Ayer se celebró una vista pública en la Cámara de Representantes para discutir el Proyecto de la Cámara 1114, de la autoría de Estrella Martínez Soto, el cual busca establecer que todas las casas y comercios en Puerto Rico que tengan servicio de gas licuado cumplan compulsoriamente con una inspección de los envases y líneas de gas licuado, a los fines de evitar incendios y explosiones como las que se han registrado en Puerto Rico con relación al uso de gas licuado en residencias.
La medida cuenta con el aval de el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos de Puerto Rico (NTSP), por medio de su presidente Jaime Lafuente González.
“Ayer el compañero presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, presidió una vista pública de la medida 1114, para facultar al al Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) a fiscalizar la instalación y mantenimiento de tanques de gas licuado de 100 libras o mayor capacidad. Esta medida que radiqué en diciembre pasado, está fundamentada en una grave preocupación de seguridad, basándose en eventos recientes que hemos visto que, incluso, han costado vidas. Hay una preocupación genuina en términos de la operación del gas licuado”, expresó Martínez Soto a través de un comunicado de prensa.
En la vista, el NTSP endosó la medida al señalar que la reglamentación aplicable a la agencia tradicionalmente ha excluido la fiscalización previa y posterior a la instalación de gas en las residencias.
Por su parte, el inspector East Pagán, subdirector de la División de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos, informó que en el 2021 se reportaron 398 incidentes relacionados con gas licuado. Esta cifra incluye eventos menores, como emanaciones de gas.
“Por ejemplo, una persona llama y dice que hay un olor a gas, sale un personal a verificar el área para ver si hay alguna situación, pero no necesariamente son incidentes que conlleven heridos ni fatalidades”, explicó el inspector.
“Lo que se ve en la mayoría de los casos es mal manejo por parte de las personas. En cuanto a instalaciones, muchos de los casos que se ven es por descuido, dejan equipo encendido, sin encender el piloto, y se acumula el gas hasta que consigue la fuente de emisión”, agregó.
Según el presidente Jaime Lafuente González, el NTSP se ha encargado de supervisar principalmente la instalación de gas comercial porque representa un riesgo mayor por la cantidad de producto que maneja.
Lafuente indicó que para cumplir con la propuesta legislativa, la agencia necesita un mayor presupuesto que permita reclutar más agentes de inspección.
“Ya el NTSP sometió a la Junta Reglamentadora de Servicio Público la cantidad de agentes que necesitan adicionales para reforzar ese rol de fiscalización. El presupuesto sería para reclutar y adiestrar”, señaló Martínez Soto.
En la vista, Lafuente González aseguró que el NTSP lleva a cabo una campaña de orientación sobre el uso de tanques de gas licuado en las residencias ante los recientes incidentes alrededor de la isla, debido a que, según el Negociado del Cuerpo de Bomberos, la mayoría de los accidentes en hogares ocurren por mal manejo de las personas.
De la vista participó además el presidente de San Juan Gas Corp., Ramón González, quien detalló la necesidad de reforzar la educación hacia el consumidor, “pues cada persona debe exigir que el personal que acuda a su hogar para completar una instalación esté debidamente certificado y autorizado”.
En Puerto Rico hay unas 300 empresas certificadas para brindar servicios relacionados con el gas licuado, que van desde la importación hasta el distribuidor al detal que visita la residencia. Los técnicos de gas de estas franquicias igualmente son certificados por el NTSP para trabajar con materiales peligrosos. El empresario González estimó que en cada municipio de Puerto Rico hay de cuatro a seis distribuidores de gas a domicilio y que un 70 por ciento de la población en Puerto Rico tiene algún tipo de instalación de gas en sus residencias.
“Para esta servidora, como presidenta de la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e industria de Seguros, es crucial que aprobemos esta propuesta 1114 y que sea convertida en Ley. Todo lo que sea para proteger vida y propiedad es prioritario”, finalizó Martínez Soto, quien representa el distrito 27 de Aibonito, Coamo, Juana Diaz, Santa Isabel y Salinas.
