El dentista Dennis Cabán del Pilar y su asistente administrativa, Nayca Vargas Mondesi, se declararon culpables y fueron sentenciados por la jueza Ana Paulina Cruz Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por un esquema de fraude al Programa de Medicaid, mediante el cual incurrieron en violaciones al Código Penal y a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.
La investigación, liderada por el Departamento de Justicia a través de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico (MFCU), apuntó a que el doctor Cabán del Pilar y Vargas Mondesi sometieron reclamaciones fraudulentas para obtener pagos bajo el Programa de Medicaid. Ambos convictos certificaron servicios brindados a personas de edad avanzada en hogares de cuidado de larga duración, menores de edad, pacientes y personas ya fallecidas, con conocimiento de que estos no fueron brindados o fueron brindados por asistentes dentales no autorizados. De igual modo, facturaron por servicios brindados mientras el doctor Cabán no se encontraba en Puerto Rico.
Como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, “ambos fueron sentenciados a tres años, a ser cumplidos en probatoria, y tuvieron que restituir la cantidad de $58,998.96, incluyendo multas y penalidades”, explicó el director de MCFU, Luis Freire Borges. “De igual modo, el Dr. Cabán se expone a una exclusión de participación en Programas Federales por un término mínimo de 5 años”, añadió.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Janice Maymí Camacho y el agente Héctor I. López Sánchez de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia. De igual modo, el proceso contó con la colaboración de agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de los Estados Unidos. La misma surgió de un referido realizado por Delta Dental de Puerto Rico/Molina Health Care, al MFCU.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza $1,246,103 para el año fiscal 2021-2022; el restante 25 por ciento es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.
