El presidente de la Legislatura Municipal de Vega Alta, José A. Laureano Martínez, la secretaria Karen Y. Agosto Bruno y la legisladora Brenda Rubio Mena están bajo la lupa del Departamento de Justicia ante la alegación de que alteraron documentos públicos para evitar una querella ética contra la última por votar en una medida relacionada a su profesión.
La pesquisa en Justicia nace de una querella radicada el 14 de marzo por el legislador municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ángel Sánchez Acevedo, que acompañó con el tracto documental que plantearía la alteración de un acta de votación del cuerpo legislativo a nivel municipal. En Vega Alta, la Asamblea Municipal está dominada por el Partido Popular Democrático (PPD), mientras la alcaldesa, María Vega, milita en el PNP. Sánchez Acevedo declinó hablar con Metro por instrucciones de fiscales en la División de Integridad Pública de no hablar sobre el caso.
Este diario supo que el querellante fue entrevistado en días pasado en la sede central del Departamento de Justicia. El caso se evalúa con los documentos y declaraciones juradas para ser enviado a la Oficina del Panel de Exjueces del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
El origen de la controversia nace cuando la Legislatura Municipal buscaba expresar apoyo a mejorar las condiciones salariales y de retiro de los maestros del Departamento de Educación (DE) a través del Proyecto de Resolución Interna Núm. 47, Serie 2021-2022. La resolución fue aprobada unánimemente el 16 de febrero. Brenda Rubio Mena, quien es maestra en el DE, participó de la discusión y votación de la medida. El querellante alertó que la legisladora se beneficiaba económicamente de la medida. Alegó que Rubio Mena violó el Artículo 5.03 del Reglamento de la Legislatura Municipal.
Dos días más tarde, Rubio Mena presentó ante Agosto Bruno una comunicación en la que notificó que “se inhibe [de todo proceso relacionado al trámite y aprobación del Proyecto de Resolución Interna Núm. 47, Serie 2021-2022] y solicita a la secretaria de la Legislatura Municipal de Vega Alta que enmiende el Acta de la Sesión y la Certificación de Votación del Proyecto de Resolución Núm. 47, Serie 2021-2022. Y que haga constancia anejando este escrito al historial de la Resolución ya aprobada”. Añadió que lo hizo “como un acto de prudencia para evitar los ataques que de naturaleza política ya se iniciaron en mi contra, en la Sesión del 16 de febrero de 2022″.
Tras recibir la carta, el presidente y la secretaria firmaron otra versión de la Resolución Interna Núm. 26, Serie 2021-2022, estableciendo una nueva votación de 13 votos a favor, cero en contra y uno abstenido, el de Rubio Mena.
La legisladora municipal eje de la investigación reaccionó a Metro, al sostener que “un legislador tiene que abstenerse cuando va a obtener un beneficio único personal o algún pariente o algo que lo señale directamente. Cuando es un beneficio a nivel global, pues ahí no tiene por qué abstenerse. Yo entendía la ley y voté a favor e incluso me hice coautora de ese proyecto”. La educadora y asambleísta señaló que Sánchez Acevedo instó a que se creara una Comisión de Ética a nivel de la Legislatura Municipal sobre el mismo caso. “Después que se vieron todos los documentos, se determinó que incluso no tenía ni que abstenerme y quedó la carta de abstención eliminada”, indicó Rubio Mena.
El 4 de marzo Sánchez Acevedo revisó todo el expediente y al concluir que se trataba de una alteración de documentos públicos oficiales radicó querellas en el Departamento de Justicia y ante la OPFEI.
Se alega que la alteración de un documento público, con la intención de evitar la radicación de una querella ética, constituye violaciones al Reglamento de la Legislatura Municipal, al Código Municipal de Puerto Rico y al Código Penal de Puerto Rico, así como a la Ley de Ética Gubernamental.
