La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales presentó una resolución que ordenaría al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que publique los nombres de los beneficiarios de Ley 22 cuyos decretos contributivos han sido cancelados.
La legisladora denunció que debido a la “secretividad” en el manejo de información en el DDEC se ha hecho imposible fiscalizar el cumplimiento de las condiciones para recibir beneficios contributivos de la Ley 22.
“Esta no es la primera vez que hacemos este tipo de requerimiento. Anteriormente, le solicité a Cidre mediante carta que indicara el status del decreto de Brock Pierce, quien públicamente se declaró residente de Vermont y, por tanto, no cualifica para recibir los privilegios de la Ley 22. Nunca respondió mi comunicación. Sólo se publicó posteriormente que más de 300 decretos fueron cancelados. Ahora nos dimos a la tarea de ver el historial de desastres financieros del supuesto hotelero Keith St. Clair en Puerto Rico, y nuevamente nos preguntamos: ¿qué más tienen que hacer estos individuos para que reconsideremos la concesión de esos privilegios?”, cuestionó Nogales.
Nogales Molinelli realizó varias denuncias sobre el caso de St. Clair quien no ha cumplido con restauraciones de hoteles y proyectos que estaba dipuesto a realizar en la isla.
“Este señor llegó a Puerto Rico ofreciendo villas y castillas. Pero la realidad ha sido muy distinta. De los tres hoteles que, según él, iban a restaurar el turismo en Isla Verde, uno está en quiebra y los otros dos fueron ejecutados antes de siquiera construirse y ya aparecen con nuevos dueños. Uno de ellos, el antiguo Hotel Empress, quedó abandonado y con los escombros de una terraza cayendo al mar. Su contrato con la Autoridad del Distrito de Convenciones para hacer estudios de cine, en los que Netflix sería el inquilino principal, fue cancelado después de que lo incumplió repetidamente e incluso fue demandado por sus socios en el proyecto. El resort en Vieques, en una propiedad que la Administración de Terrenos le alquiló por casi 70 años y que crearía cientos de empleos, agraciadamente no se desarrolló y ahora va a ser un glamping. Con apenas siete años en Puerto Rico, el señor St. Clair nos ha aportado millones de dólares en deuda personal y corporativa, el retraso de proyectos de desarrollo económico y mucho trabajo para las salas civiles de la Rama Judicial”, aseguró la representante.
La abogada señaló otros casos de beneficiarios de la Ley 22 que “han exhibido conducta cuestionable sin que se conozca si ello ha provocado una revisión de sus decretos”.
“Hay más y, aunque son muy visibles, el DDEC parece hacerse de la vista larga. Desde el señor Salil Zaveri que está acusado de dispararle y matar a una perrita en un campo de golf hasta Fahd Ghaffar, el individuo que se dice sirvió como enlace en el esquema de corrupción por el que se acusó a la ex gobernadora. Las violaciones no se han limitado a incumplir con las condiciones sino que se han generado muchas formas de actividad ilícita y abusos de confianza en torno a los beneficiarios y potenciales beneficiarios de la Ley 22, que han quedado mayormente impunes y sin controles. Puerto Rico no puede seguir sangrando dinero mientras un puñado de multimillonarios se burla de nuestras instituciones”, concluyó.
