Los edificios multipisos ubicados cerca de las costas, y particularmente aquellos levantados previo al 1987, conforman el grupo de estructuras que, en términos generales, enfrentan mayores riesgos debido a su antigüedad y las deficiencias de los códigos de construcción vigentes al momento de la obra y, por lo tanto, urgen de atención inmediata con miras a corregir cualquier defecto, alertó el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (Ciapr), Juan Alicea.
En entrevista con Metro, el ingeniero lamentó que en Puerto Rico, como parte de la revisión de los códigos de construcción realizada en 2018, se hayan adoptado las guías internacionales en todos los renglones con la excepción de los parámetros relacionados al mantenimiento a largo plazo de las propiedades.
“Aquí de mantenimiento no hay ningún código que sea compulsorio, salvo el de los elevadores que requiere inspecciones y ese te lleva al de mantenimiento de forma indirecta. Hay varios códigos de mantenimiento (en los códigos internacionales), pero ninguno es parte de los que Puerto Rico adoptó. Nosotros hemos estado trabajando con OGPE (Oficina de Gerencia de Permisos) en los pasados meses y ya tenemos un borrador escrito de qué debería leer. El Colegio hizo esa recomendación de que se adopte el código de mantenimiento de infraestructura”, sostuvo Alicea, al precisar que el borrador toma como base las guías internacionales promulgadas en 2021.
El pasado 28 de enero, la firma de consultoría en ingeniería PSECFL LLC entregó a la Asociación de Residentes del condominio ESJ Towers, en Isla Verde, un informe con hallazgos y recomendaciones sobre una inspección visual realizada en el edificio. El documento, en síntesis, identificó 26 “hallazgos y observaciones” sobre la infraestructura del condominio, entre las que se incluyen varias que pudieran poner en riesgo la vida de residentes, visitantes y empleados del lugar.
Entre las áreas de preocupación que se identifican en el informe, figuran el deterioro de columnas y vigas que dan soporte al área de la piscina, así como de otros espacios del edificio, incluyendo el estacionamiento y algunos apartamentos del condominio inaugurado en 1975 y construido bajo el Código de Construcción Uniforme de 1967.
“La preservación de la vida se torna urgente cuando observamos el nivel de corrosión, agrietamiento, astillamiento y deterioro en las columnas y vigas en el nivel inferior a la piscina. No solo la capacidad de carga por gravedad de muchos elementos en esta área se encuentra comprometida en las condiciones actuales, sino que, en caso de un evento sísmico, la estructura podría quedar severamente afectada debido a la pérdida de capacidad atribuible a su condición de deterioro”, advierte el documento.
En otra instancia, el informe alerta que, durante la inspección, pudo observarse la acumulación de entre tres y cuatro pulgadas de agua en el estacionamiento al nivel del sótano, hallazgo que se catalogó de “inaceptable”, pues “la acumulación de agua permite la corrosión y el decaimiento de las columnas del estacionamiento”.
“En conclusión, esta instalación no debería estar operando, bajo ninguna circunstancia, si las condiciones descritas en el informe permanecen sin atenderse. Varios aspectos deben atenderse de forma inmediata en los elementos estructurales deteriorados y corroídos en el edificio. La seguridad pública de trabajadores, dueños y visitantes es de la mayor importancia”, recalcó la firma de consultoría a través de su principal oficial ejecutivo, el ingeniero Augusto Poitevin.
Aunque este medio se comunicó a la dirección electrónica oficial de la Asociación de Residentes del condominio, así como con el síndico designado por la organización, Wigberto Lugo Mender, con miras a obtener una reacción a los hallazgos, no se recibió respuesta.
En una misiva del 3 de febrero a los dueños de apartamentos del ESJ Towers, Lugo Mender señaló que el ingeniero interno de la Asociación de Residentes había concurrido con todos los hallazgos de PSECFL LLC, al tiempo que instó a los condómines a revisar el informe y considerar los riesgos advertidos.
Asimismo, Lugo Mender puntualizó que el costo para reparar el edificio de 16 niveles se estimó preliminarmente en $10 millones, por lo que “dada la limitación de recursos de la Asociación de Residentes y la incertidumbre sobre la proveniencia de fondos adicionales del seguro, una contribución significativa de todos los dueños podría ser requerida en caso de que no se puedan cobrar todas las cuotas de mantenimiento pendientes”.
Un escenario que se repite
Alicea, por su parte, reconoció que la vulnerabilidad que parece enfrentar el condominio de Isla Verde se replica en municipios costeros, entre los que mencionó a Fajardo, Cabo Rojo y Rincón. Igualmente, aludió a los estacionamientos multipisos ubicados en la zona de Puerta de Tierra, en Viejo San Juan, como estructuras que, a simple vista, requieren trabajos significativos de mantenimiento con el objetivo de evitar alguna tragedia.
El colapso en junio de 2021 del condominio Champlain Towers South, en la ciudad de Miami, que dejó un saldo de 98 muertes, ha levantado preocupación de muchos residentes de edificios con características similares, dijo Alicea. En el caso del Champlain Towers, un informe comisionado en octubre de 2018 había encontrado que fallas en los sistemas de impermeabilidad estaban “causando un daño estructural mayor a las losas estructurales de concreto debajo de estas áreas (la piscina y la entrada vehicular). No reemplazar el sistema de impermeabilidad en el futuro cercano causará que el deterioro del concreto de expanda exponencialmente”.
“Sin ánimos de uno exagerar, ciertamente creo que (en Puerto Rico) estamos en una condición peor a la de Miami, porque aquí no hay nada que obligue al dueño o al operador a hacer este tipo de inspección. Allá (en Estados Unidos) desde los 50 años (de antigüedad de la estructura) ya es una obligación. En ese edificio que se cayó se había hecho una inspección reciente y se habían identificado unos daños. Yo sé que algunos dueños, de forma confidencial, han hecho sus evaluaciones posterior a lo que ocurrió en Florida y he escuchado de daños que se han identificado tan solo con una inspección visual”, afirmó Alicea, al recalcar es frecuente el deterioro de estructuras de soporte como consecuencia de la corrosión o la filtración de agua.
Para Alicea, es imperativo que en Puerto Rico se adopte la práctica de inspeccionar decenalmente las estructuras con más de 50 años de antigüedad, así como las edificaciones de cuatro pisos o más que se hayan construido antes del 1987. Según el presidente del Ciapr, las estructuras construidas previo a ese año se diseñaron para resistir sismos de magnitud no mayor de 6.
Para ponerlo en contexto, el terremoto que sacudió el suroeste de Puerto Rico el 7 de enero de 2020 tuvo una magnitud de 6.4, de acuerdo con la Red Sísmica.
“Somos costeros, tenemos agua por todas partes, y eso ya conlleva un mantenimiento adicional. Solamente la condición de isla y tener muchas propiedades costeras nos obliga a dar un mantenimiento un poco más agresivo, más frecuente, que si no estuviéramos expuesto a las condiciones de mar y salitre”, resumió Alicea.
