La Contraloría de Puerto Rico reveló el miércoles, que en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) se despachó combustible a personas privadas y entidades no autorizadas por 15,171 dólares tras el paso del huracán María.
Del 23 de septiembre al 25 de octubre de 2017 se realizaron despachos al contratista que administra el Tren Urbano, a personas privadas en vehículos privados y a empleados de la Autoridad de Carreteras, del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y de la Autoridad de Transporte Marítimo.
Además, la AMA despachó gasolina a vehículos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y de la Policía de Puerto Rico, no autorizados por la Resolución de Emergencia 2017-30A que facultaba el despacho de combustible a los vehículos del DTOP y agencias adscritas.
Estos hechos, contrarios al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución, pudieron haber configurado los delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicio públicos, certificaciones falsas y perjurio, entre otros. La Constitución establece que sólo se dispondrá de las propiedades y de los fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y, en todo caso, por autoridad de ley.
Estas situaciones se atribuyen a que el entonces presidente y gerente general de la AMA y el director y los oficiales de la Oficina de Seguridad Interna, se aprovecharon de sus puestos para permitir a personas y entidades privadas obtener beneficios no permitidos por ley y la reglamentación aplicable.
Estos hechos se refirieron al Departamento de Justicia Federal, al Inspector del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, al secretario del Departamento de Justicia, y al director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, para que tomen las medidas que estimen pertinentes.
El Informe especial señala también que la AMA emitió 19 facturas por 84,024 dólares a las entidades cuyos vehículos se abastecieron de combustible, y al 16 de abril de 2018, solo había recibido el pago de ocho facturas por 30,000 dólares.
El presidente y gerente general de la AMA certificó a los auditores de la Contraloría que no existen registros de entrada y salida de personas y vehículos de los puestos de despacho, aunque la compañía de seguridad privada y oficial de Seguridad Interna indicaron que siempre había que completar el Registro de Visitantes. Además, certificaciones del presidente de la AMA y del secretario del DTOP, indicaron que no autorizaron el abastecimiento de combustible para uso personal de sus empleados, a pesar de que los oficiales de Seguridad Interna declararon bajo juramento que verificaban la lista de personas y vehículos autorizados antes del despacho de combustible.
El informe devela múltiples irregularidades en el Registro de Despacho de Combustible como: el registro de un contratista del Tren Urbano como empleado, tres personas con números de licencia que no le pertenecían, o despachos de combustibles a tanques externos para generadores eléctricos.
El Informe recomienda a la presidenta y gerente general de la AMA a realizar gestiones de cobro por $14,704 al contratista que administra el Tren Urbano y tomar las medidas administrativas que correspondan, entre otras.
Este Informe Especial del 1 de febrero de 2020, está disponible www.ocpr.gov.pr.
