El panel de jueces de Primer Circuito de Apelaciones en Boston inquirió hoy sobre las consecuencias de paralizar la efectividad del Plan de Ajuste del gobierno central, previsto para cobrar vigencia el 15 de marzo, y que tres gremios magisteriales han exigido se ponga en pausa hasta que concluya la evaluación en los méritos de la apelación sometida al foro judicial.
La jueza O. Rogeriee Thompson, por ejemplo, cuestionó a la abogada de los apelantes, Jessica Méndez Colberg, por qué los maestros insisten en paralizar la implementación del Plan de Ajuste si, según alegó la Junta de Control Fiscal (JCF) por escrito recientemente, habría la posibilidad de cumplir con las aportaciones gubernamentales para su plan de pensiones sin que la reestructuración se torne inviable desde el punto de vista financiero.
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“Si la corte ordenara reinstalar el sistema de pensiones definidas, como (la JCF) afirmó en su moción, no sería práctico sin la paralización. Si se permite a la Junta continuar con la implementación del Plan no sería práctico porque consumarían el Plan, particularmente con respecto al sistema de pensiones”, planteó Méndez Colberg durante la vista oral, que se celebró mediante videoconferencia.
Posteriormente, la abogada subrayó que, para el momento en que se resuelva la apelación, el plan de beneficios definidos se habría “disuelto” de no detenerse antes del 15 de marzo, toda vez que los docentes no estarían acumulando beneficios en el ínterin.
Thompson, quien fue la jueza más activa del panel durante la sesión de 73 minutos, sugirió que cabría la posibilidad de reponer esas pérdidas monetariamente si los maestros salieran airosos, a lo que Méndez ripostó que sería muy difícil “deshacer” las acciones que a ese punto se hubieran tomado para poner el Plan de Ajuste en práctica, por lo que sería altamente probable que el recurso se tornara académico.
Méndez Colberg sí mencionó que una “paralización parcial”, en la que el Plan de Ajuste comenzara a implementarse con excepción de las disposiciones relacionadas a la congelación del retiro de los maestros, sería un “remedio equitativo” para todas las partes.
La vista de hoy se concentró en la petición de los grupos magisteriales para que se detenga la consumación de la reestructuración, ya que posteriormente se atenderá ante el mismo foro la impugnación en sus méritos del Plan de Ajuste. La Federación de Maestros, Educamos y Unete son las tres organizaciones que apelaron de manera conjunta el Plan de Ajuste, confirmado en enero por la jueza Laura Taylor Swain.
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La jueza Thompson subrayó que, en la moción de la JCF, se alude a que el peor de los escenarios sería que el Plan se “deshiciera” en caso de que la paralización provocara que los acreedores abandonaran el acuerdo y comenzaran a demandar al gobierno.
El abogado de la JCF, Martin Bienenstock, al preguntársele si mantener vivas las aportaciones patronales al plan de pensión de los maestros derivaría en despidos de docentes, reconoció que no tenía una respuesta definitiva.
“No estoy en posición de decir cómo la Junta de Supervisión distribuiría los recortes. Sí diré que tenemos una población en declive. La población de Puerto Rico era de 4 millones hace no tanto, y ya se ha reducido a 3.2 o 3.3 (millones). Ajustar el tamaño del gobierno es necesario en cualquier caso. La Junta lo ha estado haciendo hasta cierto punto por los pasados cuatro años y medio”, planteó el letrado.
La congelación que incluyó el Plan de Ajuste a los planes de beneficio definido de los educadores afecta primordialmente a los maestros reclutados antes de 2014. Los que ingresaron al sistema del Departamento de Educación luego de esa fecha aportan únicamente al plan de contribución definida establecido en la Ley 106-2017.
Aunque la JCF ha argumentado que el Plan de Ajuste podría sostenerse incluso si el gobierno tuviera que contribuir al plan de retiro de los maestros, Bienenstock comoquiera subrayó en la vista el elevado costo que supondría mantener el sistema vigente, que implica pensiones de un 75% del salario y la posibilidad de retirarse a los 55 años de edad y 30 de servicio.
“Vamos a tener que encontrar los ahorros en algún lado”, dijo, previo a enumerar una serie de cálculos en los que se fundamenta la JCF.
De acuerdo con Bienenstock, continuar aportando al plan de pensiones costaría $65 millones por tres meses, $185 millones por seis meses, $281 millones por nueve meses, $408 millones por un año y $4,700 millones por 30 años.
“El tiempo es dinero”, añadió en relación a la necesidad de concluir con el caso y dar paso a la implementación del Plan de Ajuste.
Discuten los méritos del Plan de Ajuste
Si bien la apelación del Plan de Ajuste se verá en las próximas semanas, Méndez Colberg intentó convencer a los jueces apelativos de que los maestros tienen buenas posibilidades de prevalecer en el proceso, ya que es uno de los elementos que se consideran a la hora de decidir si se concede una paralización que impida a miles de acreedores recibir los pagos contemplados en un proceso de reestructuración.
En esencia, los maestros plantean que, aunque la JCF tiene la potestad de, a través del proceso de Título III, “descargar” obligaciones del gobierno territorial, no poseen la facultad de “legislar” mediante el Plan de Ajuste reformas que afectarían los estatutos de Puerto Rico a futuro, que es lo que estaría ocurriendo con las leyes de retiro de los maestros. En ese sentido, subrayaron nuevamente que el alcance de la ocupación de leyes que se incluyeron en el Plan de Ajuste es demasiado amplia, ya que no se siguieron los lineamientos establecidos en la Ley Promesa para esos fines.
Bienenstock, sin embargo, replicó que la noción de que la JCF no puede “legislar” no es del todo correcta, considerando que el organismo ha ratificado su capacidad para imponer los presupuestos anuales, un ejercicio que, bajo la Constitución de Puerto Rico, se hace mediante el proceso legislativo.
El abogado de la JCF, además, puntualizó que el planteamiento de que el Plan de Ajuste continuaría siendo viable aunque no se congelara el retiro de los docentes no es un reconocimiento de que los apelantes cuentan con probabilidades de ganar el caso, sino un argumento para ilustrar cuán innecesario es paralizarlo en este momento.
Bienenstock admitió que los bonistas que afirmen que rechazarían una postergación de la fecha de efectividad podrían estar “amagando”, aunque a continuación sostuvo que, dado el efectivo que el gobierno ha acumulado en sus cuentas bancarias por años, pudiera ser “atractivo” para los acreedores buscar un acuerdo renegociado.
Méndez Colberg, en tanto, señaló que el propio Primer Circuito ha dispuesto un proceso expedito para atender la apelación.
“¿Realmente está en el mejor interés de los bonistas salirse de los acuerdos para quedarse con qué? ¿La desestimación del Título III y entonces demandar al gobierno cuando tienen mejores posibilidades con el acuerdo que ya tienen? Es cuestión de extender la fecha, no por un año, ni siquiera seis meses”, dijo la licenciada.
Además de Thompson, la vista oral fue atendida por el juez William Kayatta Jr., y Jeffrey R. Howard, juez presidente del Primer Circuito.
