Diez días después que el Departamento de Justicia anunciara que daría paso a una investigación preliminar sobre unos trabajos de asfaltado que su oficina coordinó mientras era senador, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, rompió el silencio y comparó las labores que realizó la compañía J.R. Asphalt en varios distritos de la capital con las que se ofrecen habitualmente a la ciudadanía en las “ferias de servicios” e insistió que la empresa –cuyos socios enfrentan cargos federales por soborno a funcionarios públicos– no derivó beneficio alguno por la función que realizó.
Asimismo, el alcalde, quien es objeto de la investigación preliminar junto a los representantes por distrito Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro, apuntó que el asfalto “sobrante” que se habría utilizado para tapar huecos en varias vías de la capital en los años 2019 y 2020 no había sido comprado con fondos estatales, federales o municipales.
“Ahí no hay ningún dinero de gobierno. Eso fue aclarado en el año 2020, que se había informado a la Oficina del Contralor Electoral, que yo había ayudado a facilitar que una entidad privada, de forma gratuita, en unas comunidades arreglara ciertas calles. Lo demás han sido especulaciones sin fundamento y base alguna. Esto ocurre como cuando se hacen ferias de servicios, que hay personas que si (se trata de) servicios a mascotas, dona vacunas, si hay servicios médicos, hay gente que dona distintas cosas, hasta sus propios servicios profesionales. Tú sabes cómo estaba San Juan después de 2017, hubo entidades que ayudaron a limpiar parques y otras que ofrecieron ayuda para ese tipo de reparación”, planteó Romero.
En una entrevista a finales de abril, el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, dijo a este medio que, previo a las elecciones generales de 2020, su oficina había atendido unas quejas sobre los anuncios que Romero, entonces senador y candidato a la alcaldía sanjuanera, había publicado respecto a las labores de asfaltado que se realizarían en múltiples comunidades.
Al archivar las quejas, la Oficina del Contralor Electoral concluyó que los anuncios no habían violado la veda electoral, pero no pasó juicio sobre si los trabajos de J.R. Asphalt constituían un donativo político ilegal, explicó Vélez Martínez.
Actualmente, el organismo encargado de fiscalizar las campañas políticas se encuentra realizando su auditoría sobre los candidatos a la alcaldía de San Juan, donde se atendería el tema del asfaltado gratuito.
Romero, en tanto, se sostuvo en que no hubo violación alguna de leyes al coordinar trabajos en calles municipales sin contar con el ayuntamiento, que el pasado cuatrienio era dirigido por Carmen Yulín Cruz, del Partido Popular Democrático (PPD).
“Es como cuando ves un ciudadano que tapa el mismo boquete. Fue algo parecido a eso. Yo creo que se está buscando, por algunos, generar una controversia donde no la hay. Aquí se informó todo a la Oficina del Contralor Electoral cuando hubo un requerimiento de información indagando sobre si eso era algún recurso gubernamental. Sencillamente no hay nada de eso”, indicó Romero a Metro luego de participar de una actividad cultural en la Plaza Colón del Viejo San Juan.
La denuncia ante el Departamento de Justicia que derivó en la investigación en curso fue presentada por tres excontrincantes de Romero por la alcaldía de San Juan: Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana; Rossana López, del PPD; y Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño.
Natal ha cuestionado públicamente cómo Romero y los otros legisladores de distrito del Partido Nuevo Progresista tenían conocimiento por adelantado de las fechas en que a J.R. Asphalt le sobraría asfalto para destinarlo a las calles capitalinas.
“Eso (el sobrante de asfalto) es la representación que se hacía. Yo parto de la buena fe de las entidades, igual que cuando había entidades que donaban sus tanques para llenar de agua las cisternas en égidas. Nosotros facilitamos que ellos pudieran hacer un trabajo”, manifestó Romero al preguntársele sobre la comunicación que su oficina mantenía con la asfaltera.
En noviembre pasado, Raymond Rodríguez Santos, uno de los socios de J.R. Asphalt, se declaró culpable de sobornar desde 2017 al exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado para que su compañía resultara beneficiada con contratos municipales. Su socio, Mario Villegas Vargas, también está acusado, pero en su caso optó por enfrentar el juicio federal.
¿Una compañía que incurría en este tipo de actos de corrupción realizaba estos trabajos de asfalto sin esperar nada a cambio?, se le preguntó a Romero.
“Eso pasó después y no creo que fue la compañía, fueron los socios de la compañía. Sencillamente, es normal, no es extraño que entidades privadas donen sus servicios a comunidades. Lo vemos todos los días”, expresó el ejecutivo municipal.
En el 2021, J.R. Asphalt ganó cuatro subastas del municipio de San Juan, aunque los contratos nunca llegaron a materializarse porque, según unas expresiones atribuidas al secretario del ayuntamiento, Noel Mercado, “la corporación incumplió con requisitos necesarios para el otorgamiento de los contratos”.
“Como consecuencia de esto, desde el 23 de septiembre de 2021, el Municipio tomó la determinación de no otorgar contrato alguno a dicha compañía en atención a la protección del interés público”, afirmó el secretario municipal en unas declaraciones circuladas el pasado 29 de abril.
J.R. Asphalt sí llegó a firmar un contrato con la Autoridad de Tierras el 29 de junio de 2021 para unas obras de pavimentación en el distrito 3, que representa Morales, a través del Fondo de Mejoras Municipales. Este fondo permite a los legisladores de distrito asignar fondos para obras y mejoras que se tramitan mediante la Autoridad de Tierras.
Romero, en su conversación con este medio, aseguró que no ha buscado asesoría legal tras conocer, 12 de mayo, que Justicia procedería con la investigación preliminar.
“Es un proceso que corresponde al Departamento de Justicia llevar a cabo”, dijo Romero, al añadir que no ha sido entrevistado por los fiscales de la agencia, que tienen 90 días para completar la investigación preliminar, término que se cumple a mediados de agosto, y referir los resultados al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
