Desde el CPI
En el Residencial José A. Aponte en Aguadilla todo es incertidumbre. Mientras la Administración de Vivienda Pública (AVP) lo tiene en su lista para una posible demolición por estar en zona inundable, los residentes no conocen los pormenores o a dónde irán a vivir.
Ana María Esteves, quien vive en este residencial hace 58 años, asegura que se enteró de la posible demolición por comentarios de los vecinos, pero que al momento la compañía American Management, que administra el proyecto de vivienda que ha sido su hogar por toda “una vida”, no le ha dicho nada sobre estos planes.
Con ella coincidió Wilfredo Benejan Acevedo. Él escuchó de las intenciones del Gobierno por comentarios de la gente y por la radio. Está preocupado, aseguró, ya que lleva 40 años viviendo allí, junto a su madre. Otros familiares también viven en el residencial. Si finalmente tiene que irse, espera al menos poder quedarse en Aguadilla.
Esta preocupación la recibe constantemente Ana Carrero, presidenta del Consejo de Residentes de ese residencial, cuando los vecinos se le acercan preocupados por la posible demolición y por dónde irán a vivir. El 10 de abril se reunió con el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, y con el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, para hablar del asunto en las oficinas centrales de la agencia en San Juan. Allí le indicaron que la decisión final de lo que ocurrirá con el residencial puede darse pronto o puede tardar años.
A pesar de estar en la lista de demolición de la AVP, este proyecto no cuenta todavía con la aprobación de demolición del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), que costearía la demolición. Además, el secretario Rodríguez dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que la demolición podría evitarse si se realizan trabajos de canalización del Río Culebrinas.
Rodríguez dijo que ya tuvo una primera reunión con el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU. (USACE, en inglés), que cuenta con dinero asignado por el Congreso federal para hacer estos trabajos de canalización. Sin embargo, indicó que se reunirá nuevamente con USACE, igualmente con HUD y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “para saber qué alternativas” tienen para el residencial. Lo que está por verse, según Rodríguez, es “si eso es una medida que va a mitigar y que va a eliminar la condición de inundabilidad y puede permanecer la estructura, o si, por el contrario, permanece el peligro inminente en la comunidad que requiera la demolición y realojo de la comunidad en otro lugar”.
Si prevalece la opción de la demolición y HUD la aprobara, la AVP dijo que las familias serían reubicadas en otras opciones de vivienda pública, a través de vales bajo el Programa Sección 8 o en otras unidades disponibles. El Plan Anual de la AVP contempla que la demolición de estas unidades se realice en el año fiscal 2022-2023.
Rodríguez explicó que, cuando un residencial tiene un problema de inundación y está cobijado por FEMA, el proyecto a ser demolido debe ser reemplazado por otro u otros proyectos con la misma cantidad de unidades en otro lugar donde no sea inundable. HUD también tiene que aprobar el lugar donde se hará el nuevo proyecto, que no puede ser en un sitio aislado, sino que tiene que estar cerca de instalaciones médicas y comercios, indicó.
Sin embargo, no dio mayores detalles de dónde estarían haciendo el nuevo proyecto.
Al igual que el Residencial José A. Aponte, la AVP planifica la demolición de los residenciales Los Peña (San Juan), Los Cedros (Trujillo Alto), Alturas de Ciales y Dos Ríos (ambos en Ciales), cinco edificios de la planta baja del Residencial Nuestra Señora de la Covadonga (Trujillo Alto), un edificio del Residencial Villas del Cafetal (Yauco), cuatro edificios del Residencial Padre J. Nazario (Guayanilla), Mattei III (Jayuya) y Brisas del Mar (Salinas)
En Puerto Rico hay 328 proyectos de vivienda pública, según Salgado Colón. En estos viven aproximadamente 100 mil personas, de acuerdo con datos recientes de HUD. Un total de 1,169 unidades de vivienda están en la lista de demoliciones. En estas unidades a ser demolidas todavía viven 492 familias.
