Empleados del Departamento del Trabajo que actualmente devengan $1,200 mensuales ganarían el doble. Serólogos forenses, por su parte, cobrarían entre $100 y $200 adicionales. Los biólogos del Departamento de Recursos Naturales, así como técnicos de asistencia del Departamento de la Familia, verían incrementos de $1,000 al mes.
Los anteriores son solo algunos de los incrementos que podrían beneficiar a los servidores públicos a partir de enero de 2023, cuando debe entrar en vigor el plan de clasificación y retribución uniforme de la rama ejecutiva, un documento que aplicará a cerca de 45,000 empleados de carrera en unas 66 agencias del gobierno central.
La directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno (Oatrh), Zahira Maldonado Molina, aclaró que el documento, que se publicaría hoy en el portal de la agencia, es de carácter preliminar, toda vez que aún tiene que ser afinado y recibir el aval definitivo de la Junta de Control Fiscal (JCF).
Sin embargo, aseguró que las escalas salariales empleados públicos, bajo ninguna circunstancia, serán menores a lo dispuesto en el borrador.
“Este es el punto de partida. Vamos a trabajar de aquí para arriba”, sostuvo la funcionaria en una rueda de prensa, al agregar que “ningún empleado” sufrirá una rebaja en su sueldo como consecuencia del nuevo plan de clasificación y retribución.
La elaboración de un plan de clasificación y retribución era una de las tareas principales que se le delegaron a la Oatrh desde su creación en 2017. De acuerdo con Maldonado Molina, la agencia ha trabajado en el documento actual desde 2019, que debe sustituir los 176 planes de clasificación que existen bajo la antigua Ley 184 de Recursos Humanos del gobierno.
“De más de 24,000 clases de puestos, (en el nuevo plan) se ha reducido a casi 1,600″, detalló la funcionaria.
En síntesis, el plan busca que empleados con funciones similares en cualquier agencia cobren salarios idénticos, lo que evitaría que unas dependencias tengan dificultades de reclutamiento al ofrecer sueldos más bajos que otras, al tiempo que se facilitaría la movilidad laboral que debía fomentar la Ley del Empleador Único de 2017.
Como parte de los acuerdos con la JCF incorporados al plan fiscal enmendado en enero, el mes entrante comenzará a ejecutarse un plan piloto en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en la que ciertos empleados de áreas de informática y contabilidad recibirán un ajuste salarial.
La proyección de la JCF es que ese plan piloto en Hacienda y OGP tenga un costo de $12 millones en lo que resta del año fiscal 2022. Para el año fiscal 2023, en el que las escalas aumentarían en enero en el resto de las 66 agencias, el costo sería de $66 millones, mientras que para el 2024 –con las escalas implementadas desde el inicio del año fiscal–, asciende a $132 millones.
Los $132 millones, a su vez, se desglosan en unos $83 millones para aumentos directos a los empleados, $16 millones para “ajustes de mercado” en las posiciones que lo requieran y $33 millones para trabajadores de nuevo reclutamiento.
A preguntas de los medios, Maldonado Molina rechazó ofrecer un estimado de la cantidad de empleados que, en última instancia, verán un aumento salarial producto del nuevo plan de clasificación y retribución, aduciendo que el documento no es final.
Aunque el plan fiscal enmendado en enero descartó que las nuevas escalas salariales se implementaran de manera escalonada en las agencias –como disponía la versión de abril de 2021–, las agencias sí deberán poner en práctica métricas de asistencia que aseguren que solo se pagará a los empleados que, en efecto, asistan a sus trabajos.
Tan solo por este concepto, la JCF proyecta ahorros que rondarán los $50 millones desde el año fiscal 2024.
Pese a dicho cálculo, la jefa de la Oatrh rehusó decir si esto evidencia una crisis de ausentismo en el aparato gubernamental.
“Son proyecciones”, se limitó a decir Maldonado Molina.
En el Departamento de Educación –agencia que no está cubierta por el nuevo plan de clasificación y retribución– se implementó un ponchador digital en marzo de 2021 y, de acuerdo con el plan fiscal certificado, ya ha generado ahorros de $19 millones. Según Maldonado Molina, para enero de 2023, el 87% de los empleados públicos –incluyendo los de Educación– estarán sujetos al cumplimiento de métricas de asistencia.
La directora de la Oatrh no quiso estimar cuándo el plan estaría aprobado de manera definitiva, al subrayar que es un documento “dinámico”, pero señaló que el plan fiscal establece unas metas particulares para las distintas agencias.
Por ejemplo, para mayo de este año, se deberá evaluar el funcionamiento del plan piloto en OGP y Hacienda, al tiempo que se comienza el trabajo para la implementación en el resto de las agencias. En diciembre, la propia JCF revisará si el piloto cumplió con todas las métricas, lo que daría paso a que en enero se ponga en práctica a nivel general.
A preguntas de Metro, Maldonado Molina señaló que la Oatrh también debe elaborar un plan de clasificación y retribución separado que atienda las compensaciones de los empleados de confianza, un área que por décadas ha recibido críticas de múltiples sectores ante los elevados sueldos que típicamente devenga el personal en esas posiciones con relación a los trabajadores de carrera.
Según la funcionaria, ese plan se desarrollará “más adelante”, aunque no precisó fecha ni si, en ese caso, habría apertura para considerar recortes respecto a los salarios actuales.
