Rastreo de contactos. Vigilancia genómica. BioPortal.
Los tres eran conceptos básicamente desconocidos en Puerto Rico que han cobrado relevancia pública en los pasados dos años mientras el país enfrentaba la emergencia por la propagación del COVID-19. Asimismo, constituyen los pilares de lo que sería la respuesta de las autoridades ante futuras emergencias salubristas.
“Los líderes internacionales, la Organización Mundial de la Salud, han sido bien enfáticos en que este es el momento en que nos preparamos para la próxima emergencia. Ese ejercicio de evaluación se está haciendo, se está haciendo la actualización de distintas guías para el manejo de futuras emergencias y reconociendo la infraestructura que se ha creado para COVID-19. Creo que ha sido histórico lo que se ha logrado en dos años de infraestructura de salud pública”, resumió Melissa Marzán, principal oficial de epidemiología en el Departamento de Salud.
Para el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, es fundamental que estructuras como el sistema de investigación y rastreo de contactos de personas contagiadas no solo permanezcan en pie más allá de la fase de emergencia por el COVID-19, sino que su operación tenga como base los municipios. El pueblo que dirige, Villalba, fue pionero en la creación de este sistema, de la mano de la epidemióloga Fabiola Cruz, modelo que al día de hoy continúa operando en los 78 municipios.
El Proyecto de la Cámara (PC) 936, presentado por el representante Juan José Santiago, busca, precisamente, institucionalizar las llamadas Oficinas de Salud Pública y Epidemiología en cada pueblo, a través de enmiendas al Código Municipal y las leyes orgánicas del Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad Pública.
Hernández Ortiz y su homólogo en la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, coincidieron por separado en favorecer la intención del proyecto al resaltar la cercanía que tiene el aparato municipal a la gente y la capacidad que, por lo tanto, tiene el modelo municipal para recopilar datos de contagios y realizar el rastreo correspondiente.
Sin embargo, advirtieron que la conservación de este tipo de modelo a nivel municipal solo es sostenible mediante estructuras más pequeñas a las que han funcionado a lo largo de la pandemia, toda vez que en tiempos “ordinarios” no estará disponible el enorme flujo de fondos federales que se han inyectado durante esta emergencia.
En Camuy, por ejemplo, Rodríguez Hernández estima que el costo del sistema municipal de rastreo de contactos ha ascendido a $1.1 millones en aproximadamente año y medio, cifra que el municipio no habría podido sufragar.
“Tenemos que ser sensatos y juiciosos al momento de administrar el recurso público. Una vez estemos fuera del COVID-19, si pretendemos quedarnos con estas iniciativas, podría ser con un grupo mucho más reducido. Quizás con un gerente de proyecto, el epidemiólogo que tengamos asignado y un monitor de casos”, dijo el alcalde camuyano, al destacar que, en su municipio, el sistema de rastreo llegó a contar con 14 personas.
Hernández Ortiz, por su parte, opinó que las propuestas oficinas municipales, más allá de responder únicamente en contextos de emergencia o brotes de enfermedades infecciosas, pudieran asumir un rol educativo para fomentar prácticas de salud pública a nivel comunitario.
“Por otro lado, (las oficinas podrían) levantar una data de los pacientes críticos que existan en cada una de las ciudades. Es importante, por ejemplo, ese seguimiento de los pacientes que necesiten oxígeno, que tengan una condición que amerite que en medio de una emergencia, como terremotos, podamos tener una respuesta inmediata para esos pacientes. Luego de la situación de la pandemia se hace evidente y más importante aun el mantener estas oficinas”, dijo el líder de los alcaldes asociados.
Santiago, el autor principal del PC 936, estimó que los sistemas municipales podrían operar con fondos federales hasta 2026. La medida dispone la creación, dos años después de su aprobación, de un comité asesor, compuesto por representantes de las organizaciones de alcaldes, la Legislatura y el Ejecutivo, que se encargaría de “identificar partidas presupuestarias” provenientes de fuentes federales, estatales o privadas para financiar las Oficinas de Salud Pública y Epidemiología.
“Los números han variado. Hemos tenido varios acercamientos al secretario de Salud (Carlos Mellado) y la epidemióloga del Estado porque ellos tienen la ‘data’. Los fondos (federales) llegan al Estado y el Estado subvenciona a los municipios, por lo que saben cuánto gastan día a día. Los números varían. En un momento dado la Federación de Alcaldes hablaba de $60 (millones) a $66 millones al año. Se ha hablado también de $80 millones. Yo creo que está más cerca de los $60 millones”, sostuvo Santiago.
Marzán, por su parte, aseguró que el Departamento de Salud favorece la participación municipal en los sistemas de vigilancia epidemiológica y así lo hizo constar en un memorial a la Cámara de Representantes, pero recalcó no se debe poner en jaque la facultad de la agencia para establecer la política pública salubrista en el país.
“Siempre lo planteo desde esta perspectiva: necesitamos saber lo que pasa en el bosque, y cada municipio es un árbol. En la perspectiva de cómo se maneja, queremos tener la perspectiva del bosque completo. El árbol no es el bosque. Es importante que esa mirada siempre reconozca la labor y función del Departamento de Salud”, expresó la epidemióloga, quien planteó la necesidad de que los modelos municipales se financien con fondos estatales, con la intención de evitar interrupciones en caso de que se alteren las prioridades del gobierno federal.
Desarrollo de la infraestructura digital
Con relación a la infraestructura digital, un elemento clave en la recopilación, análisis y divulgación de datos durante la pandemia, Marzán destacó que la plataforma del BioPortal es una herramienta que ya existía en el Departamento de Salud, pero cuya utilidad no se había potenciado.
“El BioPortal inicialmente dio sus problemas, no fue creado para lo que estaba. Hubo problemas de comunicaciones. Nosotros, en el Fideicomiso de Salud Pública e incluso en la Coalición Científica, le dimos duro a eso, porque sabíamos que esa situación estaba y había que trabajarla. En estos momentos, el BioPortal tiene una salud, en términos del manejo de datos para esta pandemia, infalible. Si ves el ‘dashboard’ del Departamento de Salud, básicamente tenemos datos en tiempo real que antes no se tenían”, dijo el gerente de investigaciones del Fideicomiso de Salud Pública y analista de la Coalición Científica, Marcos López Casillas.
“A través de la emergencia lo que se ha hecho es fortalecer esa herramienta. Ciertamente se está fortaleciendo toda la infraestructura de datos para la Oficina de Epidemiología y también estamos haciendo distintas propuestas para poder continuar el ‘data modernization program’ con los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), para que toda la infraestructura de datos y análisis se fortalezca. Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones que tiene datos en tiempo real en su ‘dashboard’, y queremos emular ese portal para otras enfermedades de interés de salud pública”, enfatizó Marzán.
