Ninguna de las propiedades ubicadas en la reserva natural de la Bahía Jobos, en Salinas, cuenta con documentación de titularidad válida, a juicio del agrimensor Carlos Vega Santos, quien en 2016 redactó un informe comisionado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Al comparecer ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Vega Santos precisó que el área protegida a nivel federal fue subdividida en unas 20 “parcelas” que jurídicamente no tienen validez pues en ningún momento se solicitó o recibió autorización para la segregación de los terrenos. Las 20 subdivisiones, junto a otras 37 que ubican fuera de la reserva, están contenidas dentro de la Finca 383, área que a su vez es conocida como el Monte Manglar.
“Yo no encontré segregación de mi estudio en ningún documento. Ha habido intentos de segregación pero no surge de ningún documento público que se haya hecho”, sostuvo Vega Santos, quien ha atendido el caso de Bahía Jobos desde 2011, inicialmente mediante un contrato firmado a través de la Universidad de Puerto Rico y, posteriormente, por un contrato directo con el DRNA.
Las escrituras del área en controversia se remontan originalmente al 1898, de acuerdo con el perito, quien añadió que la inscripción se produjo un año más tarde.
“Tenemos evidencia de quién era la 383, el Monte Manglar, que en un momento dado se llamó la Finca Lugo Viña, por su dueño. De Lugo Viña eventualmente surgen varias segregaciones y de esa finca es de donde se suponía surgieran las parcelaciones del Departamento de la Vivienda, pero no fue así. Hay unos planos de 1922 de la famosa Finca Lugo Viña, de esas 1,480 cuerdas”, afirmó el agrimensor.
El DRNA, en 1981, adquirió un terreno de cerca de 1,147 cuerdas, un área que Vega Santos describió como “no invadida” en aquel entonces.
En 1984, el abogado Guillermo Godreau presentó una demanda donde impugnaba la instalación de una “portón” por parte del DRNA que, según él, le impedía acceso a su propiedad privada, un área de aproximadamente cinco cuerdas.
“Surgen 44 divisiones, porque no podemos llamarlos solares porque legalmente nunca se segregaron, pero el licenciado Godreau utilizó esto para vender dichas parcelas. Hubo muchos licenciados (abogados notarios) que fueron cuidadosos y así lo especificaron en las escrituras, hubo otros que fueron negligentes y no detallaron claramente qué era lo que estaban vendiendo, porque se atrevieron a decir que estaban vendiendo parcelas, estaban vendiendo solares de 500 metros (pero realmente) eran participaciones”, sostuvo Vega Santos.
“Estamos segregando quiénes están dentro de la reserva, pero es que todos son ‘comuneros’, aquí solo hay una finca, la Finca La Cuarta. Y la Finca La Cuarta está parcialmente dentro de la reserva, y el resto, invadido”, esbozó el agrimensor, que sometió su informe al DRNA el 18 de agosto de 2016, y actualmente elabora otro informe de cara a lo que, se espera, sea el proceso de desalojo que impulse el gobierno.
Según la ponencia que entregó el DRNA, las divisiones de las propiedades de Godreau habían comenzado en 1971, cuatro años antes que se registrara como escritura pública la adquisición de las fincas La Cuarta y La Quinta por parte del abogado. Godreau habría comprado los terrenos a raíz de un proceso ante el Tribunal Federal de Quiebras.
“Cada comunero comenzó a dividir de manera ilegal sus participaciones en espacios específicos”, sostuvo la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega.
El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, opinó por su parte que el informe del agrimensor era “contundente”.
“Lo más contundente. Hay un caso que hace referencia a un cumplimento con una quiebra (el pleito de Godreau), pero el cumplir con una propiedad que no era legítima no le da ningún tipo de legitimidad después a la propiedad. Si se puede subsanar ese (caso), que es el único que creo que puede tener algún tipo de reclamo, entonces lo único que hay que hacer es ir directamente a la remoción”, expresó Hernández en un aparte con la prensa.
Para Hernández, el Estado no debería estar sujeto al pago de “justa compensación” de las personas a las que despoje de los terrenos y propiedades en el área protegida.
“Al revés, yo creo que el Estado debe ir en contra de los que allí invadieron y cobrarles el costo de restablecer ese litoral”, añadió el líder legislativo.
“El Estado brilló por su ausencia”
A preguntas de los legisladores, Vega Santos afirmó que “todas” las agencias concernidas han incurrido en “inacción” por años con relación al caso de Bahía Jobos.
“Lamentablemente, el Estado brilló por su ausencia”, dijo.
Vega Santos relató que, tan reciente como el 1 de abril, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) prometieron que, en pocos días, le entregarían información sobre los contadores instalados en el área de la reserva pero, hasta la fecha, no ha ocurrido.
Según Vega Santos, no existe una explicación al hecho de que en el área invadida se haya instalado una cantidad tan elevada de acometidas de agua y luz, pues las leyes y reglamentos disponen que se puede conectar un máximo de dos por cada propiedad registrada.
“Están dando acometidas a unas supuestas parcelas. Pero es un comunero, es una sola finca de cinco cuerdas o cinco cuerdas y media. Que el Estado me explique cómo en una finca de comuneros haya 20, 30 acometidas en una finca que nadie está segregada”, subrayó el perito.
En horas de la tarde, la Comisión de Recursos Naturales interrogaría a representantes de la AEE, AAA, Luma Energy, el DRNA y la Oficina de Gerencia de Permisos, así como la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla.
Al inicio de la vista, el presidente de la comisión, Edgardo Feliciano Sánchez, concedió a la representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, 24 horas para que presentara evidencia sobre denuncias de que el área de Bahía Jobos estaba controlada en parte por narcotraficantes vinculados a figuras políticas.
