La Alianza de Empleados Activos, Jubilados y Movilizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) expresó su indignación al veto dado por el gobernador, Pedro Pierluisi, al Proyecto de la Cámara 1383, que evitaba aumentos en la factura de la luz y recortaba en un 75% la deuda no asegurada de la agencia.
“Es una lástima que el Gobernador con estas acciones demuestra seguir siendo el abogado de la Junta de Control Fiscal y le permita todos sus caprichos, en lugar de dar alivio a los puertorriqueños firmando este proyecto que evitaba más aumentos en la factura y establecía una tarifa fija no mayor de 20 centavos el kilovatio hora. Pedro Pierluisi, con estas acciones, no ha podido demostrar ser el gobernador de los puertorriqueños”, indicó Ángel Figueroa Jaramillo, portavoz de la Alianza y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
Figueroa Jaramillo explicó que la firma de este proyecto era vital para evitar más aumentos en la factura y lograr una reestructuración de la deuda de la AEE que no tuviera tanto impacto para el país.
“Este proyecto tenía el apoyo de grandes sectores y de 70 organizaciones políticas, civiles, sindicales, ambientales y sociales. La firma del PC 1383 le daba una oportunidad única al Gobernador de crecerse y defender los intereses del Pueblo por encima de los bonistas y de la Junta. Este proyecto imponía condiciones al proceso de la reestructuración de la deuda de la AEE, agrupando todas las partes esenciales de la política pública y ley vigente de Puerto Rico para asegurar que no surja otro acuerdo nefasto, como lo fue el cancelado Restructuring Support Agreement (RSA)”, puntualizó.
Por su parte, Rolando Emmanuelli Jiménez, asesor legal de la UTIER y abogado experto en PROMESA, explicó que la medida fue rechazada por la Junta de Control Fiscal y vetada por el Gobernador sin un análisis concienzudo del derecho aplicable.
“Tanto la Junta como el Gobernador quieren representar que el P. C. 1383 es contrario a la Ley PROMESA. Nada más lejos de la verdad. La Asamblea Legislativa utilizó uno de los pocos poderes que PROMESA le dejó para buscar que cualquier acuerdo con los bonistas sea justo y respete tanto las prioridades de la quiebra como las necesidades del Pueblo”, relató.
Emmanuelli Jiménez insistió que “en repetidas ocasiones, la Jueza Laura Taylor Swain ha manifestado que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de obstruir la labor de la Junta, de manera que no se concentre todo el poder decisional sobre esta y se pueda dar un espacio a nuestros líderes electos. Ahora quedará por verse si la Legislatura tiene suficiente compromiso con la medida que aprobaron como para ir por encima del veto del Gobernador”.
