Poco después de que el gobierno cancelara unilateralmente el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Cámara de Representantes solicitó a la Junta de Control Fiscal (JCF) que la incluya en la mesa de negociación con los acreedores donde se buscará desarrollar los nuevos parámetros para la reestructuración de obligaciones de la corporación pública.
“No vislumbramos cómo algún plan de ajuste viable pudiera implementarse sin al menos algún grado de acción legislativa. Más aun, las circunstancias presentes han cambiado significativamente desde mayo de 2019, cuando el RSA fue acordado entre las partes participantes de esa discusión. Por ejemplo, la AEE ahora es administrada por un operador privado que no ha titubeado en solicitar múltiples aumentos a la factura eléctrica en los meses que ha estado a cargo de la utilidad y muchos factores han llevado los precios del combustible fósil a cifras récord. La Cámara tiene el deber de velar por los consumidores ya afectado por la creciente inflación y costos de energía elevados”, escribió el líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández, al presidente de la JCF, David Skeel, en el día de ayer.
En la carta, Hernández pidió una respuesta de la JCF en o antes del 14 de este mes.
La misiva del presidente de la Cámara de Representantes fue anejada a una moción que sometió hoy a la jueza Laura Taylor Swain, donde se reservó el derecho de buscar una orden judicial en caso de que la JCF no incluya en las discusiones a los poderes legislativos.
En la moción, suscrita por los abogados Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escudero, Hernández puntualizó que Swain, al rechazar en la noche del martes una petición de acreedores de la AEE para que se ordenara un proceso de mediación, instruyó a la JCF a reunirse con el gobierno, los bonistas “y todas las demás partes interesadas claves cuya colaboración entienda necesaria para construir la base viable para un plan de ajuste”.
“La parte compareciente entiende respetuosamente que cualquier plan de ajuste confirmable requeriría alguna legislación habilitadora”, se indica en la moción del cuerpo, que añade que tanto el “sentido común” como el “respeto por las instituciones democráticas” dictan que la rama legislativa debe participar de las discusiones.
El RSA firmado en 2019 disponía que debía aprobarse legislación habilitadora para propósitos de atar los bonos nuevos a ciertas fuentes de recaudos, específicamente el denominado cargo de transición que se impondría a los clientes de la AEE, que habría comenzado en 2.7 centavos por kilovatio hora (kWh) y ascendido escalonadamente hasta 4.5 centavos por kWh.
Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi ejerció, en la tarde del martes, su prerrogativa de cancelar el RSA.
El martes en la noche, como parte de su orden denegando la moción de los bonistas, Swain ordenó que en o antes del 18 de marzo la JCF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal sometan una moción conjunta sobre el progreso de las negociaciones iniciales con las distintas partes, incluyendo si consideran que será necesario celebrar un proceso de mediación.
Para el 2 de mayo, en tanto, la JCF deberá someter una propuesta de plan de ajuste junto a una serie de fechas sugeridas para las distintas etapas de la confirmación, o, en caso de que no se haya avanzado a ese ritmo, un calendario sugerido para completar las fases. En la alternativa, la JCF tendría que proponer un calendario para la litigación de asuntos en controversia y una declaración y memorando de derecho que demuestre por qué el tribunal no debe desestimar el proceso de Título III de la AEE.
La AEE mantiene obligaciones de alrededor de $9,000 millones, a las que no ha abonado desde 2014, al tiempo que cuenta con un déficit actuarial de $4,300 millones con su plan de pensiones.
