Miles de residentes de las comunidades de Hatillo, Camuy, Quebradillas, Isabela, Moca y Aguadilla pudieran ser expropiados para extender a campo traviesa el expreso 22 hasta Aguadilla, por lo que este lunes exigieron que los datos sean revelados.
“En estos momentos nos es imposible identificar cuáles y cuantas comunidades serán impactadas debido a que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha mantenido oculta la información, para que los ciudadanos no se enteren. Esta es otra forma en que el Estado le impide a los ciudadanos el acceso a información pública”, advirtió Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso (CDK) en comunicación escrita.
Mencionó que hasta que se publique la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no se sabrá con exactitud cuales serán esas comunidades. “El problema se agrava por la inusitada prisa del gobierno con este el Proyecto. Los ciudadanos contarán con un periodo reducido para enterarse, informarse y poder participar del proceso, todo ello luego de tener que leer un documento técnico de cientos de páginas. El pueblo de Puerto Rico bien conoce las turbiedades que ocurren y las consecuencias cuando no se evalúan con rigor los posibles impactos sobre los sistemas naturales. Cuando secciones de la autopista comiencen a tener problemas de deslizamientos o socavones al haber sido construida sobre terrenos arcillosos del karso, los daños los pagaremos todos con nuestro dinero”, añadió.
La catedrática de Derecho, Jessica Rodriguez Martin, por su parte comparó el proceso de extensión de la PR-22 con el de la Ruta 66 ocurrido a finales de la década de los 90.
“En aquel proyecto se logró salvar a las comunidades establecidas en Rio Piedras desde el Jardín Botánico de la UPR hasta pasado el Barrio San Just en Trujillo Alto. No obstante, miles de residentes de los tramos construidos perdieron sus hogares, y una vida de años en comunidad junto a sus familias extendidas. Gente que había heredado sus solares de los padres; gente que había adquirido sus propiedades pagándolas peso a peso; que construyeron sus casas con sus propias manos y esfuerzo, fueron desalojados porque el gobierno tomó la decisión de pasarles literalmente por encima. Las familias expropiadas recibieron una cantidad de dinero insuficiente para adquirir otra propiedad por lo que fueron divididas y repartidas entre residenciales de varios municipios. Recuerdo una llamada telefónica ocurrida de madrugada en la que me comunicaron que una de las vecinas de un barrio rural de Carolina, había intentado quitarse la vida cuando fueron a despojarla de lo poco que tenía. Aquella mujer que había sido feliz en su campo cayó en tal desesperanza, que no encontraba respuestas para su futuro. Otros y sucumbieron al alcohol y a las drogas”, expresó la profesora Rodriguez Martín.
“La maquinaria pesada que se acerca a demoler viviendas, en cierta medida nos recuerdan a los tanques militares que invaden territorios. Todos los puertorriqueños amenazados por el desplazamiento merecen y tienen Derecho a saber si su propia comunidad ha sido escogida por el gobierno para que desaparezca permanentemente. El Estado lo que persigue es que las personas se enteren a última hora cuando el desenlace sería inevitable y se encuentren INDEFENSOS y sin hogar”, afirmaron los científicos ambientales.
“Lo más triste es que nada de esto ocurriría si se optara por la alternativa más económica y viable de convertir la PR-2 en expreso”, aseguraron.
Vale Nieves y Rodríguez Martin, exigieron de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vega, que revele el gran misterio de cuantas familias serán impactadas y los Barrios por afectar o desaparecer.
La pasada semana se realizó una vista pública en la Cámara en donde se informó que aún no se ha iniciado la Declaración de Impacto Ambiental para este proyecto. En cambio, se habló sobre una alternativa para construir elevados sobre la PR-2 y convertir la vía en expreso.
