“Mujer es agredida por sujeto que andaba semidesnudo en Loíza”. “Investigan alegada agresión sexual a menor de 15 años”. “Investigan agresión sexual contra una menor”.
Esos tres titulares de prensa publicaron en distintos medios en Puerto Rico durante los pasados días. Sin embargo, cuando se observa la tendencia estadística, entre enero y febrero fueron decenas las querellas ante la Uniformada por violación.
El Negociado de la Policía ha contabilizado unos 41 delitos de violación en Puerto Rico desde que inició el año hasta el 28 de febrero, confirmaron las autoridades a Metro Puerto Rico.
De acuerdo a las estadísticas de la Uniformada, la jurisdicción que más casos de esta índole registró fue la de San Juan, con 11 violaciones. De estos, ocho casos fueron esclarecidos. Le sigue Carolina, con siete casos de violaciones, pero ninguno ha sido esclarecido.
Los municipios de Caguas, Aguadilla y Aibonito han contabilizado cinco violaciones cada uno. De esas 15 querellas, ocho fueron esclarecidas.
Mientras tanto, en Arecibo, Ponce, Humacao, Bayamón, Guayama y Fajardo se han registrado ocho violaciones en lo que va del año, pero solo una ha sido esclarecida.
“Es importante señalar que hay una constante en los casos reportados. Se trata de jovencitas que conocen varones a través de la redes y luego reportan haber sufrido violación o actos lascivos y otros por pareja en casos de violencia de género”, expresaron las autoridades al entregar las estadísticas.
“En lo que el caso se esclarece, aun siendo uno de acto lascivo, se incluye en las estadísticas como una violación, aún cuando no se haya dado la violación como tal. Por ende, esta tabla incluye tanto hasta lascivos como violación, incluyendo casos reales como los que al final resultan no serlo, una vez concluida la investigación”, añadieron.
Para la abogada feminista y fundadora del Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, la realidad es más escalofriante a lo que reflejan las estadísticas oficiales.
“Comparado con lo que nosotras sabemos que hay afuera, (los datos de la Policía representan) solo una muestra del número real. No es solo agresiones sexuales con extraños, sino aquellas que se dan en el entorno familiar. Además, nos tenemos que preguntar por qué las mujeres no reportan todos los casos. Me atrevo a plantear que es porque saben que el proceso de justicia es bien oneroso y por eso optan por manejarlo fuera del sistema de judicial”, expresó la activista durante una entrevista telefónica con este medio.
“Todavía, a nivel de gobierno, no hay estrategia de prevención definida para atender las agresiones sexuales. Es una de las críticas que se le han hecho al Gobierno. La educación con una perspectiva de género es prevención. La Policía reacciona luego del evento y lo ideal es prevenirlo”, argumentó.
En enero del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia decretó un Estado de Emergencia por violencia de género luego de dos años de reclamos por sectores feministas. La medida crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), compuesto por 17 miembros y presidido por la secretario del Departamento de la Familia, Ana Carmen González Magaz.
Según Pagán Jiménez, el comité ha tenido aciertos como la creación de protocolos en áreas de trabajo que enfrentan sucesos de violencia de género, pero ha tenido su peor desempeño en el renglón de la campaña de prevención que se propuso.
“Cuando miro lo que se ha hecho en cuanto a la creación de protocolos, han hecho buen trabajo. No se puede negar. Se han recopilado buenas estadísticas. Pero cuando tiene que ver con el factor de prevención, se han quedado cortos y cortas. No es una campana presente… No es educativa, una que se puede ver. La situación, más allá de violencia de género, es sobre equidad”, concluyó.
