El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, notificó a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, respectivamente, que el organismo no contempla intervención legislativa en la formulación de un Plan de Ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La carta de Skeel, con fecha del lunes, se produjo en respuesta a una misiva de Hernández, el presidente cameral, en la que instaba a la JCF a incluir a los poderes legislativos en la mesa de negociación junto al gobierno y los acreedores de la corporación pública.
“Al presente, la Junta de Supervisión no anticipa desarrollar o negociar un Plan de Ajuste para la AEE que requiera legislación. Sin embargo, si eso cambia, la Junta de Supervisión daría la bienvenida a la participación de la Legislatura en la mediación si una propuesta de reestructuración de esa naturaleza se desarrolla. Mientras tanto, la Junta de Supervisión los invita a someternos sus posturas sobre asuntos clave relacionados a la restructuración de la AEE”, sostuvo Skeel en la escueta comunicación de una página.
El Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) que se acordó en 2019 sí requería enmiendas a ciertas leyes, por lo que para convertirse en un Plan de Ajuste confirmable era necesario que se aprobara legislación habilitadora. Sin embargo, el miércoles pasado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ejerció su derecho a cancelar unilateralmente el RSA, que disponía un recorte de 32% de los $9,000 millones en obligaciones de la AEE, al tiempo que creaba un “cargo de transición” en la tarifa eléctrica para sufragar el repago de los bonos reestructurados.
Al cancelar el RSA, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que las circunstancias presentes distan de las que existían hace tres años, cuando se pactó el RSA, y que urgía un recorte mayor a la deuda de la que se proponía.
“No vislumbramos cómo algún plan de ajuste viable pudiera implementarse sin al menos algún grado de acción legislativa. Más aun, las circunstancias presentes han cambiado significativamente desde mayo de 2019, cuando el RSA fue acordado entre las partes participantes de esa discusión. Por ejemplo, la AEE ahora es administrada por un operador privado que no ha titubeado en solicitar múltiples aumentos a la factura eléctrica en los meses que ha estado a cargo de la utilidad y muchos factores han llevado los precios del combustible fósil a cifras récord. La Cámara tiene el deber de velar por los consumidores ya afectado por la creciente inflación y costos de energía elevados”, escribió Hernández a Skeel el 9 de marzo.
En esa carta, Hernández, a través de sus abogados, se reservó el derecho de buscar una orden judicial en caso de que la JCF no incluya en las discusiones a los poderes legislativos.
La jueza que preside los casos de Título III de entidades públicas, Laura Taylor Swain, ha ordenado que, en o antes del 18 de marzo, la JCF y la Aafaf sometan una moción conjunta sobre el progreso de las negociaciones iniciales con las distintas partes, incluyendo si consideran que será necesario celebrar un proceso de mediación.
Para el 2 de mayo, en tanto, la JCF deberá someter una propuesta de plan de ajuste junto a una serie de fechas sugeridas para las distintas etapas de la confirmación, o, en caso de que no se haya avanzado a ese ritmo, un calendario sugerido para completar las fases. En la alternativa, la JCF tendría que proponer un calendario para la litigación de asuntos en controversia y una declaración y memorando de derecho que demuestre por qué el tribunal no debe desestimar el proceso de Título III de la AEE.
La AEE mantiene obligaciones de alrededor de $9,000 millones, a las que no ha abonado desde 2014, al tiempo que cuenta con un déficit actuarial de $4,300 millones con su plan de pensiones.
