La exgobernadora Wanda Vázquez Garced ya no contará con la escolta de la Policía que se le asigna a toda persona que una vez ocupó el cargo, confirmó hoy, jueves, su abogado Ignacio Fernández.
Al ser cuestionado si la razón detrás de su eliminación es su arresto, Fernández contestó en afirmativa.
“Correcto”, contestó.
Al precisar detalles adicionales, el abogado contestó de manera escueta que “yo no soy el que decido”.
El cambio surge luego de que Vázquez Garced fue arrestada esta madrugada por las autoridades federales por cargos de soborno, fraude electrónico y conspiración.
No obstante, pese a las expresiones de los abogados de Vázquez Garced, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, afirmó que la exmandataria, de quererlo, todavía cuenta con el beneficio de sus escoltas.
“Conforme al caso Hernández Colón y Romero Barceló vs. Policía de Puerto Rico del Tribunal Supremo de Puerto Rico (2009), así como el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017 y la Orden General 110 de 25 de enero de 2019, la exgobernadora Wanda Vázquez tiene un derecho adquirido para recibir el servicio de la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico. De surgir una convicción en el caso federal en contra de la exgobernadora este servicio será eliminado”, expresó Torres mediante declaraciones escritas.
El arresto de Vázquez Garced esta mañana ocurrió luego de meses de especulación luego de que en mayo su representante legal anunciara el arresto inminente de su cliente por las autoridades federales. Ante esa posibilidad, la exmandataria negó cualquier posible acusación, aunque su equipo legal describió su caso como uno “técnico”.
El esquema de soborno presuntamente ocurrió entre diciembre de 2019 hasta junio de 2020.
El pliego también detalla que a partir de 2019, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) examinó el banco de Herrera Velutini, Bancrédito. A través de intermediarios, el empresario prometió proveer fondos para apoyar la campaña política de la entonces gobernadora a cambio de que despidiera al comisionado de OFIC y en su lugar acomodar a otro funcionario.
Tal soborno fue aceptado cuando en febrero de 2020, Vázquez Garced le pidió la renuncia al funcionario y nombró a otra persona que fue recomendado por Herrera Velutini. Luego, en agosto de 2021, el individuo dirigió un pago de $25,000 hacia un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) asociado a alguien identificado en el pliego como “Oficial Público A”, con la expectativa de que ese funcionario no identificado le resolviera la auditoría del banco en la manera que así lo pidió el ahora acusado.
Durante la vista inicial que tomó a lugar esta mañana en el tribunal federal en Hato Rey, la gobernadora se declaró no culpable y se le impuso una fianza de $50,000, la cual prestó.
A su salida del tribunal, la exmandataria reafirmó su inocencia cuando fue intervenida por los medios del País.
“Han cometido una gran injusticia… Yo sí les puedo decir que soy inocente, que no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le hablo de frente. Ahora me toca defenderme de todo lo que han dicho”, expresó mientras estaba acompañada por su representantes legales.
Como parte de su libertad bajo fianza, la acusada tendrá que reportarse a un oficial probatorio. También deberá entregar su pasaporte.
