El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reconoció hoy durante una vista pública del Senado que desconoce el decreto del que ha gozado el empresario estadounidense Aaron Vick, cuya empresa está acusada del escándalo de pruebas de COVID fatulas y que tampoco no se ha auditado.
La admisión surgió luego de cuestionamientos de la senadora María de Lourdes Santiago en la vista pública donde se discute el proyecto 684 que busca enmendar las leyes 60 y 22 para exigir un mínimo de inversión a quienes reciban decretos contributivos locales. Santiago le preguntó si los decretos se auditan y si ya se le había realizado una auditoría a Vick.
La senadora @marialourdespip confrontó al DEC sobre si estos decretos contributivos se auditan. DEC NO sabía del decreto del que ha gozado el empresario estadounidense Aaron Vick, cuya empresa está acusada del escándalo de pruebas de COVID fatulas. pic.twitter.com/Xo95C9HnzR
— Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) May 9, 2022
“De las noticias más impactantes en este país ha sido el escándalo de las pruebas de COVID. Esta persona sale en primera plana. Y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio si yo no se lo digo en una vista pública no se enteran”, señaló.
Al momento, el decreto de Vick sigue vigente. Aaron Vick junto a Juan Maldonado, eran representantes de la empresa Apex General Contractors, en la compra fallida de pruebas rápidas de COVID-19 a inicio de la pandemia en el 2020 por $38 millones. A pesar de esta investigación, dos meses después Vick obtuvo un decreto de Ley 22.
