El alcalde de Dorado, Carlos López, se mantuvo al margen de las denuncias sobre la falta de acceso a las playas en la zona del hotel Dorado Beach y aseguró que su administración vela por que los desarrollos cumplan con las leyes aplicables.
López no comentó sobre las alegaciones de varias organizaciones y ciudadanos en el sentido de que el personal de seguridad de la hospedería impide el acceso a las playas a través de la zona marítimo terrestre.
En unas breves expresiones escritas, el alcalde reconoció que las playas son públicas al tiempo que se expresó en contra de que se violente “la calidad de vida de los ciudadanos”.
“Hace más de seis décadas que las costas en jurisdicción de Dorado no han sido cambiadas. La política pública de este municipio establece que las playas son públicas. Tanto en el pasado como en el presente hemos velado por que los desarrollos sean ambientalmente amigables y en cumplimiento de la leyes y reglamentos establecidos en nuestra isla. La Administración Municipal siempre ha defendido la calidad de vida, la sana convivencia y los empleos de todos y cada uno de los doradeños. El pueblo y la Administración Municipal no reconocen ninguna contrariedad con el disfrute de nuestros recursos naturales. No obstante, violentar la calidad de vida de los ciudadanos, no es negociable, ni permisible. Hacemos un llamado a que el respeto y el orden permanezcan como hasta ahora en suelo doradeño”, dijo López.
En días pasados, La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) urgió al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, José Luis Dalmau y Rafael Hernández Montañez, respectivamente, a tomar acción ante la falta de acceso público a las playas del hotel Dorado Beach.
ACLU indicó en la carta que la visita a lugar se produjo luego de denuncias del excandidato a la gobernación Eliezer Molina junto a otros ciudadanos, quienes para lograr acceso a la playa tuvieron que trepar por rocas y meterse al mar, “poniendo en riesgo su seguridad e integridad física”.
El organismo dedicado a la protección de los derechos civiles, constitucionales y humanos urgió que lleve a cabo una inspección ocular en el lugar, se delimite la zona marítimo terrestre y se permita una servidumbre de acceso para el pueblo a las playas.