El CPI pudo constatar que personas que vivieron en estos residenciales en vías de demolición no han sido informados de los planes del Gobierno ni se les han provisto opciones de vivienda mientras se dan los procesos de demolición. Algunas de estas personas viven actualmente en condiciones precarias.
Según información suministrada por la AVP, una vez se demuelan los residenciales Los Peña y Los Cedros, se planifica la construcción de complejos de ingresos mixtos en esa área, al igual que en Torres de Sabana, residencial en Carolina que comenzó a demolerse el año pasado. Ambos residenciales serían demolidos por estar obsoletos. Estos ya cuentan con el permiso de HUD.
Además, la AVP aseguró que para los demás proyectos (Brisas del Mar, José Aponte, Alturas de Ciales, Dos Ríos, Padre Nazario) se contempla el desarrollo de nuevas unidades de vivienda pública para reemplazar las que sean demolidas.
“El complejo [Los Peña] tiene más de 40 años de construido y presenta las siguientes condiciones: la degradación y los defectos causados por el envejecimiento, el desgaste y la intemperie, así como la fatiga de los materiales y estructuras. Además, el proyecto presentaba problemas de desbordamiento del sistema de alcantarillado sanitario y serios problemas de erosión, afectando la calidad de vida de los habitantes debido a la actual condición de las unidades”, dijo la AVP en declaraciones escritas. Esta demolición será costeada con fondos de HUD, añadió.
En el caso del Residencial Los Cedros, cuyos 18 pisos fueron construidos hace unos 50 años, la AVP asegura que este “mantiene un sistema eléctrico y de plomería en avanzado estado de deterioro” y además, tiene fallas estructurales en los edificios. “Para atender dichas fallas se evaluó la posibilidad de realizar una rehabilitación de los edificios mediante un retrofit comprensivo, [un estudio de costos donde se determina si es costo-efectivo hacer un arreglo o si por el contrario es mejor hacer un reemplazo]. Sin embargo, dicha solución [la rehabilitación] no resulta ser costo-efectiva”, según la AVP.
Por otro lado, los cinco edificios del Residencial Nuestra Señora de la Covadonga que serán demolidos, según la AVP, sufren continuos desbordamientos sanitarios, por lo que afectan la salud y calidad de vida de los residentes.
En el caso de los residenciales Mattei III en Jayuya, Brisas del Mar en Salinas, y Alturas de Ciales y Dos Ríos, en Ciales, la AVP indicó que serán demolidos por razones de seguridad, por estar en zonas inundables. Sin embargo, hasta ahora solo los residenciales de Ciales cuentan con el permiso de demolición de HUD. La AVP construirá un proyecto de vivienda en el municipio de Ciales para reubicar las 110 familias que residen allí, las que actualmente se encuentran viviendo en otros residenciales o recibieron vales bajo el Programa Sección 8.
Matei III colinda por su parte posterior con el Río Grande de Jayuya, el cual se sale de su cauce durante eventos de lluvia y ocasiona inundaciones en las unidades del primer nivel de los edificios. El Plan de la Agencia propone que la demolición de estas unidades se realice para el año fiscal 2023-2024, el cual comienza el 1ro de julio de dicho año, indicó la AVP.
En el caso de los residenciales de Ciales, la AVP indicó que gran parte del lugar donde están ubicados es susceptible a inundaciones y que otra parte cae dentro de un área con 0.2% de probabilidades de ocurrir una inundación cada año. Tras el paso del huracán María, ambos residenciales sufrieron daños catastróficos por las inundaciones provocadas por el Río Grande de Manatí y uno de sus tributarios, el Río Cialitos en Ciales.
En Salinas, la AVP indicó que, según el Plan Anual de la Agencia, los trabajos previos a la demolición comenzarían en el año fiscal 2022-2023. La demolición sería en el año fiscal 2023-2024.
Según la Dra. Jennifer Santos, profesora en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, los residenciales que demolerán por estar obsoletos son un reflejo de la falta de mantenimiento durante años, lo cual ha sido una dificultad histórica del Departamento de la Vivienda.
