Desde que se creó en abril de 2017, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (Cedbi) ha autorizado la venta de unas 125 propiedades del gobierno central a un costo que supera los $73 millones, según datos provistos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
En ese periodo, la venta más grande que ha autorizado el organismo correspondió a dos parcelas en San Germán que pertenecían a la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), por la suma de $12,136,000. Aunque Aafaf, entidad a la que está adscrita el Cedbi, no proveyó la información solicitada sobre la entidad compradora en la mayoría de las transacciones, una búsqueda en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor arroja que la venta de las parcelas sangermeñas se materializó el 10 de septiembre de 2020 a favor de Fenwal International Inc., una corporación organizada en las Islas Caimán.
Las dos parcelas, una localizada en el Barrio Retiro y otra en el Barrio Caín Alto, ocupan de manera combinada unos 93,998 metros cuadrados, según surge del contrato de compraventa. Aunque la suma de la transacción rebasa los $12.1 millones, lo cierto es que casi $8.4 millones fueron destinados a saldar la deuda hipotecaria que Pridco mantenía con el Banco Popular, al tiempo que la corporación pública concedió un incentivo de $1,436,000 a Fenwal International para “la creación de empleos”, monto que “se acreditará al pago de adquisición”.
De esa forma, la cantidad que Pridco terminó recibiendo directamente de la corporación compradora fue $1,942,770.58.
Los terrenos en San Germán representan la única venta autorizada por el Cedbi cuyo valor ha excedido los $7 millones. En total, 15 de las ventas avaladas por el comité superaron el millón de dólares, tratándose mayormente de solares o parcelas, de acuerdo con las descripciones entregadas a este medio.
Sin embargo, en ese listado también se cuentan dos planteles escolares que, de acuerdo con los criterios utilizados, habían caído en desuso: la escuela Madame Luchetti, en Santurce, vendida por $2 millones al colegio Saint John’s, y la escuela Luis Muñoz Rivera, en Dorado, transferida por $1.3 millones a un comprador que no fue identificado por el Cedbi en la información suministrada.
De las 125 ventas, 39 correspondieron a antiguos planteles escolares. Varios de ellos fueron vendidos a los municipios donde ubican, como las escuelas Adrián Medina, en Humacao, Félix Seijo (Utuado), Juan Navarro (Caguas), Parcelas Campo Rico (Canóvanas) y Teresa Préstamo (Dorado), entre otras. La escuela Domingo Ruiz, en Arecibo, fue vendida al ayuntamiento de Barceloneta, de acuerdo con la información entregada, siendo el único caso en que se registró esa particularidad.
Otras escuelas, no obstante, pasaron a manos de entidades privadas, entre las que se cuentan Mr. Bull LLC, PR CR Investment Corp., la Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Fe que Transforma Inc., la Iglesia Bautista de Quintana, Fountain Christian Bilingual School, Shinrai Holdings LLC, Electromecánica Automotriz Sosa, VLC Group LLC, Fundación Banco Popular y The New York Foundling, que adquirió dos planteles.
En términos generales, Aafaf no suministró las identidades de los compradores, pues solo se incluyó ese renglón en 27 de las 125 transacciones, todas ellas correspondientes a planteles en desuso. Asimismo, esas 27 transacciones fueron las únicas para las que Aafaf incluyó la fecha de autorización, a pesar de que fue parte de la información que este medio solicitó desde hace dos semanas.
La Aafaf, por algún motivo no precisado, tampoco incluyó el precio de 10 de las escuelas, por lo que las ventas autorizadas por el Cedbi, con toda probabilidad, exceden los $73,378,527.30 que habrían generado las restantes 115 transacciones informadas. El precio de venta más bajo, según las transacciones informadas, fue de $1,700 por una “parcela de terreno localizada en el Barrio Gobernador Piñero” de San Juan.
Además de las 39 escuelas, hay 12 ventas de espacios descritos como “parcelas”, seis de “fincas”, 31 “propiedades” y ocho “solares”.
El municipio de San Juan, con 30 transacciones, fue donde se registró la mayor cantidad de ventas de propiedad gubernamental. Otros pueblos en los que se registró una cantidad significativa de ventas incluyeron Arecibo (17), Bayamón (6), Caguas (6), Carolina (8) y Dorado (8).
Por otro lado, desde la perspectiva de las agencias, la mayor cifra de ventas autorizadas corresponde al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), con 42, entre ellas gran parte de las escuelas públicas que pasaron a manos privadas o municipales. El Cedbi también autorizó la cesión de 25 propiedades del Banco de Desarrollo Económico y 19 de la Autoridad de Carreteras y Transporte.
El Departamento de la Vivienda, en tanto, era el titular de 15 bienes inmuebles; la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, de seis; la Autoridad de Edificios Públicos y la Autoridad de Tierras, de cinco cada una; Pridco, de cuatro; la Administración de Terrenos, de dos; y la Autoridad de Puertos, de una; al igual que el Departamento de Recreación y Deportes.
En semanas recientes, el Cedbi ha estado bajo escrutinio público ante la controversia sobre la venta de un parque pasivo en Condado, ubicado en la esquina de la avenida Ashford y la calle Krug, a la corporación Krug Property LLC. En el listado que Aafaf suministró a Metro, dicha transacción aparece como la “venta de propiedad lote B”.
Si bien el DTOP había inscrito el espacio a su nombre en 2019, la semana pasada el propio secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, reconoció que probablemente se trató de un caso de “doble inmatriculación”, toda vez que el planificador Pedro Cardona Roig sacó a relucir que el municipio de San Juan, de acuerdo con el Registro de la Propiedad, ya ostentaba un derecho sobre el terreno desde 1972. A raíz de dicha información, el ayuntamiento presentó el martes un recurso legal en reclamo de su titularidad sobre el predio.
Hace una semana, ya vecinos del Condado habían presentado una demanda en busca de que se anulara la transacción con miras a poder recuperar el uso del área verde, en el espacio donde Krug Property ha presentado una consulta para construir un condominio de 12 plantas que, al momento, se encuentra bajo consideración del municipio capitalino.
El Cedbi, por disposición de la Ley 26-2017, es presidido por el director de la Aafaf, actualmente Omar Marrero, y también lo conforman el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco.
La Ley 26, en conjunto con el reglamento aprobado en 2019, dispone los procedimientos para la venta o arrendamiento de bienes públicos “en desuso”. En el estatuto, “se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilización de las propiedades inmuebles que no se estén utilizando por el Estado, con el propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Además, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles y la economía en general”.
