El manejo del apagón general acontecido el pasado miércoles y la lentitud en el proceso de devolver el servicio eléctrico a los hogares –a pesar de que la mayoría de las principales unidades de generación en el país no había sufrido daños– ha vuelto a levantar cuestionamientos sobre la capacidad de Luma Energy para operar eficientemente la red de transmisión y distribución, al igual que en torno al control decisional que el consorcio ejerce sobre esta infraestructura, de la que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mantiene titularidad.
“Las unidades que no se afectaron tardaron entre 36 y 48 horas en entrar en línea con los 2,200 megavatios (MW) que no se afectaron cuando normalmente eso se ha hecho entre 12 y 24 horas. Tenías al director ejecutivo (Josué Colón) y su grupo de trabajo para hacer eso en el tiempo que se ha hecho antes, porque ese grupo lo ha hecho en condiciones similares. Si tienes un operador que está empezando a conocer el sistema y tiene unos protocolos, ahí puede haber algo. Si hay que actualizar esos protocolos a base de una experiencia fáctica, real, de experiencia de campo, hay que hacerlo, para que la próxima vez seamos más efectivos”, expresó Tomás Torres Placa, representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AEE.
El apagón que dejó a Puerto Rico a oscuras en la noche del miércoles ocurrió tras la explosión de un interruptor a la salida de la unidad 5 de la central Costa Sur, ubicada en Guayanilla. El percance, explicó Torres Placa, afectó de manera directa a las dos unidades activas de Costa Sur, así como a la cogeneradora EcoEléctrica, en Peñuelas.
Las dos centrales sureñas tienen capacidad para generar, de manera combinada, cerca de 1,300 MW, lo que constituye más de la mitad de la demanda ordinaria en Puerto Rico. Sin embargo, aunque la explosión activó los sistemas de autoprotección en las demás centrales del país, sus unidades no sufrieron daños, por lo que debió haber sido posible encenderlas en menos de 24 horas y reenergizar el archipiélago, indicó Torres Placa.
Aun así, no fue hasta ayer, domingo, que finalmente Luma Energy reportó que el 99.7% de los casi 1.5 millones de abonados había recuperado el servicio.
“¿Por qué a estas alturas Costa Sur ni EcoEléctrica han entrado en línea? Ahí hay 1,300 MW más. No han entrado en línea por las mismas cosas, los protocolos del operador. Hay que agilizar”, insistió el ingeniero.
“Había que acoger los consejos del director ejecutivo y su grupo de trabajo. Es gente con experiencia, que han sido jefes de plantas, que han trabajado en plantas. El no acoger ese consejo atrasó prácticamente la entrada de unidades que no habían sufrido daños”, añdió Torres Placa.
Ayer, ningún portavoz de Luma Energy estuvo disponible para entrevista. En unas declaraciones escritas, la empresa evitó responder si había sido posible reemplazar el interruptor averiado en la subestación de Costa Sur, así como el año en que la pieza original fue instalada.
El jueves, el director de Transformación de Mercado de Luma Energy, Daniel Hernández –un exdirector de Generación en la AEE–, intimó que el interruptor posiblemente tenía más de 40 años de uso, cuando la vida útil suele ser de 30 años.
La compañía, que inició como operador de la red en junio de 2021, tras casi un año de transición, tampoco ofreció una respuesta concreta a la pregunta de por qué había demorado tanto el cierre de líneas de transmisión que hubiera permitido encender las centrales que se encontraban en condiciones de producir energía. Las otras cuatro centrales principales en Puerto Rico son Palo Seco (Toa Baja), San Juan, Aguirre (Salinas) y AES (Guayama), que se combinan con las unidades de emergencia, entre las que se encuentran las ubicadas en Cambalache (Arecibo) y Mayagüez.
“Si bien la investigación exhaustiva del evento ha comenzado, ahora no es un momento para especular o proporcionar detalles sin fundamento sobre la causa de la interrupción. Apoyamos plenamente un proceso de investigación completo, formal y transparente que atienda cualquier pregunta sobre la causa y proporcione recomendaciones para evitar eventos futuros”, indicó Luma Energy por escrito.
El Negociado de Energía, por su lado, ordenó el pasado viernes comenzar una investigación sobre la interrupción en el servicio. Como parte de la resolución y orden emitida, Luma Energy deberá entregar este martes un “informe inicial” sobre las causas del incidente y las acciones tomadas desde entonces, mientras que para el 18 de abril tendrán que someter un “informe final” con la información que se haya recopilado.
Una portavoz del Negociado de Energía indicó que luego del 18 de abril el organismo regulador determinará si es necesario citar a Luma Energy o la AEE a una vista técnica.
El viernes, durante una entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, el director ejecutivo de la AEE reconoció que la corporación pública, por disposición contractual, no tiene poder para intervenir en las decisiones que Luma Energy tome en relación al sistema de transmisión y distribución.
“Obviamente, el personal nuestro está cooperando al 100% con todo lo que ellos necesiten para poder hacer el trabajo. Pero obviamente las decisiones y determinaciones las toman ellos y ellos deciden cómo las realizan y en qué orden”, dijo Colón, quien ayer no estuvo disponible para entrevista con Metro.
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las partes con el contrato de privatización recae sobre la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), dirigida por Fermín Fontanes, quien estuvo la semana pasada en España como parte de una misión comercial que encabezó el gobernador Pedro Pierluisi.
Ayer, Fontanes tampoco estuvo disponible para contestar qué tipo de gestiones de fiscalización ha realizado la AAPP desde que entró en vigor el contrato o con qué personal experto en materia energética cuenta la entidad que dirige.
Torres Placa afirmó que, en el pasado año, tanto él como otros miembros de la Junta de Gobierno han planteado la necesidad de que la supervisión del contrato de Luma Energy pase a manos de la propia AEE.
“A base de esa experiencia, esto es como un recordatorio de que la supervisión del operador del sistema eléctrico debe estar bajo la AEE y no bajo una entidad que no tiene pericia alguna para eso”, subrayó Torres Placa.
Asimismo, el representante de los consumidores considera que el pacto, con vigencia de 15 años, debe ser enmendado para reducir el grado de control que el consorcio ejerce sobre la red, particularmente en futuras situaciones de emergencia.
“Por medio de ese contrato la AEE le entregó a Luma sus facultades y lo designó como su agente. Por eso es que es necesario enmendarlo”, puntualizó.
