La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) urgió al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, José Luis Dalmau y Rafael Hernández Montañez, respectivamente, a tomar acción ante la falta de acceso público a las playas del hotel Dorado Beach.
La organización dedicada a la protección de los derechos civiles, constitucionales y humanos envió una carta a los funcionarios electos en la que hace un recuento sobre un incidente ocurrido el pasado 1 de febrero durante el cual personal del Dorado Beach impidió el acceso de un grupo de personas a la playa.
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“El 1 de febrero de 2022, ACLUPR intentó conseguir a las playas del Dorado Beach junto a la reportera de Noticentro 4, Maritza Cañizares y la asambleísta municipal de Dorado, Yamira Colón. Luego de caminar por cerca de 20 minutos por la arena del balneario, tanto la reportera como la asambleísta municipal solicitaron acceso a las playas del hotel Dorado Beach (Ritz Carlton) y el jefe de seguridad del hotel, identificado como Pedro Rosario, les negó dicho acceso”, lee la misiva con fecha del 8 de febrero de 2022.
ACLU indicó en la carta que la visita a lugar se produjo luego de denuncias del excandidato a la gobernación Eliezer Molina junto a otros ciudadanos, quienes para lograr acceso a la playa tuvieron que trepar por rocas y meterse al mar, “poniendo en riesgo su seguridad e integridad física”.
DORADO BEACH ADVIERTE A SUS SOCIOS SOBRE MANIFESTACIONES
La organización denunció que durante su visita al lugar cerca de 15 empleados del hotel utilizaron carritos de golf para impedir que las personas utilizaran la zona marítimo terrestre para llegar de forma segura a las playas de la zona. Aseguraron que el jefe de seguridad de la hospedería insistió en no reconocer una servidumbre de acceso a las playas y reclamó que las veredas de acceso son propiedad privada, por lo que el único acceso a la playa es a través del mar y las rocas.
“Como consecuencia de ello, la reportera no pudo llevar a cabo su labor de informar, afectándose el derecho a la libertad de prensa y de acceso a la información; el derecho al disfrute de las playas [...]. La intención de los propietarios y la gerencia del hotel de obstaculizar el acceso a las playas públicas de Dorado infringe también las disposiciones de la ‘American with Disabilities Act’”, planteó la ACLU.
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El organismo advirtió que las barreras creadas por el hotel como rocas que impiden el paso de las personas han contado durante décadas con el “consentimiento tácito y/o expreso del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
“Ha llegado el momento de tomar acción contra estas prácticas indeseables. Es por ello que los invitamos a remediar esta situación, llevar a cabo una inspección ocular en el lugar, delimitar la zona marítimo terrestre, permitir una servidumbre de acceso para el pueblo a las playas, que son públicas, y decretar la nulidad de cualquier permiso otorgado a entidades privadas sobre bienes costeros de dominio público”, concluye la carta a Pierluisi y los presidentes legislativos.
