Durante la vista pública del Proyecto de la Cámara 1303 (PC 1303), que propone garantizar el derecho al acceso a la información pública, el Departamento de Justicia aseguró que, aunque no se opone a la medida, considera que no toda la información que produce el gobierno debe ser pública.
La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, realizó la vista pública hoy para enmendar la Ley 141-2019 o “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”; y derogar la Ley 122-2019, conocida como “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”.
Los citados a la vista fueron el Departamento de Justicia, la Clínica Legal-Universidad Interamericana, Espacios Abiertos y Overseas Press Club.
“Según hemos mencionado, el derecho de acceso a la información pública se activa una vez la información solicitada es, en efecto, pública. En el análisis de la solicitud de información cobijada por la Ley de Transparencia, es pertinente realizar un examen de la totalidad de las circunstancias y la naturaleza de la información solicitada. No podemos pasar por alto cuál es el tipo de información a la que se refiere la Ley de Transparencia y que no toda la información que generan las entidades gubernamentales de debe compartir”, mencionó la Lcda. Vivian Catalá del Departamento de Justicia en su ponencia.
Este párrafo establece la posición de Justicia en cuanto a la información que produce el gobierno y si debe o no ser pública. A preguntas del representante Ortiz González, la licenciada indicó que cada caso es diferente así que no puede establecer exactamente cuál es la información que no se puede entregar.
Catalá también mencionó que Justicia no tiene un reglamento oficial aprobado para cumplir con las leyes 141 y 122 por lo que utilizan un borrador. Añadió que no se están negando a entregar información, ya que el borrador establece que una vez culmine un caso, se puede entregar.
Sin embargo, el representante Denis Márquez dijo que “es una barbaridad” que a cuatro años de aprobarse la ley todavía Justicia no tenga un reglamento, pues esta agencia es “el norte del gobierno en términos del ejercicio y de la protección de los derechos constitucionales”.
En otros temas, el Overseas Press Club y la organización Espacios Abiertos coincidieron en que se deben revisar las responsabilidades del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IE) ya que esta es la agencia encargada de implementar la ley.
“Si una preocupación es la capacidad de la agencia, el Departamento de Justicia en este caso, de atender el trabajo que correspondería determinar la información que se puede publicar y la que no, pueden cambiar también la forma de hacer las cosas porque eso es parte de los que nosotros queremos lograr. No solamente publicar, sino cómo trabajar para lograr que esa publicación sea más fácil”, sostuvo Ana María Salicrup de Espacios Abiertos.
Salicrup mencionó también que apoyan el tener un recurso especial simplificado que sea libre de costo y que esté más cerca del ciudadano para promover “que se creen los mecanismos, los conocimientos, la capacitación, la contratación de personas indicadas en el IE para no solamente atender esta controversia, sino que imponer las multas y velar por el cumplimiento que le impone esta ley, que de otra forma no se haría de una forma tan contundente”.
También se discutió el término de entrega de una información solicitada que, en la pasada vista pública, determinaron que tendría una reducción de 10 a cinco días.
Catalá expresó que una de las preocupaciones de Justicia es que, si los términos se acortan demasiado, vayan a tener más casos porque no puedan entregar la información en el tiempo delimitado. El representante Ortiz González aseguró que el tiempo es mas que suficiente para entregar la información.
