Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.
El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios. En Villalba, son 27 los estudiantes, cinco de Educación Especial.
A principios de noviembre de 2021, tres jóvenes escaparon del Centro de Ponce luego de que uno de los menores agrediera a una oficial de custodia, le arrebatara las llaves del área de admisiones y liberara a otros dos. La situación de seguridad en Villalba luce peor que la fuga de Ponce a juzgar por los 41 actos violentos, incendios y situaciones de riesgo durante el último trimestre del pasado año por el abandono de los oficiales de sus puestos.
El CPI solicitó a Corrección un informe de los días de clases suspendidos entre 2016 y 2021 así como las razones por las que se cancelaron. En Villalba fueron 47 días menos de enseñanza, mientras en Ponce perdieron 41. A diferencia de lo que dice el informe federal, ninguna de las suspensiones fue atribuída a los actos de violencia o falta de oficiales de custodia, sino a emergencias como el huracán María, los terremotos y la pandemia.
Uno de tres educadores del Centro de Tratamiento Social de Villalba que accedieron a entrevistas con el CPI bajo condición de anonimato por temor a represalias, explicó que “si baja[n los menores d]el módulo A [de vivienda] no puede bajar el B porque no hay oficiales para velar por los que se quedan en las otras viviendas. Hoy mismo se suspendieron las clases porque no habían oficiales; muchos estaban doblando turno”.
El informe sometido por Tandy en marzo de 2022 reveló que la escasez de personal custodio “desestabilizó el programa educativo en [el Centro de Tratamiento Social de] Villalba durante los últimos dos trimestres” de 2021 y “contribuyó a numerosos referidos de maltrato institucional y negligencia”.
El NIJ está bajo monitoría desde que en 1993 una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. dio paso a una demanda contra el Gobierno por violar los derechos constitucionales de la población correccional menor de edad. Hacinamiento, condiciones antihigiénicas e inseguras, falta de servicios de salud y salud mental; falta de controles y protocolos para evitar la violencia entre la población juvenil y la ausencia de servicios educativos en casi todas las instituciones fueron algunos de los hallazgos informados en ese entonces. Para 1997 se alcanzó un acuerdo de 106 estipulaciones. Veinticuatro años más tarde, quedan 26 estipulaciones por cumplir, según indicó la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.
Cuando la enseñanza puede ser individualizada
“A pesar de ser un ambiente por definición hostil, el ambiente de reclusión de adolescentes en instituciones juveniles, las condiciones educativas — paradójicamente — pueden ser en ocasiones superiores a las que hay en muchas de las escuelas públicas. Por ejemplo, la posibilidad de educación individualizada”.
María de Lourdes Santiago, presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial.
Antes de ingresar al NIJ, el 82% de los menores estudiaba en el sistema público de enseñanza; 7% había estado entre ambos sistemas, público y privado; el 4% sólo en escuela privada y otro 4% tomó exámenes libres, según el Perfil del Menor Transgresor de 2021. El currículo para la población estudiantil correccional es acelerado y no se estructura por semestres, sino por horas contacto, explicó la secretaria interina de Educación Alternativa, Yarilis Santiago, durante una entrevista con el CPI.
No se mide el aprovechamiento. “No fomentamos las pruebas, fomentamos trabajos diarios, en grupo o en el salón. Aquí los grupos son pequeños así que el maestro tiene la oportunidad de individualizar con los menores, porque los grupos no sobrepasan los 12 estudiantes. Podemos trabajar más con su rezago académico y ayudar a ese estudiante”, dijo.
Tan pronto llega un menor a uno de los centros se le administran pruebas para conocer sus necesidades académicas, explicó por su parte el gerente del Programa Educativo en el DCR, Carlos Delgado.
Los maestros también denunciaron que tal como ocurre en otras escuelas del país, les faltan materiales didácticos y escasean los conserjes.
“Tengo que llevar mis materiales, sino no puedo dar la clase”, aseguró uno. El director del área escolar del Centro de Tratamiento de Villalba, Luis Velázquez, rechazó que esto ocurra en su centro y dijo que “si nos faltara algo, se hacen las requisiciones y podemos contar con Corrección”.
Cuando no son los propios educadores quienes echan mano a los productos de limpieza para desinfectar sus áreas, “limpia un oficial con un nene. Ahora mismo no hay un conserje, parece un vertedero”, comentó un maestro sobre la institución de Villalba. Su homólogo alegó que la administración del NIJ les hizo firmar “un documento donde decía que los salones y todas las áreas se fumigan y limpian, cuando eso es falso”.
Desde 2019, los materiales y equipos educativos, talleres vocacionales y técnicos, así como los maestros necesarios para atender a la población correccional se pagan con el presupuesto del Departamento de Educación. DCR está a cargo del acceso a internet y el inmobiliario de los salones.