“La historia básicamente es igual que con Las Gladiolas, que era la historia esa de que ‘íbamos a destruir este edificio que está obsoleto, condenado, lleno de males sociales y vamos a construir esta comunidad integrada, cohesiva’. Pero, la realidad es que el número de unidades de vivienda que se hace no es el número de unidades de vivienda que se necesita”, sostuvo Santos al recordar el caso del residencial Las Gladiolas, en la llamada Milla de Oro de Hato Rey, que fue implosionado en el 2011 para construir el complejo de ingresos mixtos Renaissance Square.
“Decirles a las personas que ‘vamos a crear algo donde tú vas a poder vivir’ es una mentira, porque históricamente lo que ha estado pasando es que, una vez se demuelen y se hace este complejo de ingresos mixtos, los residentes originales no pueden regresar”, sostuvo.
Explicó que, por ejemplo, si un residencial tenía 300 unidades de vivienda, al hacer un complejo de ingresos mixtos, el Gobierno hace la misma cantidad de viviendas pero no todas son para las personas que vivían en el residencial, como ocurrió con los residentes de Las Gladiolas. Un proyecto de ingresos mixtos implica que pueden vivir personas de ingresos bajos, medianos y mercado privado.
Además de obsolescencia y problemas de inundaciones, partes de los residenciales Villas del Cafetal y Padre J. Nazario serán demolidas por sufrir daños tras los sismos que afectaron mayormente la zona sur de Puerto Rico, en 2020.
Un ingeniero estructural determinó que el edificio número 8 del Residencial Villas del Cafetal, que consta de nueve casas, sufrió daños que consisten en desprendimientos severos de paredes de bloque y grietas horizontales, además de separación entre las paredes y las losas de techo. La demolición del edificio es necesaria debido a su avanzado deterioro, aseguró AVP. Las unidades afectadas y declaradas no habitables fueron desocupadas y los residentes reubicados en otras unidades de vivienda pública. La demolición será costeada con fondos de HUD.
El Residencial Padre J. Nazario, en Guayanilla, que también está en zona inundable, tuvo daños en los edificios 11, 12, 13 y 14 tras los eventos sísmicos ocurridos en la zona suroeste. Estos edificios actualmente están desocupados, según la AVP.
La agencia dijo que se encuentra en proceso de contratación de la firma de diseño, que prepará los documentos necesarios para presentar la solicitud de demolición a HUD. Una vez obtenida la aprobación de HUD, las familias serían reubicadas por medio de vales bajo el Programa Sección 8 y en unidades de vivienda pública disponibles. Conforme al Plan de la Agencia, la demolición de este proyecto se contempla para el año fiscal 2022-2023. Hasta la fecha se proyecta que la demolición será costeada con fondos de HUD.
La AVP indicó que estos edificios del Residencial Padre J. Nazario están desocupados, puesto que, debido a la declaración de desastre por los eventos sísmicos, pudieron activar los traslados de emergencia y otorgación de vales por el Programa Sección 8.
“Gracias a esto, se pudieron desalojar dichos edificios y otorgarles a las familias una vivienda segura, decente y salubre. Luego de este desalojo de emergencia, comenzó el proceso de evaluación de los edificios, lo que dio paso a solicitar la demolición”, indicó la AVP.
Agregó, que una vez aprobada la demolición, los vales de protección estarán disponibles para aquellas familias de estos edificios que fueron reubicadas de emergencia bajo la declaración de desastre. “Una vez otorgados estos vales de protección, las familias podrán solicitar el pago de fianza y mudanza para sus unidades alquiladas en el mercado privado, utilizar el vale en los Estados Unidos, sin tener que esperar el término regular de vivir bajo Sección 8 en la jurisdicción de Puerto Rico por lo menos 1 año, y podrán regresar a la unidad que se construya nuevamente si este decide que su realojo no es permanente”.
Según datos recientes de HUD, en Puerto Rico hay 33,573 unidades de vivienda disponibles bajo el Programa de Sección 8, de las cuales el 89% están ocupadas.
