El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emplazó este jueves con una orden de cese y desista al presidente de Caribbean Island Construction, Carlos Rodríguez Camacho, quien estaba a cargo de la operación ilegal de actividades de dragado y remoción de sedimentos en la zona protegida del karso.
Según reporta Bonita Radio, medio que inicio la investigación junto a Ey Boricua, el documento fue diligenciado por los vigilantes Antonio Crespo Soto, de la Unidad Marítima del DRNA en Arecibo -unidad que inició la pesquisa- y los sargentos Carrasquillo y Carlos Claudio, de la Unidad Terrestre de la agencia en Guayama.
Esto surge luego de que un periodista de Ey Boricua denunciara ayer que aún no se había entregado la orden de cese y desista que había sido emitida el pasado viernes.
De hecho, según explicó el periodista, la orden fue enviada a la Unidad de Vigilantes en el Bosque de Cambalache, que no tiene relación alguna con la puesta en funciones de esta orden de cese y desista, ya que no es la unidad que inició la investigación.
Aquí el vídeo de la denuncia de ayer en el seguimiento de la investigación:
La orden de cese y desista estipula el “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”.
La orden de paralización surge luego de una publicación investigativa de los medios Bonita Radio y EyBoricua. En ella sale a relucir que Caribbean Island Construction estableció una cantera sin los permisos requeridos y de forma lucrativa que impacta los recursos naturales en la zona protegida del karso.
El contrato de la empresa solo menciona el dragado y remoción de sedimentos, sin embargo, aparentemente ha habido actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, lo que apunta a violaciones de leyes ambientales y federales. Además, se encontró en la documentación de contratación de la empresa que el proyecto beneficia a varios grupos de funcionarios de gobierno.
El proyecto comenzó sin tener los permisos requeridos, como el de Obras Generales (PGO) del DRNA que, aunque fue solicitado a principios del año, no había sido expedido al momento de iniciar el trabajo en el área.
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