La Contraloría de Puerto Rico reveló hoy a través de un informe de una auditoría realizada en el Senado de Puerto Rico, que el cuerpo legislativo pagó de forma indebida $74,908 por el plan médico a 10 de los 15 oficiales que sirvieron de escolta a sus entonces presidentes entre el 2013 y el 2018.
“Estos oficiales ya contaban con un plan médico que les pagaba el Negociado de la Policía por $19,000. Al respecto, el Senado actuó contrario al Código Político de Puerto Rico al compensar de forma extraordinaria a los oficiales, por pagar su plan médico, sin autoridad legal para ello”, lee un parte de prensa de la Contraloría.
Del 2013 al 2016 presidió el cuerpo legislativo el exlegislador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bathia. Mientras que en el 2016, fue el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Shatz, quien retomó la presidencia del Senado de Puerto Rico.
La auditoría de seis hallazgos, indica, además, que “el 46% de los empleados del Senado con puestos de supervisión, acumularon y utilizaron tiempo compensatorio a lo cual no tenían derecho”.
“Este pago de $2,265, para el periodo del 2013 al 2018, es nulo y contrario a la reglamentación vigente”, sostiene.
Los auditores identificaron también que de la totalidad de las compras por $376,921 entre el 2013 al 2020, “el 20% correspondieron a gastos extravagantes, excesivos e innecesarios” como, por ejemplo, un sofá por $2,545, dos lámparas chandeliers por $1,200 cada una, o una mesa de consola por $870 solicitados por personal de un exlegislador, o dos laptops por $9,106 para la Oficina de la Presidencia en el 2016.
Además, el Senado compró 225 camisas rojas para un evento deportivo cuya participación ya incluía una camisa oficial a los inscritos.
De igual manera, la auditoría señala que el sistema de registro de asistencia y licencia adquirido por $21,849 presentaba múltiples deficiencias ya que la acumulación de licencias tenía que hacerse de forma manual. “No descontaba el tiempo compensatorio y la pantalla no daba información básica al empleado, entre otras deficiencias que sólo el proveedor podía asistir”, dice.
“Estas situaciones se atribuyen a la ausencia de evaluación de la necesidad y conveniencia de la compra del mencionado sistema”, añade.
El informe devela también que, al 30 de junio de 2020, el Senado carecía de algunas disposiciones para regular el uso y control de la cuenta de la tarjeta de crédito tales como: la designación de un administrador de la tarjeta, tipo de bienes que se pueden adquirir o las transacciones que no serían permitidas, entre otras.
Este tercer y último Informe del Senado, cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2020.
