El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se reunirá mañana con integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) para discutir el estado de las negociaciones para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), unos días después de que los bonistas de la corporación pública sentaran la bases para elaborar un plan de ajuste que no requiera intervención legislativa.
Hernández dijo hoy a periodistas en el Capitolio que aún no ha definido su postura en torno a la solicitud de los acreedores, para lo que esperará a reunirse con la JCF y a sostener un caucus con la delegación popular este sábado.
“El ambiente sobre el tema energético es un tema controversial. No es un tema que se pueda atender solo, tiene muchos elementos externos que afectan la decisión, como la implementación de la alianza público privada (APP) de Luma. En el camino hay varias APP que se están analizando para la generación y hay un debate de diferentes posiciones”, dijo Hernández.
Los representantes de la JCF, señaló Hernández, “van a presentar su propuesta. No vamos a debatir ahí frente a la Junta ni entrar en un análisis. El sábado vamos a hacer un caucus mediante videoconferencia. Vamos a analizar todos los elementos legales, procesales, desde el punto vista de acción legislativa, (si acudir a los) tribunales o no… Desde el punto de vista de aprobación de legislación, resolución, cuáles son las acciones que vamos a tomar, las vamos a discutir el sábado”.
Su homólogo senatorial, José Luis Dalmau, manifestó por separado que cualquier acuerdo definitivo de los acreedores con la JCF debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa, de manera similar a lo que ocurrió en pasados meses con el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) del gobierno central.
“Mi postura es que debe pasar cualquier tipo de evaluación de está índole por la Asamblea Legislativa, que es la mayor representatividad y del pueblo, y que tendría que avalar o no ese tipo de decisiones porque compromete al país completo. Estaremos expresándonos en el tribunal como corresponde con nuestros abogados”, sostuvo Dalmau.
No al “impuesto al sol”
Hernández, por su parte, aseguró que, independientemente del rol que juegue la Legislatura en la confirmación del PAD de la AEE, la imposición de un cargo especial a los prosumidores que generan energía producto de fuentes renovables no procede bajo las leyes vigentes.
“Aquí no hay que legislar nada. Pero como tenemos que reunirnos y van a haber planteamientos procesales de cuáles son las acciones, no estoy en posición para hacer los planteamientos. Bajo el estado de derecho a actual es ilegal cualquier mecanismo que menoscabe el derecho del consumidor a accesar energía renovable”, planteó el líder cameral.
El acuerdo de apoyo a la reestructuración –documento que debe servir como base para el PAD– dispone un cargo de transición que comenzaría en 2.7 centavos por kilovatio hora y ascendería, a lo largo de las próximas dos décadas, hasta 4.5 centavos, que aplicaría a los clientes conectados a la red central que posean un equipo de generación propia.
La deuda de la AEE asciende a cerca de $9,000 millones.
Como parte de la moción urgente que sometieron el pasado viernes en la que aludieron a la posibilidad de desarrollar una reestructuración sin intervención legislativa, el grupo de Bonistas Ad-Hoc propuso un calendario para la confirmación del PAD.
Según la propuesta, la JCF debería someter el PAD para el 15 de abril, acompañado de su Declaración Informativa. La jueza Laura Taylor Swain, a su vez, aprobaría la Declaración Informativa para el 15 de junio y la JCF distribuiría las boletas de votación a las clases de acreedores, que deberían ser devueltas en o antes del 15 de septiembre.
El tribunal, entonces, tendría hasta el 15 de octubre para considerar la confirmación del PAD y, de ser avalado por Swain, la consumación de la reestructuración debería completarse para el 30 de noviembre.
Swain, en su orden posterior a la moción urgente de los bonistas, concedió hasta el 25 de febrero a mediodía para que las partes se expresen sobre la propuesta. Los Bonistas Ad-Hoc tendrían hasta el 28 de febrero para someter sus réplicas.
