Un juez del Tribunal de Guayama citó a las partes demandadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el caso de desahucio de Bahía Jobos a comparecer a una vista inicial el lunes de 6 de junio.
La vista, que se realizaría mediante videoconferencia, se celebraría luego de que los demandados sean emplazados por el DRNA, que esta mañana radicó la petición para que el tribunal someta una sentencia declaratoria ratificando el derecho propietario del gobierno sobre los terrenos de la Reserva Estuarina de Bahía Jobos, así como el desalojo de las personas que, por años, han ocupado la zona sin autorización.
En la orden del juez Josian J. Rivera Torres, se precisa que el DRNA deberá emplazar a los demandados en o antes del 18 de mayo a las 5:00 p.m.
“Una vez emplazada la parte demandada, se le concede el término de 10 días para presentar su alegación responsiva. Se apercibe a la parte demandada que de no comparecer a la vista señalada, el Tribunal podrá conceder el remedio solicitado sin más citarle ni oírle”, añade la citación judicial.
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La demanda nombra a 12 personas que en algún momento desde 2012 mantuvieron control de determinados predios dentro del área protegida.
Las 12 personas nombradas en la demanda son Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Grecy Marie Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz.
“Aquí hay de todo. Hay (personas que ocupan terrenos ilegalmente) desde 2012, 2015, 2017. Lo más lejos que nos vamos es al 2012″, explicó ayer la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, en una mesa redonda con varios medios de comunicación.
La funcionaria añadió que algunos de los demandados aprovecharon el contexto de emergencias como el huracán María y la pandemia del COVID-19 para “avanzar” las construcciones ilegales.
Entre los daños que el gobierno reclama en la zona ocupada, de unos 7.13 acres, figura el relleno del humedal y la tala de manglares, además del levantamiento de estructuras ilegales.
Preliminarmente, el DRNA estima el costo de restaurar el hábitat en unos $4 millones, aunque la cifra no podrá determinarse hasta que la agencia pueda realizar los estudios del suelo, adelantó ayer Rodríguez Vega.
En la demanda, el gobierno precisó que buscará cobrar a los demandados el costo que, en última instancia, impliquen las labores de mitigación.
Además de los predios ocupados por los 12 demandados identificados, Rodríguez Vega señaló que hay unas ocho segregaciones que, en este momento, no se pueden atribuir a personas específicas.
“Hay unos (espacios) que quizás tienen las verjas galvanizadas pero no hay nadie ahí adentro ni hay evidencia de que haya alguien. […] Son espacios que alguien puso una verja, removible o no, pero no hay nada que me pueda identificar quién es esa persona. Son 12 (espacios) con personas que hemos podido identificar, porque en un espacio pudiera haber más de una persona”, dijo Rodríguez Vega.
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