Para 2017 Corrección administró un presupuesto de $1,176,560 para el área académica, pero en 2018 esta asignación sufrió un recorte de 28%. Bajo la administración de Educación en 2019, el presupuesto separado para la enseñanza de los menores institucionalizados fue $581,256, y al año siguiente $1,000,329. La asignación presupuestaria para 2021-22 es de $2,522,098.
Algunos funcionarios dan prioridad a la salud emocional y a los estudios post secundarios
Las instituciones correccionales para menores carecen de un sistema de manejo de conducta coordinado y multidisciplinario, criticó la monitora federal en su último informe. Según el último Perfil del Menor Transgresor, la mitad de los institucionalizados tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad; 13% trastorno específico del aprendizaje; otro 13% tiene ambos trastornos, y 4% discapacidad intelectual. Además, el 69% de los varones y el 100% de las féminas han padecido alguna condición mental antes de ingresar al sistema correccional.
El DCR, no obstante, se limita a premiar las buenas conductas con dulces o permitiendo acceso a consolas de videojuegos “como actividades programáticas para modificar comportamientos”, denunció Tandy.
El director escolar en Ponce, Pedro Jiménez, opinó que los menores “necesitan demasiado apoyo, no solamente en la parte académica, sino también el refuerzo, trabajar con la inteligencia emocional. Eso ayuda mucho a que se minimice la falta de interés en el área escolar y el rezago”.
Edgar Colón Santos, quien dirige el área de Trabajo Social de la institución de Ponce, opinó que los menores no cuentan con el apoyo familiar suficiente y lamentó escuchar con demasiada frecuencia “¿cuándo me vas a visitar?” durante las llamadas telefónicas entre parientes y algunos de los jóvenes, quienes desean contacto con sus familiares a pesar del ambiente restrictivo.
Un desgastado cartel sobre el marco de un portón de gruesos barrotes grises a la entrada del área de visitas en Ponce ordena: “No se permiten besos, caricias o cualquier demostración de afecto que pueda atraer la atención de los presentes”. Colón Santos aseguró que apenas llegan ocho a 10 visitas cada sábado, para una población de 20.
De esas pocas visitas, Colón Santos recuerda a Carmen Oquendo, quien viajó durante cerca de cuatro meses desde Utuado a Ponce para ver a su bisnieto cada sábado. Ahora Oquendo viaja cada fin de semana a Villalba, a donde fue trasladado “mi hijo, porque lo crié desde los seis meses”, luego de que le impusieron otra falta tras un altercado con un oficial de custodia.
“Al llegar a Villalba, gracias a Dios, pues él tiene un mejor comportamiento. Yo lo encuentro mucho mejor en conducta. Está estudiando, está enfocado”, contó sobre su bisnieto de 17 años, quien cursa el décimo grado y es estudiante del Programa de Educación Especial. “El maestro de Educación Especial me dijo que, de darle el egreso antes de tiempo, ellos le van a dar el examen de cuarto año. De terminarlo ahí, pues ellos lo van a ayudar para seguir en la universidad o cualquier empleo, o cualquier cosa que él quiera estudiar. Él me ha dicho que le gusta la mecánica, la fotografía y algo como de promotor de música”, abundó.
Los jóvenes que completan su cuarto año de escuela superior recluidos en alguno de estos centros pueden solicitar cursos universitarios, pero el DCR divide la población según el espacio disponible para ofrecer las clases y la oferta académica no es uniforme entre las instituciones correccionales. Además, cada institución educativa o proveedor de servicios educativos establece sus requisitos, como puede ser tener octavo grado o cuarto año completados.
Un análisis de los contratos para servicios educativos en Corrección durante los últimos cinco años muestra que la mayoría (42%) se concentran en educación básica para completar la escuela superior. Existe la posibilidad de obtener un bachillerato en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, pero no se ofrece en estas instituciones correccionales para menores. Esta alternativa sólo se le ofrece a confinados de máxima seguridad que hayan aprobado el cuarto año de escuela superior, según el acuerdo entre Corrección y la UPR.
Tandy confirma lo que señala un maestro cuando detalla en su informe que los jóvenes entrevistados que completaron cuarto año se quejaron de la falta de actividades después de obtener el diploma así como sus deseos de continuar estudios.
“No se les muestra esa ventana para que el estudiante siga estudiando. No hay un sistema donde diga ‘te voy a ayudar para que salgas a la calle, te consigo universidad, voy verificando tus salidas, chequeando tu conducta afuera’. Nada de eso existe, y el menor vuelve a los puntos [de venta de drogas ilícitas] de nuevo”, aseguró un profesor entrevistado.
Según el último Perfil del Menor Transgresor, un 53% de los varones estuvo antes en una institución juvenil, y el 19% de los que están en el sistema correccional de menores cumple por la misma falta cometida anteriormente.
