El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel celebró el martes la entrada en vigor del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y aseguró que el mismo ahorra al Gobierno de Puerto Rico más de 50,000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda.
“La entrada en vigor representa un paso fundamental para dar fin a la crisis financiera de Puerto Rico. Hoy, el Gobierno de Puerto Rico pasa formalmente de la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades y crecimiento, lo que convierte el día de hoy en uno verdaderamente histórico”, expresó el presidente de la JCF, David Skeel en declaraciones escritas.
“El Plan de Ajuste abre paso hacia el crecimiento económico sostenible al eliminar la penumbra de la quiebra que han sentido, de una forma u otra, todos los residentes y todas las empresas de Puerto Rico. Ejecutar el intercambio de la deuda y completar los pagos en efectivo da fin a este doloroso capítulo para el Gobierno de Puerto Rico, aunque aún queda por resolver la deuda de otras instituciones, en particular la de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)”, añadió.
“Quiero dar las gracias a todo el personal de la Junta de Supervisión y del Gobierno por la tremenda labor que han realizado para lograr el triunfo de hoy. Completar más de 170 tareas de trabajo nos ha permitido alcanzar una reducción significativa de 33,000 millones de dólares en reclamos, crear el Fideicomiso el depositar 1,500 millones de dólares asegurar que finalmente reciban de Pensiones de 10,000 millones de dólares para preservar y proteger las pensiones, millones en cuentas de Contribución Definida de la Ley 106-2017 para los participantes de Sistema 2000 y los retirados de la Ley 1/447, y lograr la elegibilidad al Seguro Social y el Plan de Contribución Definida de la Ley 106-2017 para maestros y jueces a fin de beneficios equivalentes a otros empleados del gobierno”, expresó la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.
El Gobierno de Puerto Rico completó el intercambio de más de 33,000 millones de dólares en bonos existentes y otros reclamos por 7,000 millones de dólares en nuevos bonos. El servicio anual de la deuda se reducirá de un máximo de 3,900 millones de dólares antes de la reestructuración de la deuda a una cantidad estable, asequible y previsible de 1,150 millones de dólares al año.
El Gobierno de Puerto Rico está desembolsando más de 10,000 millones de dólares en pagos en efectivo a varios grupos de acreedores en la fecha de entrada en vigor, incluidos los pagos a los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico y a los acreedores no garantizados, que en su mayoría residen en Puerto Rico, que tenían reclamos de larga duración contra el Gobierno. Alrededor del 20 por ciento de los pagos en efectivo se realizan a acreedores que viven y trabajan en la Isla. Estos pagos en efectivo le permiten al gobierno reducir significativamente el servicio de la deuda en el futuro, al tornarlo asequible y reducir enormemente la carga de las futuras generaciones.
Además, la entrada en vigor pone en efecto las disposiciones del Fideicomiso de Reserva de Pensiones creado en el Plan de Ajuste. Es importante destacar que se proyecta que el Fideicomiso de Reserva de Pensiones se financie con más de 10,000 millones de dólares en aportaciones durante los próximos 10 años, y hasta 1,400 millones de dólares durante el año en curso, para proteger y preservar la capacidad de pagar los beneficios de retiro a los actuales y futuros retirados del gobierno. El Fideicomiso de Reserva de Pensiones está diseñado para evitar que Puerto Rico repita los errores del pasado, que llevaron a que se quedara sin fondos para cumplir las promesas hechas a los empleados públicos.
Los 10,000 millones de dólares en efectivo del Plan de Ajuste pagados en la entrada en vigor incluyen 8,300 millones de dólares en reclamos relacionados con la deuda. Es importante destacar que también incluyen 1,800 millones de dólares que se pagarán a una gran cantidad de residentes de la Isla y grupos de acreedores locales, incluyendo:
- 1,500 millones de dólares para reclamos relacionados con empleados actuales y exempleados, incluyendo 1,400 millones de dólares depositados en las cuentas de contribución definidas de la Ley 106-2017 para restablecer las aportaciones de los empleados a Sistema 2000 y 94 millones de dólares en pagos a más de 35,000 de dólares participantes de la Ley 1 y la Ley 447 que se vieron afectados por la congelación de las pensiones de 2013
- 200 millones de dólares pagados a la Reserva General de Acreedores no Garantizados
- El primero de los tres pagos de 49 millones de dólares a los centros médicos de Puerto Rico y 10 millones de dólares a los productores de lácteos de Puerto Rico
Alrededor de 10 millones de dólares en bonificaciones de 1,000 millones de dólares para los empleados representados por AFSCME/SPU mediante una nómina especial. Se espera que los individuos reciban los desembolsos de los cheques a más tardar a mediados de abril.
Sin embargo, no todos los pagos en efectivo autorizados en virtud del Plan de Ajuste se llevarán a cabo al momento de la entrada en vigor. Por ejemplo, solo se destinará el primer plazo de 200 millones de dólares del pago total de 575 millones de dólares a un fondo de reserva para futuros pagos a los acreedores generales no garantizados, muchos de los cuales son residentes de Puerto Rico.
Los maestros y jueces de Puerto Rico, por su parte, se acogerán al Plan de Contribuciones Definidas de la Ley 106-2017 y pasarán a ser elegibles al Seguro Social. Los maestros y jueces mayores de 45 años tienen hasta el 13 de mayo de 2022 para acogerse al Seguro Social. Las personas que opten por acogerse al Seguro Social aportarán el 6.2 por ciento y el Gobierno hará un pareo de fondos del 6.2 por ciento a su Seguro Social.
El Plan de Ajuste también establece una Política de Manejo de la Deuda para evitar que Puerto Rico repita las prácticas del pasado que lo llevaron acumular su deuda insostenible. La nueva deuda solo puede utilizarse para financiar mejoras permanentes, no déficits de funcionamiento. El Gobierno solo puede refinanciar la deuda para reducir los costos de financiación, no para asumir más obligaciones.
“La reestructuración de la deuda es el punto de partida. Puerto Rico necesita mejorar la administración financiera, asegurar la transparencia financiera y la rendición de cuentas, para producir crecimiento y estabilidad a largo plazo”, afirmó Jaresko.
“Puerto Rico no debe volver a caer en las prácticas de mala administración financiera del pasado. El Gobierno tendrá que redoblar sus esfuerzos para administrar sus recursos cuidadosamente en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó.
