoral, que el puesto del gobernador pierda más legitimidad tan temprano en el cuatrienio.
Sin embargo, a la Junta sí le conviene un espaldarazo de la jueza Swain para que las reglas de juego estén claras en lo sucesivo. Los continuos cuestionamientos a su poder y autoridad atentan contra la encomienda que le dio Washington a través de la Ley Promesa. Ya lo dijo José Carrión, presidente de la Junta, al finalizar la última reunión pública, cuando señaló que era bueno que el Tribunal lo aclarara todo. Si el Tribunal le da un repaldo total a la Junta, al Gobierno de Puerto Rico se le hará muy difícil administrar la cosa pública en lo que resta de este “período especial” proyectado para al menos 10 años más. Carrión y los juntistas necesitan ese apoyo judicial porque su gestión ya les está poniendo en entredicho ante sus superiores en la metrópoli.
Si lo que ocurre es una decisión salomónica de Swai, o un acuerdo a última hora fuera del tribunal en el que se descarte por parte de la Junta el proyectado déficit de $218 millones en recaudos para este año fiscal, entonces seguirá el mismo julepe año tras año.
¿Dónde radica el poder? Esta es y seguirá siendo la pregunta fundamental que necesitamos resolver, probablemente antes de cuadrar nuestra chequera, porque sigue siendo como ese zumbido molestoso del mosquito en el oído, que no nos deja pensar con claridad.
Y hablando de Hernández Colón, esta semana la mayoría parlamentaria habla de elevar a rango constitucional la autonomía municipal para, a largo plazo, garantizar la salud fiscal de los Gobiernos locales. Esta es una de esas cosas que debieron haberse hecho hace mucho tiempo, específicamente cuando en 1991 se aprobó la Ley de Municipios Autónomos. En aquella ocasión se minimizó la idea argumentando que se trataba de la afinidad del entonces gobernador con España y sus comunidades autónomas, y con el interés por inyectarle dinero a su natal Ponce. Hoy ya es una idea romántica añorada que no resuelve la situación inmediata.
