El gobernador Pedro R. Pierluisi estampó su firma en 15 medidas de la Asamblea Legislativa, una de ellas es el Proyecto de la Cámara 467 para aclarar disposiciones sobre la imposición de penas a menores en los casos en que son juzgados como adultos en la comisión de delitos.
La medida enmienda el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, a los fines de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos. La pieza legislativa establece que en los casos en que se imponga a un menor de edad procesado y sentenciado como adulto, una sentencia por más de un delito a ser cumplida de manera consecutiva, el término para cualificar será calculado tomando solamente como base la pena del delito mayor. En caso de que la pena más alta a cumplirse sea idéntica para dos o más delitos, se utilizará el término de uno solo de ellos, independientemente si la ley en virtud de la cual resulta convicto sea una ley especial.
“Nuestra política pública es procurar los procesos de rehabilitación para todo ser humano, especialmente cuando se trata de menores de edad que pudieran ser elegibles para obtener libertad bajo palabra. Las particularidades que presentan los menores de edad justifican que se les trate de manera distinta a un adulto, garantizándoles un proceso de rehabilitación más amplio. Nuestro sistema judicial y correccional debe procurar siempre el proceso de rehabilitación ante el punitivo”, sostuvo el gobernador Pierluisi.
Los Departamentos de Justicia, Familia y Corrección y Rehabilitación avalaron la medida. En el proyecto legislativo se dispone que la ley “aplicará de manera retroactiva, independientemente del Código Penal o ley penal especial vigente al momento de los hechos delictivos. Las cláusulas de prohibiciones absolutas de libertad bajo palabra en los delitos de leyes penales especiales no serán aplicables al caso de menores juzgados y sentenciados como adultos cuando contravengan lo aquí establecido”.
Asimismo, el gobernador Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 500 para permitir que residentes legales de Puerto Rico, aunque no sean ciudadanos americanos, puedan ingresar en el Registro Estatal Voluntario de Adopción (REVA). También, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 590 para establecer la producción de informes anuales sobre la implantación de la política pública sobre programas de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Continuando con su compromiso para que la Policía de Puerto Rico tenga acceso a mejores recursos para combatir la criminalidad, el primer ejecutivo firmó el Proyecto de la Cámara 682 para establecer que el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia tendrán prioridad en la disposición de vehículos confiscados por comisión de delito. En cuanto al Proyecto de la Cámara 363, también firmado por el gobernador, este establece la realización de orientaciones a empleados públicos y privados sobre los peligros de la adicción al tabaco. Las orientaciones a ser brindadas a los empleados, serán provistas en coordinación con el Programa de Control de Tabaco o la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud y se llevarán a cabo, al menos, una vez cada dos años. Otra propuesta legislativa convertida en ley, es el Proyecto de la Cámara 510 para prohibir la utilización de barras de luces LED para los vehículos de motor en las vías públicas en Puerto Rico.
En cuanto a medias relacionadas con planteles escolares, el gobernador firmó las Resoluciones Conjuntas de la Cámara (RCC) 23 y 38, la primera ordena al Departamento de Educación a realizar un estudio de viabilidad para una escuela especializada en deporte en la intermedia Apolo San Antonio en Vega Alta, mientras que la segunda propone el mismo estudio, pero para un plantel especializado en agricultura en la escuela Manuela Martínez Dávila en Vega Baja. En el caso de la Resolución Conjunta de la Cámara 210, también convertida en ley, es para permitir la evaluación del traspaso al municipio de Isabela de la Escuela Juan B. Huyke.
Otras Resoluciones Conjuntas de la Cámara de Representantes firmadas son la 40, 107, 29 y 201. La primera ordena al Departamento de Recreación y Deportes y a los municipios, a conjuntamente crear, coordinar e impulsar programas para el establecimiento y utilización de parques biosaludables en Puerto Rico que provean servicios o cuidados directos a personas de edad avanzada. La RCC 107 ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) llevar a cabo un estudio de viabilidad, necesidad y conveniencia para construir una rotonda en el cruce “La Cuchilla” (PR 155 y PR 144) entre Orocovis y Coamo. En el caso de la Resolución Conjunta 29, se ordena que DTOP realice un estudio de necesidad y viabilidad de establecer un semáforo en la intersección 9189 de la carretera PR-189 en Gurabo e identificar los recursos para implementar las alternativas recomendadas. En cuanto a la RCC 201, esta ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a evaluar, adoptar y atemperar el International Property Maintenance Code 2021 (IPMC 2021) a la realidad de las edificaciones y condiciones de Puerto Rico, e implantar dentro de los Códigos de Construcción, un Código de Mantenimiento de Propiedades.
Finalmente, el gobernador Pierluisi firmó los Proyectos de la Cámara 815 y 851, el primero para crear la “Ley para salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para los Sistemas de Riego Agrícola”, mientras que el Proyecto de la Cámara 851 decreta el 18 de agosto com el “Día de Roberto Clemente”.
