Los fiscales independientes a cargo de la investigación en contra del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, tendrán hasta el 6 de abril para completarla.
Según una resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), con fecha del pasado 14 de febrero, le concedió 50 días para culminarla.
El panel del #FEI le acaba concedió 50 días adicionales a los Fiscales Especiales para que culminen la investigación contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Tienen hasta el 6 de abril de 2022.#Fiscalización pic.twitter.com/qJeTCA5Hbt
— José Enrique Meléndez (@QuiquitoMelende) February 16, 2022
El pasado noviembre el PFEI designó a Miguel A. Colón como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón como fiscal delegada, para investigar posibles actos contrarios a la ley atribuidos al alcalde de Mayagüez.
En su resolución en Panel incluyó para investigación a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín, por actos que presuntamente suponen incumplimiento en su deber como funcionaria pública.
Para entonces, según prueba del Departamento de Justicia (DJ) existe la posibilidad de que Rodríguez y Valentín hayan incurrido en infracciones al Código Penal en sus artículos sobre Omisión en el Cumplimiento del Deber y Malversación de Fondos Públicos. También se señala posible violación a la Ley de Ética Gubernamental.
La investigación preliminar por parte del DJ comenzó con un referido del representante José E. Meléndez tras una intervención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) relacionada con transacciones sobre bienes pertenecientes al Municipio de Mayagüez.
La investigación de Justicia apunta a que entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.
