Al exponer argumentos y evidencia de que por años ha fallado en divulgar apropiadamente sus relaciones de negocios y potenciales conflictos de interés, el exjuez de quiebras Steven Rhodes instó a la Oficina del Síndico de los Estados Unidos a objetar las facturaciones que la firma McKinsey presente como parte de su trabajo como consultor de la Junta de Control Fiscal (JCF) en los procedimientos de reestructuración de obligaciones del gobierno de Puerto Rico y varias corporaciones públicas.
Según Rhodes, quien supervisó el proceso de bancarrota de la ciudad de Detroit, en Michigan, existe “evidencia innegable” de siete elementos que harían a McKinsey inelegible para cobrar por los servicios que ha ofrecido a la JCF desde que fue contratado por este organismo en 2016.
De acuerdo con la carta que envió el pasado 14 de junio a la Oficina del Síndico de Estados Unidos, y que fue divulgada inicialmente en El Nuevo Día, la firma fue “y aún pudiera ser” un acreedor en el caso de Puerto Rico, particularmente en conexión a MIO Partners, una subsidiaria de McKinsey que se encarga de invertir los activos de los socios de su empresa matriz.
Paralelamente, Rhodes sostiene que múltiples clientes de McKinsey han pactado contratos millonarios con entidades del gobierno de Puerto Rico durante el periodo en que la JCF ha estado encargada de manejar las finanzas del país; que la firma, a través de MIO, mantiene inversiones en entidades que igualmente han recibido contratos públicos; que McKinsey no es una “persona desinteresada” en el proceso de reestructuración; y que, al momento de divulgar conexiones y potenciales conflictos de interés para cumplir con las leyes, la empresa de consultoría ha echado mano de un protocolo “profundamente defectuoso” que intencionalmente le impide identificar las posibles ilegalidades.
Asimismo, en la carta del exjuez se plantea que McKinsey tampoco divulgó las conexiones “de negocios y políticas” que mantenía con Natalie Jaresko desde los años en que la ex directora ejecutiva de la JCF ocupaba el cargo de ministra de Finanzas de Ucrania; y que la firma retuvo un “interés adverso” al gobierno de Puerto Rico con relación a un reclamo de cientos de millones de dólares que mantuvieron en su contra los estados y territorios de Estados Unidos debido al papel de la empresa –asesora de compañías farmacéuticas– en la llamada “crisis de opio”.
Para Rhodes, quien desde su retiro como juez en 2015 opera la firma Steven Rhodes Consulting LLC, las acciones y omisiones de McKinsey violentan la jurisprudencia establecida en casos de quiebra y el Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act, el estatuto aprobado este año en el Congreso para promover mayor transparencia entre las partes involucradas en la reestructuración financiera del gobierno puertorriqueño.
De acuerdo con Rhodes, el Síndico de Estados Unidos debe perseguir órdenes judiciales con miras que a McKinsey sea penalizado por violentar su deber fiduciario “al vender sus bonos de Puerto Rico en secreto y sin autorización del tribunal”; que se investigue, con cargo a la firma, las ganancias que la compañía haya generado por concepto de sus inversiones en deuda pública; y que se les obligue a devolver dichas ganancias.
En su escrito, Rhodes puntualiza que las políticas de McKinsey y su subsidiaria MIO para evitar conflictos de interés y el tráfico de información privilegiada han sido objetadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
“Las políticas y procedimientos de MIO no fueron diseñadas razonablemente, tomando en consideración la naturaleza de sus negocios, para prevenir el mal uso de información material no pública (MNPI) de los clientes de McKinsey o MNPI de MIO”, indicó Rhodes, citando un informe de la SEC y recalcando que personas encargadas de dirigir las inversiones de MIO también fungían como consultores de McKinsey.
Entre los fondos de inversión que manejaba MIO, Rhodes encontró que la firma poseyó unas tres reclamaciones contra la Corporación del Fondo de Interés Apremiante y otras dos contra el gobierno central.
Vínculos con contratistas
Entre los elementos que se resaltan en la carta de 36 páginas y otras 107 páginas en anejos, figuran las conexiones de McKinsey con empresas de la industria energética al mismo tiempo que ha estado involucrada en la evaluación de contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la privatización de la red de transmisión y distribución.
Por ejemplo, la carta destaca que MIO mantuvo inversiones tanto en NFEnergía, la empresa que recibió en 2018 un contrato de $1,500 millones para construir y operar el terminal de gas natural en la Central San Juan, así como en Quanta, la compañía que posee la mitad de las acciones en Luma Energy, que desde 2021 tiene en sus manos la transmisión y distribución de electricidad.
Entre los contratistas del gobierno que, a su vez, son clientes de McKinsey, Rhodes menciona a empresas como Puma Energy, Siemens, Naturgy y Total, todas de la industria energética; el banco BNP Paribas y la firma de ingeniería Tetra Tech. En el sector de la salud, se cuentan entre los clientes a Cardinal Health, Manpower Group y Humana, mientras que la firma también tiene en su cartera a las empresas de tecnología Oracle y Microsoft, que han contratado con el gobierno.
Potenciales conflictos con Jaresko
Los aparentes conflictos de interés de McKinsey se extienden a Jaresko, quien renunció a la JCF el pasado 1 de julio y ha sido, hasta la fecha, la única directora ejecutiva del organismo. De acuerdo con Rhodes, la contadora de profesión fundó en 2006 la firma de inversiones Horizon Capital, compañía con base en Ucrania que reclutó a “muchos” exejecutivos de McKinsey para sus principales posiciones, incluyendo a un “socio senior”, el “director de inversiones” y el “director de inversiones en Ucrania”.
En noviembre de 2016, varios meses antes de que Jaresko fuera nombrada directora ejecutiva de la JCF y a menos de dos semanas de que McKinsey recibiera su primer contrato con el ente impuesto por el Congreso, se creó en Puerto Rico la firma Horizon Capital LLC, subraya la carta.
“El principal enfoque geográfico había estado en Europa Oriental, por lo que su expansión a Puerto Rico en ese momento levanta serias interrogantes”, afirmó el experto en quiebras.
La relación entre Jaresko y McKinsey, indicó Rhodes, también se extendió a su estancia como ministra de Finanzas de Ucrania, entre el 2014 y 2016, al mencionar que Alex Danyluk, un antiguo consultor de la firma, fue nombrado a un alto puesto en el gabinete del entonces presidente, Petro Poroshenko. Danyluk, de hecho, sucedería a Jaresko como jefe de Finanzas, destacó Rhodes.
Según publicó ayer El Nuevo Día, Rhodes trabaja para Jay Alix, el fundador de AlixPartners, competidora de McKinsey en el campo de la consultoría de bancarrota. AlixPartners es la compañía que en 2014 fue contratada por la AEE para que, a través de la oficial de reestructuración, Lisa Donahue, renegociara su deuda con los acreedores en un proceso que quedó inconcluso.
