Empleados del Departamento de la Familia están preocupados por los pacientes del Hogar ‘Las Águilas’ en Ponce, un centro de cuidado para adultos mayores, pues este sigue operando a pesar de una orden de cierre por maltrato institucional pues, además de 30 días iniciales para reubicar a los pacientes, le añadieron un periodo de 60 días para cerrar sus operaciones.
El Senado de Puerto Rico realizó hoy una vista pública a cargo de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, presidida por la senadora Rosamar Trujillo Plumey, para investigar asuntos relacionados con el Hogar Las Águilas.
Antes de comenzar la vista, una de las deponentes Llelidza Santiago Santiago, exdirectora de la Oficina de Licenciamiento, indicó que la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González, les notificó a los empleados de la agencia que si comparecían a la vista sería en su carácter personal.
Se alegó la muerte de ocho pacientes en este centro, que desde diciembre de 2021 no tiene una licencia para operar. Además, hay otro hogar que está operando con una orden de cierre por maltrato institucional, el Hogar Emanuel en Humacao.
El reglamento del Departamento de la Familia establece que personas con antecedentes de maltrato, sin importar la severidad, no pueden operar centros de adultos mayores o centros de niños, por lo que la oficina de licenciamiento denegó la licencia a este centro por maltrato institucional.
El referido de la Unidad de Maltrato Institucional (UMI) llegó a la Oficina de Licenciamiento el 9 de mayo, y el 11 de mayo se hizo llegar a Ponce el visto bueno de ambas oficinas para no renovar la licencia del hogar, según Rosa Correa Ortiz especialista en licenciamiento a nivel central.
En casos de cierre por maltrato, la acción regularmente es inmediata, sin embargo, la oficina regional otorga unos días para el egreso de los pacientes, y la Oficina de Licenciamiento les notifica a los familiares distintos centros para que puedan reubicar a sus familiares.
Inicialmente otorgaron 30 días a principios de junio, pero al cumplirse la fecha no habían reubicado a los pacientes y el hogar seguía operando por lo que la Oficina de Licenciamiento solicitó un injunction.
Correa Ortiz aseguró que habló con el director regional de Ponce, Gabriel Infante, y este le indicó que estarían añadiendo 60 días para el cierre del hogar, siempre y cuando los familiares firmaran un relevo de responsabilidad y la unidad estaría visitando dos veces el hogar, según Correa Ortiz.
El director regional fue citado por la Comisión, pero no compareció a la vista pública.
Llelidza Santiago Santiago, exdirectora de la Oficina de Licenciamiento y actual especialista en trabajo social de la administración de familias y niños, sostuvo que, ante el manejo de la situación del hogar de envejecientes por parte de la agencia, envió su carta de renuncia el pasado 16 de junio y la acogieron el 24 de junio.
“La acción que se me solicita va en contra del mejor interés y bienestar de la población vulnerable dada la insistencia en solicitar a quien suscribe el firmar un documento que establezca y autorice la continuidad de operación de un establecimiento mientras se culmina el proceso apelativo obviando el mejor interés y bienestar de los residentes”, señaló Santiago en su carta.
Santiago agregó que es la primera vez en los 22 años que lleva trabajando en el Departamento de la Familia que pasa por una situación así.
“Debemos estar conscientes que tanto la niñez (como los adultos mayores) y hasta los que no existen tienen más importancia que las personas que existen y que están ahí y que pueden cuidarlas, tocarlas, que son el registro histórico de nuestro país”, aseguró el senador José Vargas Vidot.
Por un lado, Eddie García, director ejecutivo del Programa de Servicios Adultos bajo la Administración de Familias y Niños (ADFAN), mencionó que la seguridad de los envejecientes en Puerto Rico está en las manos del Departamento de la Familia y están haciendo todo lo posible con los pocos recursos y empleados que hay para asegurar que los adultos mayores salgan bien de la situación.
Por otro lado, María Isabel Vázquez Mojica, especialista en trabajo social en el servicio de maltrato institucional de adultos, indicó que el abogado del Hogar Las Águilas, Osvaldo Carlo, ha expresado que los empleados del Departamento de la Familia son “el gobierno permanente” de forma despectiva, refiriéndose, según Vázquez Mojica, a que están obstaculizando procesos de ciertas personas.
“Esta lucha tiene que ser la última que yo de para que quede claro que a los viejos de este país se respetan, sus vidas y su seguridad se respetan, los impedidos se respetan, los niños maltratados se respetan. Hay gente que está velando y salvaguardando su seguridad y que no va a cesar de su esfuerzo. A mis compañeros yo les pido que no claudiquen, vamos adelante, no vamos a ceder ante presiones de ninguna naturaleza ni de gente poderosa, ni de gente con influencia, ni de ninguna clase. ¡Compañeros sigan adelante!”, sostuvo entre lágrimas Vázquez Mojica.