Historial de promesas incumplidas a los residentes provoca desconfianza
Mirta Colón, líder comunitaria y residente del complejo Renaissance Square en Hato Rey, aseguró al CPI que en el nuevo complejo de ingresos mixtos, donde según el Gobierno les debían dar prioridad a los antiguos residentes de Las Gladiolas, solo viven 12 familias de las que originalmente vivían en el residencial.
“Tengo que decirte, con unas ganas de llorar terribles, que el compromiso como tal estaba para 125 familias… Aquí, en este complejo, que estén bajo Vivienda Pública…solamente hay 12 familias”, dijo.
Eran 15 casos. Uno está en el mercado privado y el otro se mudó al complejo de vivienda de ingresos mixtos Bayshore Villas en Puerta de Tierra, agregó.
Todo el proceso para moverse al nuevo complejo “estuvo plagado de engaños”, aseguró Colón.
¿El Gobierno les incumplió las promesas y los acuerdos que les hicieron a los residentes?, preguntó el CPI.
“Claro que sí, claro que sí. Nos ocultó información, sobre todo eso: ocultar información”.
“Nadie nos dijo que este desarrollo iba a ser bajo una APP [Alianza Pública Privada]”, explicó Colón, quien dijo además, que los requisitos para entrar al nuevo complejo implicaban que los residentes tuvieran menores ingresos, comparado con los requisitos que tenían mientras vivían en Las Gladiolas.
Indicó que hubo residentes que solicitaron para vivir en el nuevo complejo, pero no se les permitió. Uno de estos casos es el de una enfermera retirada con ingresos de $1,200 de su pensión y beneficios del Seguro Social. “Se le negó la entrada al complejo porque se excedía de los límites de ingresos, pero actualmente ella vive en vivienda pública”, dijo.
Mencionó además, el caso de una madre con sus dos hijos que tampoco cualificó para entrar al nuevo complejo porque se excedía del límite de ingresos, pero actualmente vive en un residencial.
También recordó el caso de un joven, que era el líder recreativo de Las Gladiolas, que tampoco pudo entrar porque tenía un empleo a tiempo completo en el que ganaba $8 la hora.
El caso más triste, según Colón, fue el de un adulto mayor de Las Gladiolas. Por tres dólares al mes se excedió de los límites para ser elegible a una vivienda en Renaissance Square. “Por $36 anuales él no tuvo la oportunidad de venir a lo que fue su comunidad de toda una vida”.
Le ofrecieron irse al mercado privado, que significa pagar renta regular. “Dime tú si con $1,200 al mes tú puedes pagar una vivienda de $625 más las utilidades (agua y luz)”, cuestionó Colón.
Mencionó que actualmente no hay una ley que disponga que, tras la demolición de un residencial, se tenga que construir otro, lo que catalogó como “peligroso” para las personas en desventaja económica.
La compañía McCormack Baron Salazar desarrolló el complejo Renaissance Square, seleccionó a los inquilinos y también lo administra.
Está compañía luego construyó otros complejos de ingresos mixtos que sustituyeron residenciales públicos: Bayshore Villas en Puerta de Tierra y Emerald Vista en Caguas, el que consiste de unidades de vivienda familiares y una residencia para adultos mayores.
Carolyn Sánchez, líder de “Puerta de Tierra no se vende”, aseguró que en Bayshore Villas, complejo que sustituyó al Residencial Puerta de Tierra, solo viven ocho de las 484 familias que vivían en el residencial.
“Desde el 2000, lo que estamos viendo son desplazamientos, y continuaron con mentiras, y ha sido año tras año. Estamos en un lugar estratégico, privilegiado, y quieren sacar a la gente pobre del barrio para meter gente millonaria, inversionistas, y con esto de la Ley 22 está todo acaparado”, sostuvo Sánchez.
La Ley 22 promociona que inversionistas extranjeros se establezcan en Puerto Rico con exenciones de pago de contribuciones.
