La representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara, informó que la Legislatura aprobó el P de la C 1025, que busca proteger a los consumidores de seguros en Puerto Rico.
La medida se aprobó a pesar de la oposición de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara. Dicha delegación votó en bloque para tratar de evitar su aprobación. Mi llamado al gobernador es que firme la misma cuanto antes. Concretamente, el P de la C 1025 enmienda el ‘Código de Seguros de Puerto Rico’, para establecer que ninguna compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito, sin antes proveerle al asegurado una explicación detallada, por escrito y oral, sobre el alcance y consecuencias de recibir dicho pago”, señaló la legisladora.
El proyecto también provee reglamentación y aclara su efecto retroactivo referente a las reclamaciones luego del paso de los Huracanes Irma y María por Puerto Rico y de los terremotos ocurridos en el Sur en 2020. “En el caso de la Cámara, tengo que decir que la delegación PNP le dió la espalda a los que asegurados que se vieron afectados en el huracán Irma, María y Terremotos votándole en contra al PC 1025. Ahora el Gobernador puede corregir esa actitud y se identifique con los reclamos de los clientes de seguros”, añadió Martínez Soto.
El proyecto, presentado en octubre pasado por los representantes Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos, Orlando Aponte Rosario y la propia representante Martínez, señala que en la industria de seguros, el término el ‘pago en finiquito’ (accord and satisfaction), es una figura del derecho común anglosajón incorporada mediante jurisprudencia a nuestro ordenamiento jurídico a partir del año 1904. La aceptación como finiquito es un modo de extinguir una obligación. También constituye una defensa afirmativa al responder una alegación en un pleito de naturaleza civil.
“Para que se configure el pago en finiquito se requiere tres elementos: (1) una reclamación ilíquida o sobre la cual exista controversia bona fide (2) un ofrecimiento de pago por el deudor y (3) una aceptación del ofrecimiento de pago por el acreedor. En fin, al acreedor aceptar el dinero con claro entendimiento de que representa una propuesta para la extinción de la obligación, y mediando la buena fe del deudor, queda extinguida la obligación”, señaló Martínez Soto.
Luego del paso de los huracanes Irma y María, asegurados han visto disminuidos dramáticamente los pagos recibidos en sus reclamaciones por concepto de daños por vía de la figura de pago en finiquito. “Como cuestión de hecho, son múltiples los casos que luego del huracán María son radicados en los tribunales de Puerto Rico diariamente, donde los asegurados exponen que no se le proveyó una explicación adecuada sobre el alcance de dicho pago. De igual forma hemos enfrentado desastres naturales como los terremotos acontecidos en varias zonas del país, en especial la zona suroeste de la isla, donde se evidencia el impacto de estos. Este P de la C 1025 viene a atender esta situación”, abundó la representante.
La medida señala que las actuales circunstancias, la doctrina del pago en finiquito es, en efecto, una práctica desleal de parte de la compañía aseguradora para con sus clientes, por lo que, es hora de que esté codificada expresamente en el Código de Seguros. “Esta Asamblea Legislativa, usando su poder para establecer la política pública, entiende esencial regular la defensa del pago en finiquito en casos de seguros y, a la misma vez, establecer que dicha eliminación sea retroactiva a las víctimas de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 y de los terremotos ocurridos en el Sur de Puerto Rico en el 2020″, finalizó Martínez Soto. La medida pasó ayer por un comité de concurrencia de Cámara y Senado y ahora pasa al Gobernador para su firma y conversión en Ley. “Espero que el Gobernador se mantenga del lado de las necesidades del pueblo y firme la medida cuanto antes. Este P de la C 1025 viene a aportar positivamente al proceso de reconstrucción de Puerto Rico y que los procesos de las casas de seguros sean justos para esos clientes que pagaron sus pólizas”, finalizó Martínez Soto.