El juez federal, Francisco Augusto Besosa firmó el miércoles, la orden sobre la moción de cierre de cuatro estipulaciones del caso civil 94-2080 (United States of America vs Commonwealth of Puerto Rico), tras cumplir más de un año en cumplimiento sustancial.
“Esta determinación de consenso entre el Departamento de Justicia Federal y la monitora asignada por el Tribunal Federal representa un logro para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Reconocemos la invaluable cooperación con el Departamento de Educación que laboran en equipo. De 300 estipulaciones ya se han completado 276″, dijo Ana Escobar Pabón, secretaria del DCR en declaraciones escritas.
Las estipulaciones que se cerraron son relacionadas al área de normas de políticas y procedimientos, clasificación, Plan Educativo Individualizado y Servicios Educativos en verano. Sobre el área de nomas de políticas y procedimientos se establece que el DCR provea un manual de procedimientos y políticas de la agencia donde se expongan los aspectos operacionales de las instituciones. Asimismo, luego de 18 meses de cumplimiento sustancial el DCR garantizará que las instituciones cumplan con esas políticas y procedimientos y el adiestramiento de personal.
De otra parte, en el área de clasificación, el DCR establecerá métodos para asegurar que los menores sean clasificados en un lugar menos restrictivo acorde con las reglas de seguridad pública. Anualmente, la agencia deberá revisar estos métodos y de ser necesario, atemperarlos de acuerdo a los hallazgos en el proceso de validación.
En cuanto al área de Educación y Educación Especial el DCR cumple con identificar a los menores con alguna discapacidad (rezago) educativa y solicita al Departamento de Educación (DE) de forma inmediata un Programa Educativo Individualizado (PEI). La agencia implementa el plan con las recomendaciones del DE y si identifica que el mismo no atiende la realidad educativa del menor, garantiza una nueva evaluación.
Los servicios educativos se le brindan al menor durante todo el año escolar, los cinco días de la semana a tiempo completo y, aquel menor, que cuenta con el PEI se le honran los derechos correspondientes.
“Me siento muy satisfecha con el trabajo realizado por el departamento para cumplir con las estipulaciones de este caso a favor de nuestros menores. La política pública de este gobierno es dar énfasis al tratamiento y rehabilitación de la población adulta y juvenil y esto es muestra de nuestro compromiso”, sostuvo la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón.
En el 1994, el Departamento de Justicia Federal señaló 300 estipulaciones por violación a derechos constitucionales de los menores bajo la custodia del DCR. De éstas, se completaron 276. El DCR continuará trabajando arduamente para cerrar las tres estipulaciones adicionales.
