La Junta de Control Fiscal (JCF) tendrá hasta el 2 de junio para responder a una moción que solicita la descualificación de su principal bufete legal en Puerto Rico, O’Neill & Borges, debido a supuestos conflictos de interés no reportados al tribunal, lo que implicaría una violación a la Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act (Prrada), legislación aprobada más temprano este año.
En síntesis, la moción que presentó Carlos Lamoutte, representándose por derecho propio, sostiene que O’Neill & Borges prestó servicios a las empresas que en 2018 compraron la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico (BDE) a un 91% de descuento. Esta transacción, que transfirió a estas entidades préstamos valorados en más de $384 millones, está siendo impugnada por el BDE en los tribunales locales y derivó en que Luis Burdiel Agudo, pasado presidente de la institución, se declarara culpable de autorizar acuerdos en los que mantenía conflictos de interés.
Lamoutte, quien es abogado, puntualizó en su moción que la JCF se ha negado a divulgar la relación entre O’Neill & Borges con PR Recovery and Development JV LLC, Parliament Capital Management LLC, Parliament High Yield Fund LLC y Island Portfolio Services LLC, las firmas que adquirieron a descuento la cartera de préstamos comerciales emitidos por el BDE. De acuerdo con Lamoutte, la no divulgación violenta la Prrada, el estatuto impulsado por la congresista Nydia Velázquez con la intención de facilitar la identificación de conflictos de intereses en los casos judiciales tramitados a la luz de la Ley Promesa.
“De mala fe, con conocimiento e intencionalmente, O&B (O’Neill & Borges) excluyó a los Stalking Horse Parties (las cuatro firmas que adquirieron los préstamos) de la lista enmendada de Partes con Interés Material sometida por la Junta de Supervisión al Tribunal de Título III al amparo de Prrada”, lee la moción de Lamoutte.
Como remedios, Lamoutte exigió en el recurso presentado ante la jueza Laura Taylor Swain que se descualifique “permanentemente” a O’Neill & Borges de continuar representando legalmente a la JCF y se ordene la desautorización de las facturas ya presentadas por el bufete.
Swain, el pasado viernes, ordenó que las respuestas de las partes interesadas se presenten en o antes del 2 de junio, al tiempo que Lamoutte tendría hasta el 9 de ese mes para someter su réplica.
“El Tribunal entonces dará por sometida la moción, a menos que el Tribunal concluya que una vista es necesaria”, indicó Swain en la orden, que fue reportada inicialmente por la periodista especializada Eva Lloréns.
La moción de Lamoutte enfatizó que la JCF se ha negado a revisar el acuerdo pactado entre el BDE, bajo la presidencia de Burdiel Agudo, y las cuatro firmas financieras, a pesar de que las políticas del organismo fiscal disponen que todas las transacciones de más de $10 millones en que incurra el gobierno deben contar con su aval.
Entre las irregularidades que evidencia la venta de préstamos, de acuerdo con Lamoutte, figuran que PR Recovery no es un banco, institución financiera o compañía fiduciaria, según lo requiere la ley; que la transacción carecía del aval de la Junta de Directores del BDE, y que, en última instancia, el acuerdo era inconsistente con el Plan Fiscal del gobierno.
“La Junta de Supervisión ha sido continuamente aconsejada por sus asesores legales a que no tome ninguna acción con relación al Acuerdo de Venta de Préstamos, de esa forma beneficiando a los Stalking Horse Parties que son antiguos clientes de O&B”, indica la moción, que puntualiza que la identificación y divulgación de cualquier potencial conflicto de interés recae sobre las partes que intervienen en el caso de bancarrota, y no en el Síndico de los Estados Unidos o el tribunal que atiende la controversia.
“O&B no puede decidir unilateralmente las divulgaciones que desea realizar en el caso de Título III o cuándo realizarlas”, añade el recurso legal, que postula que, al prestar servicios tanto a la JCF –representante del gobierno central y sus corporaciones públicas en los casos de quiebra– como a las compañías que adquirieron los préstamos, el bufete se colocó en una posición “irreconciliable”.
Para el BDE, el organismo fiscal no ha presentado un caso de reestructuración de obligaciones bajo el Título III ni ha sido designado como una de las “entidades cubiertas” por la JCF. Las entidades cubiertas, además del gobierno central, son la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transporte, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas, el Banco Gubernamental de Fomento, la Compañía de Fomento Industrial, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y los 78 municipios.
En la copia del contrato de venta de préstamos que Lamoutte sometió a la jueza Swain, aparece como representante de O’Neill & Borges el licenciado Walter Alomar, también expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR.
O’Neill & Borges es el bufete para el que trabajó el gobernador Pedro Pierluisi luego de culminar sus dos términos como comisionado residente en 2017.
