Al llegar a sus 70 años como una fórmula desprestigiada por una serie de determinaciones judiciales, estatutos como la Ley Promesa y la presentación de un proyecto congresional que la excluye de su faz entre las opciones de futuro para Puerto Rico, el desgaste del Estado Libre Asociado (ELA) en su versión actual es una realidad que muy pocos se atreverían a poner en duda.
Sin embargo, al interior del Partido Popular Democrático (PPD), la colectividad que impulsó la creación del ELA para definir los parámetros de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, todavía se encuentran las voces que insisten que, en lugar de abrazar una versión de libre asociación fuera de la cláusula territorial de la Constitución federal, es posible reformular el pacto entre los dos países.
“La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos se estableció por una ley aprobada por el Congreso. Yo creo que comoquiera vamos a tener que establecer un nuevo pacto, y que se convierta ese pacto en una nueva ley entre Puerto Rico y Estados Unidos para redefinir algunas áreas que han cambiado con los tiempos. Yo creo que eso se puede hacer”, expresó el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, una de las figuras que ofrecerá un mensaje este 25 de julio en las actividades oficiales de celebración del ELA.
Para el exgobernador popular Aníbal Acevedo Vilá, la pérdida de “apoyo político” al ELA en la capital federal se viene registrando desde mucho antes de las discusiones que se han tenido rcientemente. Acevedo Vilá, una de las principales voces del ala soberanista del PPD, mencionó que ya a finales de la década de 1990 existía un reconocimiento de que Estados Unidos no había renunciado a sus “poderes plenarios” sobre el archipiélago al avalar el ELA.
Ese reconocimiento, dijo el también ex comisionado residente, se reflejó eventualmente en el ámbito legal a lo largo de la pasada década con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en casos como el de Sánchez Valle, que dejaron claro que los poderes autonómicos de Puerto Rico no eran más que delegaciones del Congreso.
El catedrático de Ciencia Política Miguel Rivera Quiñones advirtió que el hecho de que el Proyecto 8393 –que propone un plebiscito entre la estadidad, independencia y la libre asociación– haya sido radicado en el Congreso no debe interpretarse como un reflejo de consenso en las distintas esferas del gobierno estadounidense.
La medida, que se dirige ahora al pleno de la Cámara tras ser aprobada ayer en el Comité de Recursos Naturales, “es el proyecto de una alianza política entre ciertos sectores que tienen como agenda destruir el ELA. En ese sentido hay que tener mucha cautela con asumir que esto es una decisión del gobierno de los Estados Unidos de que este status no tiene validez o no debe ser reconocido. Es sencillamente la posición del comité”, dijo el profesor, puntualizando que no se espera que el proyecto tenga posibilidad de avanzar en el Senado federal.
En septiembre de 2021, el presidente del PPD, José Luis Dalmau, creó una Comisión de Status, grupo de ocho miembros que tenían la responsabilidad de estudiar los ángulos políticos y jurídicos de la relación entre el país y los Estados Unidos y presentar al liderato de la colectividad sus recomendaciones.
Sin embargo, el grupo apenas se reunió en dos ocasiones y luego no se volvió a convocar, dijo el expresidente senatorial Antonio Fas Alzamora, uno de sus integrantes y quien, como Acevedo Vilá, no considera viable el “desarrollo” del ELA dentro de la cláusula territorial.
Fas Alzamora subrayó que en todas las plataformas de gobierno que el PPD ha presentado desde 1992 se ha propuesto un desarrollo del ELA fundamentado en la llamada “enmienda Vizcarrondo”, que propone impulsar una relación “no colonial y no territorial” con los Estados Unidos. A base de esa postura fue que en 2010 Fas Alzamora elaboró un “pacto de asociación” que, considera, debería servir como base para futuras negociaciones con el gobierno federal.
“Desde hace unas dos semanas, mediante moción a la Junta de Gobierno (del PPD), estoy solicitando que por primera vez lo atiendan para que lo evalúen y voten sobre él”, dijo Fas Alzamora, cuyo pacto propone, contrario al Proyecto 8393, que ni Estados Unidos ni Puerto Rico puedan abandonar el convenio de libre asociación unilateralmente.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández, recordó que en 2021 ese cuerpo aprobó una resolución concurrente en la que emplazó al Congreso a impulsar un proceso “vinculante” que, además de la estadidad, libre asociación e independencia, contemplara “un nuevo modelo de asociación política” que “sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial”.
“Ellos podrían tener la opción de tratar de negociar un nuevo acuerdo aunque se mantenga dentro de la cláusula territorial, pero parecería ser que la crisis ideológica y política ha dejado a ese partido sin intelectuales, personas con la capacidad de pensar y argumentar una nueva idea, y presentar argumentos sólidos de lo que siguen creyendo, alguna versión de autonomía que se asemeje al ELA”, sostuvo Rivera Quiñones.
“Si nombras una comisión para trabajar el tema del status, tienes que exigirle un tiempo de respuesta y darle seguimiento. Propongo que se reconfigure esa Comisión (de Status), se incluyan conocedores del Derecho […] si queremos adaptarlo al cumplimiento de la enmienda Vizcarrondo tiene que ser basado en el análisis jurídico y para eso recomiendo que se inserten a los mejores juristas que creen en el ELA”, planteó Hernández Ortiz.
