El gobernador Pedro Pierluisi condicionó su aval a la legislación que reforma las contribuciones sobre la propiedad inmueble a que no derive en mayor responsabilidad tributaria para los dueños, como se ha especulado podría ocurrir si se retasan las propiedades al valor actual de mercado, en sustitución de las tasaciones vigentes, que datan de 1957.
“Yo siempre he estado opuesto y seguiré opuesto a aumentos contributivos, incluyendo aumentos en la contribución sobre la propiedad inmueble. Si la medida impone un aumento contributivo no contará con mi apoyo”, acentuó el mandatario.
Según Pierluisi, al momento el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se encuentra en proceso de reformar y modernizar sus procesos para maximizar su eficacia, principalmente en aras de ampliar la cantidad de propiedades en su catastro y, con ello expandir la base contributiva sin impactar a los contribuyentes actuales.
“También identificar propiedades que tienen exenciones que obtuvieron indebidamente, que eso también está en curso, y buscar la manera de mejorar sus recaudos”, dijo Pierluisi.
“En cuanto a cambiar el sistema para que funciones a base del valor actual de las propiedades, eso se puede lograr pero tiene que ser bajando la tasa que se aplica a ese valor sustancialmente, cosa de que no conlleve un aumento. La idea es estructurarlo de tal manera que no conlleve aumento pero que estemos a la altura de siglo 21, porque ese sistema actual que funciona a base de una fórmula que prácticamente nadie la entiende, los precios de propiedades de 1957, eso hay que actualizarlo”, añadió el primer ejecutivo.
El Proyecto de la Cámara (PC) 827, ya aprobado en ese cuerpo, propone situar en $180,000 –a valor de mercado presente– el tope de las exoneraciones contributivas por una vivienda principal, en lugar de los $15,000 –según las tasaciones de 1957– contemplados en la legislación vigente.
En la medida avalada en la Cámara de Representantes se dispone que las tasas de contribución básica de la propiedad inmueble se reducirían de 6% a un 0.6%, un factor de 10, para contrarrestar el impacto de la retasación de los bienes.
Asimismo, en la exposición de motivos se estipula que la “se elimina totalmente la exoneración temporera de cinco años del pago de propiedad inmueble que tanto daño ha causado a las arcas municipales”. Los dueños, además, tendrían que certificar cada dos años que la vivienda sirve como su residencia principal y, por lo tanto, es elegible para exoneración del impuesto a la propiedad.
“La Junta de Gobierno del CRIM podrá ajustar las tasas y las exoneraciones para garantizar que el impacto sea neutral para la ciudadanía”, añade en su introducción la pieza legislativa, que busca enmendar un artículo de la Ley Notarial, otra sección del Código de Incentivos y decenas de artículos del Código Municipal relacionados con la propiedad inmueble.
“Es un ejercicio matemático el que hay que hacer. Básicamente sacar la cuenta de cuánto sería el alza promedio de las propiedades y entonces establecer una tasa mucho menor de la actual, a base de ese sistema que usa valores de 1957. Es una fórmula rarísima que nadie entiende”, dijo Pierluisi sobre el modelo vigente, aunque recordó que la junta directiva del CRIM –compuesta por alcaldes– y representantes de la banca hipotecaria se han opuesto al PC 827.
El proyecto, según el portal de trámite legislativo, fue aprobado en la Cámara baja el 18 de junio de 2021, mientras que en el Senado tuvo una vista pública ante la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda el 27 de octubre pasado.
En la mañana de hoy, la Federación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes novoprogresistas, se expresó en contra del PC 827.
“El cambio de valoración contributiva a valor del mercado debe ser estudiada con detenimiento para conocer su impacto en los recaudos municipales y se debe hacer de manera responsable. En el 2020, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó al CRIM un análisis de impacto sobre las contribuciones ante un cambio de paradigma contributivo de propiedad inmueble a valor mercado y esto se estará rindiendo para comienzos del próximo año fiscal por lo que entendemos que es prematuro la radicación de este tipo de medida”, dijo el presidente de los alcaldes federados, Gabriel Hernández.
“Toda consideración sobre el Proyecto de la Cámara 827 debe estar enmarcada dentro de la garantía de que no se le subirán contribuciones a la gente. En momentos donde la inflación acecha nuestra economía y se avecinan aumentos en el costo de vida, no debemos recurrir a impuestos para aumentar recaudos del gobierno o de los municipios”, expresó hoy por escrito el senador popular y exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza.
“En principio estoy de acuerdo con una reestructuración del CRIM y en un cambio del modelo anticuado e impredecible del cálculo de la contribución sobre la propiedad inmueble. Es precisamente este tipo de discusiones que se deben propiciar en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, esa discusión requiere el debido análisis económico para validar que el cambio no repercutirá en un aumento al impuesto sobre la propiedad”, agregó el legislador, al instar al liderato legislativo a esperar por que “concluyan los análisis económicos necesarios”.
En la Cámara, la medida fue presentada por el presidente, Rafael “Tatito” Hernández, y los representantes José Juan Santiago y Jesús Santa, presidentes de las comisiones de Asuntos Municipales y Hacienda, respectivamente.
