El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, se expresó satisfecho el miércoles, de que ya es un hecho que la deuda de Carrera Magisterial se les pagará a los educadores que desde el año 2014 dejaron de recibir su pago y tampoco se les reconocieron sus grados académicos.
“Esta lucha la llevábamos desde más o menos el 2017, desde la presidencia de la doctora Aida Díaz, y en cada foro que teníamos la oportunidad hacíamos el reclamo, tanto así que en el 2019 presentamos demanda contra el Departamento de Educación. También, fuimos a deponer a las vistas públicas y tuvimos muchas reuniones con la legislatura. Agradecemos al gobernador, a los presidentes de los cuerpos legislativos, pero en especial a la senadora Ada García Montes y a la representante Deborah Soto Arroyo, educadoras de profesión y quienes pusieron todo su empeño y corazón en lograr que este proyecto se aprobara, porque si alguien sabe lo que sufren los maestros, son ellas”, indicó Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.
Bonilla Sánchez añadió que “el camino fue largo y escabroso, pero ya los docentes están más cerca de la victoria, ya era el momento de reconocer a esos educadores que se han esmerado estudiando para obtener sus grados de maestría y doctorado. El crecimiento profesional hay que reconocerlo y premiarlo. El que le devuelvan este derecho a nuestros maestros es un triunfo colectivo de seres humanos que se dieron a la tarea de unir propósitos y con mucha voluntad hacerlo realidad”.
El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, convirtió en ley el Proyecto del Senado 573 que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado.
Además, ordena al Departamento de Educación (DE) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), identificar 4,367,736 dólares provenientes del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede al año fiscal 2014-2015 conforme a la Ley de Carrera Magisterial de 1999.
De igual forma, con esta ley el DE tendrá 270 días para realizar todo trámite, cálculo y análisis requerido para identificar y cualificar a los profesionales a los que no se les completó el proceso de ajuste salarial bajo la Ley de Carrera Magisterial. También, deberá identificar la cantidad de dinero adeudado desde el 2015 hasta el presente y luego, junto a OGP y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), precisar las eficiencias presupuestarias para cumplir con este fin.
