La Junta de Control Fiscal (JCF) notificó en una misiva reciente al gobernador Pedro Pierluisi que el presupuesto sometido para el año económico 2022-2023 incumple con las disposiciones del plan fiscal al excederse por unos $100 millones de los objetivos fijados por el organismo, una postura que, en principio, impactará las asignaciones propuestas para los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Entre las principales áreas de incumplimiento, la JCF identificó el propuesto subsidio de $164 millones del gobierno central al Plan Vital para cubrir la porción que deben aportar los municipios, así como las asignaciones que el ejecutivo solicitó para el Fondo de Equiparación.
En el caso del Plan Vital, la JCF dispuso que la partida gubernamental no puede exceder de $35 millones, lo que deja una diferencia de $129 millones. Por otro lado, la administración de Pierluisi solicitó incrementar de $101.9 millones a $145.9 millones la aportación del gobierno central a los ayuntamientos, propuesta que la JCF catalogó de “inconsistente” con la intención del plan fiscal de eliminar paulatinamente el Fondo de Equiparación.
Con relación a las aportaciones a los municipios, la JCF puntualizó que el presupuesto contempla una partida de $58 millones para cubrir los gastos de manejo de desperdicios sólidos, que se suman a los $44 millones que se destinarían al Fondo de Equiparación.
Para la UPR, la JCF dispuso en la misiva que solo podría recibir un aumento condicionado de $40 millones, en lugar de los $69 millones solicitados por el mandatario, que hubieran elevado las asignaciones gubernamentales a $619.9 millones.
“El 50% del aumento estará condicionado a que la UPR cierre su Plan de Beneficios Definidos a los nuevos miembros y a que se transfieran los empleados no-cualificados (con menos de 10 años de servicio) a un Plan de Contribución Definida. El 50% restante del aumento se condicionará a que la UPR implemente exitosamente el programa piloto de servicios compartidos”, indicó la carta firmada por David Skeel, presidente de la JCF.
El pasado 17 de marzo, al hacer público su presupuesto recomendado, que incluye gastos con cargo al Fondo General por $12,573 millones, Pierluisi había dicho que no anticipaba mayores choques con la JCF. En aquel entonces, mencionó que la cifra global del presupuesto general coincidía con las disposiciones del plan fiscal, si bien podía haber diferencias en los renglones particulares de las asignaciones a diversas agencias y corporaciones públicas.
“No queremos estar batallando más de lo necesario. Estamos aceptando el número de la Junta para agilizar el proceso, pero estamos estableciendo las prioridades que nuestra gente tiene presente. Invirtiendo en el capital humano del gobierno, lo que no hacía hace mucho tiempo. La razón por la que lo podemos hacer es porque estamos dejando la quiebra atrás”, dijo Pierluisi en aquel momento, acompañado del secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco.
Sin embargo, en su escrito la JCF señala que el presupuesto general debe mantenerse dentro de los $12,473 millones, unos $100 millones por debajo de la solicitud del gobierno.
El presidente de la JCF señaló que el ente analizó cada una de las partidas en conjunto con la documentación de respaldo provista por el gobierno, así como las conversaciones que han sostenido las partes. Según Skeel, el gobierno de Pierluisi debe someter una versión revisada del presupuesto en o antes del próximo lunes, 2 de mayo.
La carta de la JCF, con fecha del 22 de abril, identifica en total unas 65 partidas del presupuesto recomendado que se encuentran en violación del plan fiscal, entre las que se incluyen partidas destinadas a agencias o propósitos tales como el Departamento de la Familia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Reserva de Pensiones, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Centro de Diabetes, el sistema ‘pay-go’ para las pensiones, los pagos de liquidaciones a empleados públicos y un programa de reclutamiento de gerentes de proyectos.
En varias instancias, Skeel reclamó que el gobierno no había presentado suficiente información para justificar las partidas.
Aunque casi la totalidad de las violaciones identificadas por la JCF corresponden a asignaciones mayores a las contempladas en el plan fiscal, el ente igualmente señaló dos partidas que quedaron por debajo de los parámetros delineados: las aportaciones destinadas al financiamiento del Plan Vital ($55.5 millones menos) y a la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), a la que el gobierno propuso eliminarle todo el subsidio de $178.8 millones.
“Eliminar el subsidio para las operaciones de la ACT crearía déficits significativos en los activos independientes de los peajes y afectaría las operaciones”, apuntó la JCF.
La JCF también se opuso a que se redujera en casi $10 millones el presupuesto para mejoras capitales, al sostener que “el gobierno debe tener recursos adecuados para financiar proyectos críticos que se han identificado, que estuvieron en exceso de las cantidades que inicialmente se fijaron como objetivo”.
Si las proyecciones de gastos y recaudos para este año fiscal se concretan, el presupuesto para el año 2022-2023 debería ser el segundo balanceado desde la imposición de la JCF en 2016. La Ley Promesa exige como requisito para la salida de la JCF que todas las entidades supervisadas por el organismo –incluyendo el gobierno central– completen al menos cuatro años de presupuesto balanceados.