Sánchez, junto al grupo “Puerta de Tierra no se vende”, han denunciado que han recibido cartas de realojo por parte de la AVP, especialmente en el Residencial Parque San Agustín de Puerta de Tierra donde ella reside, por unas alegadas mejoras que estaría haciendo la AVP en los edificios. Dijo que la AVP le informó sobre los realojos a los adultos mayores de la comunidad, pero no así al resto de los residentes. Estos adultos mayores fueron quienes les dejaron saber a los líderes comunitarios lo que estaba ocurriendo. El temor entre los residentes de Puerta de Tierra de ser removidos de su comunidad los ha llevado a unirse y luchar por sus derechos.
Según ella, primero les dijeron que los arreglos son porque unas escaleras tienen daño estructural. Luego les dijeron que el problema era en los techos, mostrando una inconsistencia en las razones por las que van a hacer las mejoras.
Sin embargo, la comunidad permanece alerta. Ellos temen ser desplazados como ha ocurrido en el pasado con residentes que fueron realojados y nunca regresaron. Ese fue el caso de José Luis Vélez Camacho.
El líder comunitario de Puerta de Tierra, quien actualmente vive en Santurce, aseguró que a los residentes los engañaron. Les dijeron que serían reubicados en otros residenciales mientras construían Bayshore Villas, pero nunca regresaron. Tampoco los reubicaron en el Residencial Puerta de Tierra II, el que fue remodelado en el 2018.
“Me pusieron 60 mil obstáculos [para regresar a Puerta de Tierra]. La gente que regresaron se pueden contar con la mano”, dijo Vélez Camacho.
“Eso no se va a quedar así… Nosotros vamos a pelear por nuestra tierra, nuestro sitio, nuestra familia, nuestros hogares, nosotros lo vamos a pelear con uña y carne. Vamos a echar para alante porque es de nosotros esto”, dijo Vélez Camacho.
“Tú nos llevas a otro lugar que no conocemos, nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir mal, yo y todos los que estamos aquí nacimos en Puerta de Tierra y aquí nosotros queremos morir, no queremos morir en el extranjero. Nosotros no queremos ser extranjeros en nuestra propia patria. Aquí quieren cambiar nuestro barrio. En vez de llamarse Puerta de Tierra, quieren cambiarlo ahora para West Condado. Están equivocados. Aquí nosotros vamos a resistir y vamos a seguir luchando por nuestro barrio”, dijo por su parte Jorge Luis González, residente del Residencial San Antonio, también de Puerta de Tierra, luciendo con orgullo una camiseta que leía “Puerta de Tierra de corazón”.
Allí, dijo, hay ocho apartamentos para personas con impedimentos que están vacíos desde antes del huracán María, lo que para él es una manera de desplazamiento. “Están esperando que se sigan deteriorando los apartamentos” para luego decir que tienen que demolerlos, indicó.
“Este proceso de reubicación se llevó a cabo con el propósito de restaurar estas unidades y atemperarlas a las exigencias federales de reglamentos y leyes para la accesibilidad de personas con impedimento”, dijo el administrador de Vivienda Pública, Salgado Colón en declaraciones escritas al CPI.
Agregó que “los trabajos no se han adjudicado pues se han llevado a cabo dos subastas en las cuales los proponentes han presentado presupuestos que sobrepasan lo establecido. A este momento, nos encontramos revaluando las últimas propuestas o si es necesaria una nueva subasta para proceder con la remodelación contemplada y así hacer accesible estas unidades a personas que así lo necesiten”.
González lamentó la pérdida de servicios que ha sufrido la comunidad, ya que antes había una institución bancaria, un correo, escuelas, ferretería, instalaciones deportivas, entre otras.
“Esto es una boca de lobo, aquí no hay seguridad, aquí no hay nada. ¿Por qué pasa? Es una manera de sacarnos a patadas poquito a poquito sin estos servicios”, dijo González.
