Al explicar el veto que impartió hoy al Proyecto de la Cámara (PC) 1383, que ordenaba el recorte del 75% de la deuda por bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Pedro Pierluisi arguyó que la legislación hubiera generado el riesgo de que un tribunal impusiera un síndico que dirigiera el rumbo de la corporación pública y que los acreedores pudieran recuperar la totalidad de lo adeudado.
En la tarde de hoy, Pierluisi vetó tres proyectos relacionados con las operaciones y el manejo administrativo de la AEE, un día antes de la fecha para la cual se ha convocado a una manifestación contra el desempeño de Luma Energy, encargado de la transmisión y distribución de electricidad, y a favor de un recorte sustancial de las acreencias de la corporación pública.
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“Lo que ocurre con (el PC 1383) es que (la Ley) Promesa ocupa el campo. En el tema de reestructuración de deuda es suprema. De igual manera, el Tribunal Federal es el que está supervisando el asunto. Ahora mismo hay una mediación en curso y ese proyecto básicamente ignora indebidamente todo esto que acabo de mencionar. El proyecto lo que causaría, si uno fuera a implantarlo, que es imposible, porque de su faz viola Promesa de principio a fin, es que dilataría la reestructuración que todos queremos y pondría en riesgo el que venga un tribunal estatal a nombrar un síndico a solicitud de los acreedores de la Autoridad para que básicamente cobren toda la deuda”, sostuvo Pierluisi.
“La función de un síndico, bajo la documentación de las emisiones de bonos de la Autoridad es eso, asegurarse que los bonistas recuperen 100% de lo que prestaron. No hablar, ese proyecto es totalmente tóxico y por eso, aunque pudiera sonar simpático, tuve que impartirle el veto”, insistió el mandatario.
Tan reciente como ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito” Hernández, había hecho un llamado al gobernador para que convirtiera en ley el PC 1383, describiéndolo como la vía para evitar la manifestación del miércoles e insistiendo que, a su juicio, resulta necesario legislar para que la reestructuración de las obligaciones de la AEE sea exitosa.
“Nos reafirmamos en que el vehículo correcto para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pueda salir responsablemente de la quiebra y bajar el costo energético es aprobando legislación en consenso para reestructurar su deuda. El PC 1383 le hacía justicia al país al ponerle un freno a los constantes aumentos en la factura de la luz, recortaba la deuda de la AEE en un 75% y protegía las pensiones de todos sus retirados. Lamentamos que el gobernador, una vez más, prefiera servir como el abogado de Luma, los bonistas y de la Junta (de Control Fiscal, JCF), por encima de los intereses del pueblo”, subrayó hoy Hernández en unas expresiones escritas.
Ayer, la JCF había solicitado al gobernador que vetara el PC 1383 por considerarlo contrario a la Ley Promesa.
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Además del PC 1383, Pierluisi emitió sendos vetos expresos a los proyectos 774 y 775 de la Cámara baja, dos medidas que buscaban enmendar la forma en que se pueden ejecutar procesos de privatización en la AEE. En combinación, las medidas hubieran alterado las funciones de la AEE, el Negociado de Energía y la Autoridad de Alianzas Público Privadas en los procedimientos dirigidos a la privatización activos del sistema eléctrico.
“El PC 775 y el PC 774 son proyectos que intentan cambiar toda la política pública energética y la política de transformación de la AEE y el sector de energía en Puerto Rico de golpe y porrazo. Básicamente lo que quisieran es cambiar el curso de esta transformación que está encaminada y al revés, lo que queremos es culminarla. Además menciono que el plan fiscal del gobierno certificado por la Junta y el plan fiscal de la propia AEE dispone todo lo contrario. Los dos proyectos también son claramente inconsistentes con los planes fiscales pertinentes”, puntualizó el primer ejecutivo en conferencia de prensa.
Veto al proyecto de los meseros
De otra parte, la pieza legislativa que habría aumentado a $4.25 la hora el salario base de los meseros y otros trabajadores que reciben propinas también recibió un veto expreso de Pierluisi, quien consideró que el proyecto contenía errores de lenguaje que resultaban en posible confusión sobre el sueldo mínimo al que estarían sujetos estos empleados.
Asimismo, el primer ejecutivo mencionó que la función de regular los salarios mínimos recae sobre la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, incluyendo los ingresos que deberán percibir los trabajadores que reciben propinas.
“Pienso que fue un error de redacción. El principal defecto del proyecto es que, en vez de ayudar, perjudica a los empleados que reciben propina. Ahora mismo, después de la ley que estableció el nuevo salario mínimo en Puerto Rico, todo empleado que recibe propina tiene derecho a recibir, mínimo, el salario mínimo establecido en nuestra ley, que es de $8.50 la hora”, dijo Pierluisi.
El PC 1133, en síntesis, pretendía que los patronos de los empleados que trabajan por propina tuvieran que cubrir, en toda circunstancia, al menos el 50% del salario mínimo estatal, que actualmente representaría unos $4.25 la hora. Bajo la ley vigente, los patronos solo deben pagar unos $2.13 por hora, aunque tienen la obligación de complementar el sueldo cuando las propinas generadas por los clientes no sean suficientes para que el empleado devengue al menos $8.50.
“Este proyecto, por un problema de redacción, lo que establece es que (los empleados por propinas) tienen derecho a 50% del salario mínimo. De repente, ahora tienen derecho a la mitad de lo que tenían bajo el estado de derecho actual”, planteó Pierluisi.
“De otra parte, mi visión y del Departamento del Trabajo y otras agencias que me asesoraron, entendemos todos que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo es la que debe establecer el salario mínimo para los empleados que reciben propina”, puntualizó el gobernador.
De acuerdo con Pierluisi, los errores en la medida eran “tantos” que no era posible corregirla con enmiendas puntuales.
