El ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano exigió a la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador Pedro Pierluisis y la Asamblea Legislativa a que, hagan un alto a los desmedidos aumentos que han entrado y los que están por ponerse en vigor.
García Feliciano estableció que durante los pasados meses, los ciudadanos han tenido que costear el alarmante aumento en la energía, en la canasta básica, como los anunciados para el agua y los peajes ente otros, que minan seriamente su capacidad de retener su hogar o brindarle educación adecuada y salud a sus hijos.
“La indignación ciudadana y su reclamo de auxilio se han hecho sentir. Pero hay que tener la sensibilidad de escuchar y poner el oído en tierra, para resolver ese clamor con resultados evidentes”, sentenció el Procurador del Ciudadano.
Sentenció que el salario del trabajador no crece al mismo ritmo de las ganancias empresariales, por lo que su bolsillo no puede seguir costeando aumentos en productos, bienes o servicios de la noche a la mañana.
“No podemos permitir que el llamado a la austeridad, estrechez económica y rendir cada centavo del presupuesto, recaigan solamente en nuestro pueblo”, recalcó.
El Procurador insistió en que los sectores del poder político -La Fortaleza y la Legislstura-, deben crear las bases para que el poder adquisitivo del consumidor cuente con los recursos para impulsar la economía. Igualmente, los sectores de producción en la agricultura, industria y comercio, también afectados por los elevados costos de operación y producción, deben ser más sensibles con los aumentos que proyectan hacia la ciudadanía.
“Estrangular económicamente al trabajador ocasionará cierre de negocios, estancamiento económico y desaceleración de la economía local que es la que debe impulsar a la Isla después de la quiebra gubernamental. ¿Dónde está el sentido de urgencia para proteger el presupuesto familiar y la recuperación de Puerto Rico tras la quiebra?”, manifestó García Feliciano.
Señaló que aunque el gobernador y la Legislatura han sometido propuestas para controlar el alza en el petróleo y atender otros aspectos del costo de vida, las diferencias políticas de cómo lograrlo, los han malogrado.
“Falta la voluntad del consenso, del diálogo, de armonizar soluciones pero con resultados. Que venga la acción concertadora en favor de nuestra gente, del asalariado y de la mujer jefa de familia para aliviar la carga económica que afecta a los hogares puertorriqueños. ¡Ya es hora de actuar!”, sostuvo.