Jonathan Colón Reyes, residente de Bayshore Villas y líder comunitario, aseguró que el Gobierno incumplió el compromiso de que los vecinos del Residencial Puerta de Tierra regresarían para vivir en Bayshore Villas. Incluso, dijo que la cantidad de viviendas que hicieron en Bayshore Villas y en Puerta de Tierra II no compensan la cantidad que había antes en el Residencial las Acacias, que fue demolido en el 2000 y construido en su lugar el Residencial Puerta de Tierra II, y el Residencial Puerta de Tierra. Según el joven, en Las Acacias vivían más de 600 familias; y en Puerta de Tierra, 484. Actualmente, Bayshore tiene 174 unidades de vivienda (originalmente se publicó que eran 484 unidades y el 2 de septiembre del 2022 se corrigió), de las que solo viven 8 familias de Puerta de Tierra mientras que en Puerta de Tierra II, solo 70 de las 85 unidades son ocupadas por residentes del desaparecido residencial.
Colón Reyes aseguró que cuando fue demolido el Residencial Puerta de Tierra el compromiso de retorno para Bayshore Villas fue para 150 familias.
Laura Mía González, quien forma parte del grupo comunitario, dijo que el 8 de abril se reunieron con Omar Figueroa, administrador asociado del área de selección y ocupación de la AVP, a quien le solicitaron que les dejara saber cuál era el plan de la AVP para el Residencial Parque San Agustín y les indicó que el residencial iba a ser desalojado dos edificios a la vez. Quedaron en que irían al lugar con el Administrador de Vivienda Pública después de la Semana Santa. “Todavía los estamos esperando”, aseguró.
Mencionó además, que en esa conversación la agencia les indicó que no enviaría más cartas de realojo a los residentes de Parque San Agustín hasta que el grupo estuviera conforme con el plan. Sin embargo, luego de la reunión, otra residente recibió una de estas cartas.
A preguntas del CPI sobre en qué forma estarían asegurando que los residentes no serán desplazados ante la compra de propiedades en esa zona por parte de inversionistas, la AVP indicó que: “Los residenciales en Puerta de Tierra, incluyendo Parque San Agustín, no están en planes de demolición ni cuentan con autorización por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal para demolición o disposición”.
La AVP indicó además que: “El personal de la AVP, incluyendo al Secretario [del Departamento de la Vivienda] y al Administrador, se ha reunido con la comunidad de Parque San Agustín en varias ocasiones con el propósito de orientar sobre los trabajos a realizarse en las escaleras del proyecto y el realojo temporero necesario para realizar dichas reparaciones”.
Reparaciones a más de cuatro años de María
A finales de enero, FEMA y el Departamento de la Vivienda anunciaron $554 millones en fondos federales para reparar los residenciales públicos que fueron afectados por el huracán María. Para esta asignación, se usó la Estrategia de Obligación Acelerada (FAASt, en inglés), lo que permitió que se inspeccionara una muestra menor — 400 edificios —, para luego extrapolarlo al resto de los residenciales públicos, según explicó el administrador de Vivienda Pública, Salgado Colón.
Agregó que también están asignados otros $200 millones de fondos de FEMA, pero no bajo la iniciativa de FAASt, sino bajo el Modelo de Entrega Nacional, que es otro modo de trabajo que implementó FEMA para los proyectos de recuperación.
El administrador de AVP, Salgado Colón, indicó que actualmente está en pie la subasta de los primeros proyectos que fueron aprobados bajo el Modelo Nacional en el 2020: Parque Sultana, en Mayagüez; Rincón Taíno, en Santa Isabel; y Las Muñecas, en Aguadilla. Estos serían los primeros residenciales que repararían. A pesar de no tener ninguna compañía contratada a finales de marzo, Salgado Colón aseguró que comenzarán los trabajos en verano de este año.
Salgado Colón dijo que están en un proceso de subastas para la contratación de gerentes de proyecto, quienes estarían a cargo de la coordinación, las subastas y contrataciones, además de supervisar los trabajos alrededor de todo Puerto Rico.
Aseguró que estas reparaciones en los residenciales afectados por María no requerirían el realojo de residentes porque consistirán en tratamientos de techo, pintura y reparación de áreas comunes.
