La Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) rechazó hoy, jueves, un proyecto que busca permitir que todo empleado o empleada que haya alcanzado 25 años de servicio y padezca de alguna enfermedad crónica pueda acogerse al Plan de Retiro Incentivado.
El Proyecto de la Cámara 1035 – presentado por los representantes Domingo Torres García y
Jesús Manuel Ortiz González – propone que se enmiende la Ley del Programa de Retiro Incentivado (Ley 80-2020) y la Ley Administración de Seguros de Salud (Ley 72-1993), con el fin de incluir a estos trabajadores como beneficiarios del Plan de Salud del gobierno.
La ASR señaló en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales que no puede avalar la medida, pues no es posible realizar enmienda alguna a la Ley 80 luego de que a finales del año pasado el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico dictaminó dejar sin efecto el estatuto por resultar ser incompatible con el Plan Fiscal y las disposiciones de la Ley Promesa.
“Ahora bien, como parte de las alternativas que se estén discutiendo con la JSF para la implementación de un programa de retiro incentivado, ASR podrá considerar incluir la elegibilidad de aquellos empleados que alcancen ciertos años de servicio en el sistema, y que padezcan de alguna enfermedad crónica que les impida desempeñarse en su lugar de empleo, sujeto a que se considere el impacto fiscal de tal integración”, expresó Nelson Vélez Colón,
director legal de la agencia.
La Administración de Seguros de Salud (ASES) igualmente mostró reparos con la pieza legislativa al opinar que es necesario realizar un estudio mediante el cual se establezcan varios aspectos fundamentales, como la cantidad de empleados con los requisitos establecidos y que serán elegibles para acogerse al retiro; las condiciones crónicas que padecen; pensión a la cual tendrán derecho y costo aproximado de tratamiento para las distintas condiciones crónicas, entra otra información.
ASES señaló que estos trabajadores se estarían retirando previo a cumplir con los años de
servicio requeridos para jubilarse, por lo que no recibirán los beneficios bajo el programa
federal de Medicare. Por tal razón, el impacto de esta cubierta tendrá que ser sufragado con
fondos estatales.
“Yo he recibido personas en mi oficina con tanques de oxígeno que, sin duda alguna, ya no
están para estar en el área de trabajo. He recibido personas que han pasado por diferentes
situaciones cardíacas, diálisis, pacientes que han pasado por situaciones de cáncer metastizado, pero todavía tienen que estar allí porque no se pueden retirar”, manifestó Torres García, quien preside la comisión cameral.
“Reconozco la situación económica de nuestro país… pero yo creo que hay que hacerle justicia a estas personas. Hay que permitirles el paso, y tal vez el tiempo que les quede de vida ellos puedan pasarlo de calidad en sus casas y no en las oficinas gubernamentales pasando las diferentes situaciones que allí se viven día a día”, abundó el legislador popular. Mientras, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) distinguió que “el espíritu que promueve el proyecto es loable”, pero que los cambios propuestos tendrán un impacto presupuestario que la agencia no puede cuantificar hasta tanto no se identifiquen fuentes de fondos para sufragar la inclusión de este grupo al Plan de Salud.
La oposición de la OGP en discutir el impacto presupuestario – particularmente en la enmienda a la Ley 72 – ocasionó el disgusto de Torres García, quien requirió que la agencia presentara alternativas que podrían implementarse para enmendar la Ley 80.
“Para mí es inaceptable que funcionarios de las agencias del Ejecutivo puedan presentar una ponencia, se sienten, hagan su alocución, y todo el tiempo están en la negativa. Aquí estamos para buscarle soluciones a nuestro país. De lo contrario, seguirán los empleados en la calle y se seguirán sumando”, impugnó el representante.
“Yo creo que la OGP puede sentarse en las conversaciones como muy de manera proactiva se
sentó la Junta de Retiro y se sentó ASES. Vamos a buscarle las soluciones y posibilidades al
proyecto”, procuró.
La ASR informó que se encuentra en conversaciones con la JSF para identificar un grupo de 1,500 trabajadores no esenciales que pudieran acogerse a los beneficios de la Ley 80 como parte de una primera fase del plan de retiro incentivado. Tras aprobarse el estatuto, la ASR identificó un aproximado de 10,000 personas que cualifican al plan, pero la Junta argumentó que esta cantidad podría dejar al gobierno inoperante.
De igual forma, la OGP aseguró que intenta establecer acuerdos con el ente fiscal para “implementar el propósito de la ley” mediante una nueva legislación. “Hay acuerdos para implementar el propósito, no la ley. Inducimos en error si decimos que se va a implantar la Ley 80. Sí se están haciendo ejercicios con los propósitos que buscaba”, dijo Jonathan Soto, ayudante especial de la OGP.
Sin embargo, Torres García puntualizó al concluir la vista que la recomendación de la Junta no es crear un nuevo proyecto, sino enmendar el estatuto para implementarlo de manera parcial.
