El Departamento de la Familia mantiene actualmente a unos 4,817 adultos mayores y personas con discapacidades bajo su supervisión por situaciones que, en la mayoría de los casos, responden al abandono o maltrato de parte de sus familiares.
“Estos casos ya están corroborados y ubicados en hogares sustitutos”, preciso Wilma Ortiz, administradora auxiliar de Servicios para Personas de Edad Avanzada y con Impedimentos, adscrito a la Administración de la Familia y Niños (Adfan).
La funcionaria explicó que las personas mayores víctimas de maltrato, además de ser alojadas en hogares sustitutos, pueden ser ubicados en otros “hogares certificados” o en centros de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, de ser necesario.
Adfan entregó a Metro una tabla en la que se registra la cantidad de referidos que los hospitales del país han hecho a la agencia para servicios de cuidado sustituto en relación a adultos mayores y personas con diversidad funcional.
Mientras que en los años fiscales 2018 y 2019 las cifras de referidos alcanzaron 285 y 218, respectivamente, en 2020, 2021 y 2022 –que aún no ha concluido– los casos se han disparado a 585, 703 y 674.
“Hemos podido ver cómo se ha ido incrementando a partir del 2020 para acá, posterior a los huracanes Irma y María, que nos encontramos con muchos adultos mayores solos, los hijos se fueron, los dejaron los familiares. Todos los eventos (naturales) que hemos atravesado en estos últimos cuatro o cinco años han agudizado lo que se refiere a los adultos mayores”, sostuvo la directora de Adfan, Glenda Gerena, al aclarar que a los referidos de los hospitales se suman querellas que presentan familiares, vecinos o amigos de los adultos mayores, la Policía y hasta las propias víctimas del maltrato.
En su entrevista con Metro, Gerena y Ortiz recordaron que el 2019 se convirtió en ley la Carta de Derechos de los Adultos Mayores, estatuto bajo el cual el Departamento de la Familia puede entablar pleitos civiles contra las familias en que se maltrata o abandona a las personas de edad avanzada.
Ortiz precisó que, actualmente, hay un comité interagencial analizando el marco legal con miras a presentar, en agosto, recomendaciones para fortalecer la capacidad que tiene el Estado para proteger a los ancianos.
Específicamente, Adfan vislumbra “una ley de protección de adultos mayores donde se le imponga (obligaciones), con más severidad, a los familiares, hijos o la persona responsable de cada uno de ellos, para evitar institucionalizar a los adultos mayores. Tenemos que respetar, proteger a esos adultos mayores y validar sus condiciones de vida”, explicó Gerena, al comparar la posible legislación con las normas que al presente protegen a los menores de edad.
