El Tribunal de Apelaciones tomó a su consideración el pleito legal entre el Municipio de San Juan y la hospedería Número Uno Beach House, en Ocean Park, luego de que a este último no se le permitiera llamar como testigo de la defensa a la única persona con conocimiento personal de los hechos, según reza la petición del recurso de certiorari.
Como resultado, la vista judicial en el Tribunal de Primera Instancia que fue pautada para ayer, lunes, resultó cancelada.
De acuerdo con la petición, el Tribunal de Primera Instancia prohibió a la empresa demandada a utilizar al representante legal del municipio, el abogado Edwin Santos Baerga, como testigo principal.
La petición establece que el funcionario era el único con el conocimiento directo de un acuerdo al que llegaron ambas partes en el 2020, como parte de un pleito separado, y cuyo fin estableció que el negocio contaba con la documentación requerida para operar.
“En su oposición a la designación del licenciado Santos Baerga como testigo, el Municipio no adujo fundamentos jurídicos específicos para justificar su posición. Más bien, el municipio optó por aludir de manera generalizada a los supuestos ‘perjuicios’ que provocaría que su representante legal tuviera que fungir como testigo para efectos del caso epígrafe”, lee el argumento de la empresa en la solicitud del recurso.
“El Municipio, además, no informó sobre la existencia de otros medios para obtener la información que precisa Número Uno sobre las negociaciones de la estipulación de 2020 ni tampoco aludió a alguna otra persona que pudiera tener conocimiento personal de los hechos y cuyo testimonio pudiera sustituir el del licenciado Baerga”, continúa.
La controversia entre ambas partes, inicialmente, surge luego de que el ayuntamiento demandara a Número Uno a principios de marzo por supuestamente vender y servir comida y bebidas alcohólicas pese a que, según esboza el pleito original, no cuentan con la documentación requerida para hacerlo fuera de su establecimiento o en los predios de la playa adyacente a Ocean Park.
El documento también alega que el negocio opera una escuela de “kiteboarding” sin los permisos requeridos y opera hasta altas horas de la madruga, algo que la gerente del establecimiento negó durante una entrevista con Metro Puerto Rico.
La demanda inicial fue presentada originalmente por la empresa COPIC, Inc.
