La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) presidida por Ariel Torres Meléndez, radicó una demanda contra el Negociado de la Policía de Puerto Rico para hacer cumplir la Ley de Armas de Puerto Rico 168-2019, la cual establece que las personas con impedimento físico están exentas de pagar un comprobante con la radicación de su solicitud nueva de licencia de armas y/o renovación.
“Nuevamente tocamos la puerta y vamos en auxilio del tribunal en defensa de los derechos de las personas con impedimento físico, al enterarnos de que las personas con impedimento físico se han visto afectados adversamente por la práctica ilegal del cobro de un comprobante con la radicación de su solicitud nueva de licencia de armas y/o renovación”, declaró Torres Meléndez.
Mediante el pleito incoado se persiguen poner en vigor el derecho adquirido por las personas con impedimento físico /socios de CODEPOLA al solicitar una licencia de armas nueva y/o renovación de estar libre del cobro de un comprobante.
Torres Meléndez cuestionó la intervención de la División Legal de la Policía de Puerto Rico para atropellar a las personas con impedimentos al recordar que cuando comenzaron a otorgarle licencia a las personas sordas y otras con diversos impedimentos físicos, “la Policía de Puerto Rico estaba entregando las licencias de armas sin el pago de comprobante sin ningún problema, como dicta la ley”.
De acuerdo con el Censo de 2010, en Puerto Rico se promedió una población de sobre 150,000 personas sordas, mientras que otros miles padecen de diversos impedimentos físicos. “No hay espacio para la interpretación arbitraria. La Ley de Armas no se puede enmendar desde un escritorio, por capricho de los asesores legales de turno en la Policía de Puerto Rico”, estableció.
El presidente de CODEPOLA aclaró que el Registro de Armas de Puerto Rico, bajo la dirección del teniente Johnny Acevedo, está trabajando de forma correcta. “Esta decisión de cobrarle los comprobantes a las personas con impedimento surge bajo una directriz de la División Legal de la Policía de Puerto Rico. Es menester de la División Legal retractarse y cumplir con la Ley168-2019, la cual establece en su Artículo 2.06, inciso A, que toda persona con impedimento físico y/o los atletas de alto rendimiento están exentos del pago de sellos y comprobantes, lo que les garantiza su derecho a defenderse de forma menos onerosa”.
La Ley es clara, asegura Torres Meléndez, cuando especifica las palabras “con impedimento físico y/o los atletas de alto rendimiento. No entendemos la confusión de los letrados”. Recordó que hace algún tiempo CODEPOLA prevaleció en otra demanda radicada por iguales términos, pero a favor de los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, ya que en la misma ley indica que están exentos del pago de comprobantes, “pero se les ocurrió decir a la policía que solo era a los policías militares. Eso no está en la ley y el juez se los dejó saber de forma inequívoca, que era a todo miembro activo o retirado de la GNPR, cumpliendo con los demás requisitos de ley”.
Torres Meléndez recordó a las personas que no hayan recibido su licencia de armas, que deben pasar por la Comandancia donde inició el trámite. “Hay miles de licencias de armas esperando que los peticionarios vayan a recogerlas y esto me consta de propio y personal conocimiento porque precisamente, estuve indagando sobre el por qué del atraso”.
“Si la División Legal de la Policía quiere enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico tendrá que llegar a la Legislatura de Puerto Rico con una ante proyecto de la ley, a sabiendas que va a perjudicar al pueblo. Es la única herramienta que tienen para cumplir su capricho, no puede ser motu proprio. Ese derecho no lo tienen”, destacó.
Concluyó que “si el teniente Acevedo encaminó de forma correcta el Registro de Armas como un reloj suizo, decisiones adversas como las de la División Legal de la Policía sólo contribuyen a atrasar los trabajos. Peor aún, van en contra de lo que dicta la ley cuando no tienen ‘standing’ para eso; van en contra de la política pública del Gobernador y se agrava al atentar contra las personas con impedido físico que no necesitan más limitaciones del Estado”.
