Los demandantes en el recurso que busca revivir la controversia sobre la elegibilidad de los residentes de Puerto Rico al Ingreso Social Suplementario (SSI) solicitaron al juez federal Francisco Besosa que levante la paralización del pleito judicial, que ha estado en vigor desde 2020, en tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvía el caso de Vaello Madero.
En el día de ayer, la abogada de los demandantes, Isabel Abislaimán Quílez, presentó la moción buscando el fin de la paralización, al tiempo que replicó a la oposición que sometió el pasado viernes el gobierno federal. En la moción del viernes, el Departamento de Justicia estadounidense se opuso a que la demanda se enmiende la a la luz de la decisión del Supremo en Vaello Madero, y solicitó la desestimación del caso.
¿Qué dice el gobierno federal?
A pesar de que la administración de Joe Biden se ha expresado a favor de que se le extienda a Puerto Rico el beneficio del SSI, el Departamento de Justicia dio curso a la apelación del caso Vaello Madero que se había iniciado bajo Donald Trump y ahora se ha opuesto a los esfuerzos del grupo de 12 demandantes que buscan que la controversia se certifique como un pleito de clase.
En primer lugar, los abogados de Justicia plantearon que la enmienda a la demanda es prematura, pues el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico no ha levantado la paralización que concedió mientras se resolvía Vaello Madero. Asimismo, argumentaron que, en todo caso, las enmiendas a la demanda son un ejercicio “fútil”.
“Las enmiendas propuestas por el demandante no subsanan el defecto fundamental de esta demanda –específicamente, que (la controversia) ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en su decisión en Estados Unidos v. Vaello Madero. El Tribunal, por lo tanto, debe denegar la moción del demandante”, sostuvo el gobierno estadounidense el 27 de mayo.
En Vaello Madero, el máximo foro concluyó el pasado 19 de abril que el Congreso tiene discreción para dejar fuera de los beneficios del SSI a los residentes de los territorios, tal como lo expresa la ley que creó la asistencia dirigida a personas que no tienen la capacidad de generar su propio sustento.
“La base para la paralización en este caso dejó de existir”, indicó, por su parte, la licenciada Abislaimán Quílez.
Los demandantes, encabezados por Emanuel Rivera Fuentes, alegan que su recurso trae a la mesa elementos que no fueron considerados por el Tribunal Supremo o los foros inferiores que atendieron el caso de José Luis Vaello Madero, un ciudadano estadounidense que continuó cobrando los beneficios del SSI tras mudarse a Puerto Rico ante la inadvertencia de ese hecho por parte de la Administración del Seguro Social (SSA).
“Los demandantes alegan su ciudadanía, que sus derechos de ciudadanía los protegen de discriminación y que la Cláusula Territorial no disminuye sus derechos constitucionales, privilegios e inmunidades como ciudadanos de Estados Unidos”, indica la réplica, en la que también se arguye que no hay base racional para excluir del SSI a un estimado de 300,000 residentes en Puerto Rico cuando en los estados hay entre 400,000 y 800,000 beneficiarios que no cuentan con ciudadanía.
Según los demandantes, “dado que no hay explicación racional para la exclusión del SSI a base del territorio mismo, la exclusión solo se puede fundamentar en la discriminación contra las personas en el lugar. No hay tal cosa como ‘discriminación geográfica’”.
En ese sentido, Abislaimán Quílez intenta refutar la teoría del gobierno federal de que, para propósitos del SSI, Estados Unidos está conformado solo por los 50 estados y el distrito de Columbia.
“Que un individuo sea inelegible para recibir beneficios de SSI en cualquier mes que él o ella pase en su totalidad ‘fuera de Estados Unidos’, según definido estatutariamente, es una aplicación directa del texto expreso de la ley”, sostuvo Justicia en representación de la SSA.
La enmienda a la demanda de Rivera Fuentes, sometida el 13 de mayo, busca que los tribunales brinden una nueva mirada a los llamados casos insulares, las controversias jurídicas del primer cuarto del siglo 20 que culminaron en la definición de Puerto Rico como un territorio no incorporado.
Los demandantes plantearon que, en su opinión concurrente en Vaello Madero, el juez asociado Neil Gorsuch sostuvo que los casos insulares deben ser revocados, pero que el argumento no se planteó ante el Tribunal Supremo.
Junto a Rivera Fuentes, los otros demandantes son Gladys Fuentes Lozada, Rose Katherine Ruiz Minguela, Alexander Jodinskas Minguela, Irmary Domenech Piñeiro, Noriana Morales Rodríguez, Maritza Frasqueri Berríos, Ángel Chinea Rivera, Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Celia Enid Laureano Salgado, Juan Rivera Rodríguez y Maira Ivette Colón Ortiz.
